Parece que los liceos públicos, como el Instituto Nacional, se encuentran en un verdadero “estado de excepción”. Con la excusa de afrontar la violencia ya no hay derecho a la protesta. El clima escolar se vuelve cada vez más autoritario. La confianza, la flexibilidad, el diálogo parecen reliquias en desuso frente a la crisis neoliberal de la escuela pública.
Desde que se comenzó a implementar la Ley Aula Segura el número de estudiantes que han pasado por el proceso de expulsión o cancelación de matrícula ha aumentado a más del doble. Según los datos de la Superintendencia de educación (2024), el 2018 los colegios informaron 723 sanciones: 535 cancelaciones de matrícula y 188 expulsiones. Al año 2023, el número subió a 1.752 sanciones: esta vez, la mayoría fue expulsiones, con 1.010 casos. El año 2024, solo en el primer semestre ya había más de 800 estudiantes sancionados. ¿Qué nos espera ahora cuando se informen este tipo de medidas al finalizar el año escolar?
Si vemos en detalle, la gran mayoría de establecimientos informa, no usar este tipo de medidas (87% aproximadamente). Solo el 13% informa que lo hace. El 50% de los casos se concentra en el 2,26% de los establecimientos. Principalmente en liceos de Santiago, destacando el caso de los emblemáticos, los que concentran, en promedio, 8 veces más sanciones que el resto de los establecimientos. ¿Qué ocurre en estas escuelas?
El Instituto Nacional es el número uno en aplicar este tipo de sanción. Durante los últimos años, ha informado más de 60 casos. También llama la atención la gran cantidad de estudiantes trasladados que se registra año a año. Según las bases de datos del Ministerio de Educación (2024), desde el 2019[1], aproximadamente 300 estudiantes que comenzaron sus estudios en este establecimiento no los terminaron ahí.
Se sabe que el Instituto Nacional está en una profunda crisis, como la mayoría de los establecimientos públicos, destruidos por el modelo privatizador. El Instituto Nacional, en particular, parece desbordado por los cambios que ha tenido y una muy mala forma de abordar los conflictos que parece empeorar el clima escolar. Sean los motivos que sean, son los niños, llenos de sueños, que se matriculan en este emblemático liceo, quienes sufren las consecuencias.
Este año se registrará, de nuevo, una gran cantidad de expulsados. Un ejemplo: en octubre del recién pasado 2024, se notificó de la expulsión a un grupo de 7 estudiantes, de séptimo básico y primero medio, algunas/es, recién ingresadas/os al establecimiento.
¿Por qué? Se les involucra en las sistemáticas protestas estudiantiles. Protestas que persisten año a año. Este año, nuevamente les jóvenes se manifestaron. Tanto por sus compañeros expulsados, por conflictos con profesores, por cuestionamientos a la gestión del sostenedor como por el mal uso de la subvención. Se les acusa de «Uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios», como a la gran mayoría de las/os expulsadas/os de ese liceo en los últimos años. El año 2023, 24 estudiantes fueron expulsados invocando esta causal. En una de las notificaciones de expulsión se señala que se usó como “prueba”[2] el testimonio de dos niños interrogados: “Dos estudiantes lograron ser contenidos y llevados a Inspectoría General, donde indican haber participado en los hechos de violencia (…)”. “Al ser consultados por quién más participó en la salida, indican al estudiante “XXXXX’’. Se les muestra a ambos estudiantes una fotografía del curso e identifican al estudiante “XXXXX” entre las distintas fotografías.” (Notificación término de la investigación n° 2).
Lo anterior, muestra el clima escolar que impera en estos Liceos. Las/os/es estudiantes denuncian un clima de constante persecución y acoso. Se les saca fotografías en recreos, se les hacían firmar compromisos escritos a quienes eran sorprendidos protestando, se les hacían interrogatorios e incitaba a delaciones[3], entre otras tácticas de persecución y vigilancia. Las acusaciones se sustentan en “pruebas” y otros elementos propios de una investigación criminal. Como el que se les reconocía la forma de caminar, el color de los ojos o que llegaban minutos tardes a clases. Cuesta creer que en una escuela prolifere este trato.
La ley Aula Segura es una serie de reformas a la ley de Subvenciones y a la ley de Violencia Escolar, para prescribir las faltas que deben ser sancionadas, los plazos y los procedimientos para viabilizar el uso de la expulsión o cancelación de matrícula. Esto es el “debido proceso”. El “debido proceso” prescrito en la Ley Aula Segura da apenas 5 días para que las familias “apelen”, por medio de una carta, a la sanción. No hay otra posibilidad de diálogo. Tal como en un tribunal de justicia penal, se victimiza a los acusados y se le somete, como si fuesen criminales. Una de las madres afectadas cuestionaba la acusación en su carta de apelación. “Solo basta con asegurar que alguien participó en una actividad X para que se tome ese testimonio como prueba suficiente e irrefutable? ¿Cuál fue el testimonio de los estudiantes y del cual no se nos ha informado? ¿Cuáles fueron las condiciones en que fueron interrogados esos estudiantes? ¿Bajo qué garantías fueron interrogados? ¿Quiénes participaron en el interrogatorio?” (carta apelación nº 3). Ninguna de estas preguntas tuvo respuesta.
Otra apoderada apela a lo desproporcionada que es la medida “(…) si bien, (mi hijo) mantiene anotaciones que se señalan en la notificación, ninguna es de carácter violento, en ninguna de estas anotaciones se hace mención a que mi pupilo haya dañado a otro estudiante, o a algún funcionario” (carta apelación nº 4). Como el proceso lo señala, no es discutible. Mientras la conducta esté “tipificada” como una falta gravísima, no existe posibilidad de reconsideración. Solo resta apelar a la superintendencia de educación, la cual no tiene atribuciones para reintegrar al estudiante al establecimiento. Sólo podría sancionar al liceo si no se cumplió correctamente con el “debido proceso”.
Una de las niñas afectadas por la medida de expulsión, apeló a la conciencia de la Dirección del Liceo: “No tengo problemas conductuales, ni mucho menos faltas de respeto a profesores (…) pido a la señora Directora que reconsidere su decisión de expulsarme del Liceo, al cual tanto quiero. (…) Me comprometo a participar activamente de las actividades, como lo he venido haciendo hasta ahora. Solo ruego a usted no me expulse de esta hermosa institución”. Otra madre señala “Cuando quedó en el Instituto Nacional, hubo un cambio en ella, empezó a quererse, se sentía importante de pertenecer a su colegio, por fin algo distinto a todo lo que había vivido (…)” (carta apelación nº 7). ¿Qué habrá pensado la dirección del Instituto cuando leyó esto?: ¿que se miente, que no cabe ni vale dialogar?
Parece que los liceos públicos, como el Instituto Nacional, se encuentran en un verdadero “estado de excepción”. Con la excusa de afrontar la violencia ya no hay derecho a la protesta. El clima escolar se vuelve cada vez más autoritario. La confianza, la flexibilidad, el diálogo parecen reliquias en desuso frente a la crisis neoliberal de la escuela pública.
Familiares de Estudiantes Expulsadxs del Instituto Nacional,
Foro por el Derecho a la Educación Pública y
Red contra la Represión a Estudiantes.
[1] Excepto los años de pandemia 2020 y 2021.
[2] Usamos “comillas” para denotar el uso conceptos jurídicos. Falta gravísima, investigación, notifica-ción. Estos conceptos emulan un tribunal de justicia penal. Lo que no parece propio de una escuela que debe usar el dialogo, como herramienta fundamental, para afrontar los conflictos.
[3] Esto recuerda a las redes de delación que, en el 2019, se destaparon a propósito de las movilizaciones (precursoras a la revuelta de octubre) en el Internado Nacional Barros Arana durante la alcaldía de Felipe Alessandri, y que implicó a policía, autoridad y funcionariado municipal.