El Instituto Popular de Capacitación (IPC) pone en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional una serie de hechos y situaciones ocurridas durante el año 2017 y que, respecto a años anteriores, significaron un empeoramiento de los derechos humanos de las comunidades, territorios colectivos y organizaciones campesinas y de reclamantes de tierras en el […]
El Instituto Popular de Capacitación (IPC) pone en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional una serie de hechos y situaciones ocurridas durante el año 2017 y que, respecto a años anteriores, significaron un empeoramiento de los derechos humanos de las comunidades, territorios colectivos y organizaciones campesinas y de reclamantes de tierras en el Urabá antioqueño y en el Bajo Atrato chocoano.
Estas situaciones han sido conocidas de cerca por el IPC, dado el acompañamiento realizado en este periodo a la asociación de reclamantes de tierras Tierra y Paz, al Consejo Comunitario de la cuenca de La Larga y Tumaradó (Cocolatu) y a la Asociación Campesina de San José de Apartadó (Acasa).
Por ello, con conocimiento de causa, exponemos el siguiente resumen de hechos:
- El 28 de enero de 2017 fue secuestrado y posteriormente asesinado Porfirio Jaramillo Bogallo, reclamante de tierras de la vereda Buenos Aires de Turbo[1].
- El 19 de marzo se reportaron amenazas de muerte contra Wilson David Quiroz y Katerine Lazo Barbosa, reclamantes de la Vereda Buenos Aires[2].
- El 19 de agosto de 2017 fue asesinado el joven Jesús Alberto Sánchez, hijo de reclamantes de tierras, cuya familia fue desplazada por hechos violentos en el año 2016 de la vereda Guacamayas[3].
- El 21 de agosto de 2017 se reportó un intento de homicidio a la joven Arley Carupia, indígena de 18 años, nieta de Alicia Carupia Domicó a quien el Estado colombiano le restituyó el predio Mi Bohío en Urabá[4].
- El domingo 1 de octubre de 2017 dos reclamantes de tierras de los corregimientos Macondo y Cuchillo Negro en el municipio de Turbo, fueron interceptados y golpeados por un grupo de hombres[5].
- El 26 de noviembre de 2017 ocurrió el asesinato de Mario Castaño, líder de la Zona de Biodiversidad Árbol del Pan perteneciente al territorio colectivo de La Larga Tumaradó[6].
- 8 de diciembre de 2017 fue asesinado Hernán Bedoya en el sector de Playa Roja que hace parte del territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla[7].
- El día lunes 11 de diciembre de 2017 hombres encapuchados que se transportaban en moto llegaron a la casa del reclamante Manuel Oviedo, a quien meses atrás le había sido retirado el esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección.
- El día 12 de diciembre fue amenazado vía telefónica en Belén de Bajirá el líder reclamante de tierras de la Asociación Tierra y Paz de Urabá, Carlos Yamil Páez Díaz, quien ha sido uno de los líderes más destacado de la región en la lucha por la restitución de las tierras y por el retorno sostenible con reparación integral. Y quien además es precandidato a las circunscripciones especiales de paz.
- El día 19 de diciembre el reclamante Juan Viloria, que había retornado al sector de Cuchillo Negro en Turbo, recibió amenazas de muerte por vía telefónica en las cuales le manifestaban que debía abandonar el lugar, lo que generó su desplazamiento del territorio. Viloria había sido víctima de la golpiza ocurrida el 1 de octubre.
- Finalmente hay que decir que, como ha ocurrido en años anteriores, el corregimiento San José de Apartadó sigue siendo un territorio afectado por la vulneración de derechos humanos por parte de actores armados ilegales. Paradójicamente luego de que saliera de la zona el Quinto Frente de las FARC, no hubo una mejoría en las condiciones de vida para las comunidades. Por el contrario se hicieron evidentes los comportamientos negligentes por parte de la Gobernación de Antioquia y de la Alcaldía de Apartadó para con las preocupaciones y denuncias de la comunidad, y se hizo notable el control territorial por parte de las Autodefensas Gaitanistas en más veredas del corregimiento, lo mismo que el reclutamiento de jóvenes con las promesas de ingresos[8].
- Los grupos agresores y de Autodefensa prohíben a los campesinos hacer uso en los territorios, de los esquemas de protección brindados a algunos líderes por parte de la Unidad Nacional de Protección UNP lo que neutraliza dichos esquemas y demanda a la UNP el rediseño de los esquemas de protección
Contexto:
Es un hecho que los territorios abandonados por las FARC no están siendo copados por el Estado colombiano y por el contrario vienen siendo controlados por actores ilegales de corte neoparamilitar así como por el ELN. Las dinámicas de control ilegal del territorio son reforzadas por la coincidencia de intereses de empresarios bananeros, palmeros, ganaderos y narcos, en cuanto a no permitir la consolidación de la soberanía comunitaria en el territorio.
En este sentido se debe advertir que las actuaciones de la Fuerza Pública no son transparentes en todo el territorio nacional y en muchos de estos territorios los pobladores dan testimonio de la connivencia y complacencia con los ilegales. Una prueba de ellos es la expansión de la estructura de base paramilitar denominada «Puntos». La «estructura de puntos», que ya es ampliamente conocida en el Urabá antioqueño, ejerce el control ilegal del territorio. Los puntos cuentan al menos con una persona dotada de teléfono celular; un medio de transporte, casi siempre motocicletas; y dinero en efectivo. Realizan labores de vigilancia e inteligencia sobre la cotidianidad de las comunidades.
Así, los paramilitares han extendido una red de informantes y vigilantes que solo entre el Bajo Atrato chocoano y el Urabá antioqueño se han logrado detectar 49 «puntos». Dicha estrategia es funcional a las dinámicas de control social y territorial establecida por el paramilitarismo que ha estrechado lazos con algunos empresarios y narcotraficantes de la región, como lo demuestra la incautación de 13,4 toneladas de cocaína pertenecientes a las AGC en cuatro fincas bananeras ubicadas en los municipios de Chigorodó y Carepa. Aunque dicha incautación fue hecha por la Policía y el Ejército el pasado 9 de noviembre, a la fecha no han trascendido las investigaciones sobre los empresarios bananeros en cuyas propiedades estaba escondido este cargamento de drogas.
De otra parte, es un hecho que las instituciones en el orden territorial no responden, ni de manera preventiva ni en el ciclo de atención. Todas las instituciones, desde la Defensoría del Pueblo hasta la Alta Consejería para los Derechos Humanos, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y la Unidad de Restitución de Tierras; hablan de la activación de rutas y protocolos para las familias afectadas, los cuales finalmente no significan ningún alivio a la situación vivida[9]. El caso de las Personerías como primera instancia local en materia de derechos humanos es lamentable. Por lo general los personeros asisten solo cuando desde las alcaldías son convocados a reuniones y no mantienen ninguna línea rápida de respuesta al ciudadano o ciudadana. Para los alcaldes es una institución incómoda, por ello no la tienen en primera línea de atención. Por el contrario los inspectores de policía, como el inspector de Currulao, juegan un papel central en el hostigamiento a los campesinos reclamantes con las amenazas de desalojos.
En cuanto a la Fiscalía, en la región esta institución judicial ha sido señalada por las víctimas de desestimar sus denuncias e incluso de filtrarlas a actores ilegales. Esto se complejiza más si se tiene en cuenta que, a nivel nacional, la Fiscalía General de la Nación se ha negado a reconocer la sistematicidad de las agresiones y asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo cual también ha hecho el Ministerio de Defensa. La situación refleja una notable falta de consenso con otras instituciones del Gobierno y el Estado colombiano como el Ministerio del Interior y la Procuraduría General de la Nación que han pedido investigar las agresiones contra líderes sociales.
Para complejizar más el asunto, el incumplimiento a las órdenes de los magistrados y los jueces es la norma en el Urabá, de eso han dado cuenta tanto las Audiencias de seguimiento realizadas por los magistrados de restitución de tierras como el seguimiento a los Autos y fallos en materia de medidas cautelares, por ejemplo, al territorio colectivo de la Larga Tumaradó por parte del Juez Primero de Restitución de Tierras de Quibdó.
Así mismo, es importante anotar que en Urabá no hay una cultura institucional de respeto a los derechos humanos y tampoco de respuesta favorable a los campesinos. Por el contrario hay una postura hostil hacia éstos y hacia las organizaciones que acompañamos a las comunidades.
En este contexto se debe denunciar que:
- Existe un movimiento muy organizado contra la restitución de tierras, el cual cuenta con varias fundaciones, una de ellas es Paz y Futuro cuyos miembros se declaran abiertamente como víctimas de la restitución de tierras. Dicha organización es muy activa públicamente señalando a las organizaciones de reclamantes de ser falsas víctimas. Al respecto la Unidad de Restitución de Tierras no desarrolla ninguna campaña en la opinión pública ni a nivel educativo en pro de las organizaciones de reclamantes de tierras. Las actividades de esta fundación se presentan cuando los jueces van a hacer entrega material de los bienes restituidos. Un caso emblemático ocurrió recientemente en Bejuquillo donde un grupo de persona se opuso a la entrega material del bien
- Cuando se dan capturas de empresarios ligados al despojo de tierras, los campesinos dicen que generalmente mejora el contexto en el territorio y disminuyen las agresiones que suelen consistir en asesinatos, amenazas de muerte, desalojos, palizas, quema de cultivos y de viviendas, envenenamiento de animales y de aguas, Invasión de búfalos, etc.
- En las cabeceras urbanas del Eje Bananero hay más solidaridad con el «Clan del Golfo» que con los campesinos.
Por ello, en vista de lo anterior, hacemos las siguientes propuestas[10]:
- Exigir que se aceleren los procesos de restitución de tierras, individuales y colectivos, en todo el territorio.
- Exigir que la Agencia Nacional de Tierras cumpla la promesa realizada directamente por su director Miguel Samper en el mes de mayo de 2017 de emprender un proceso piloto de titulación y formalización de predios en San José de Apartadó y que de manera irresponsable olvidó tan pronto regresó a Bogotá sin tener la consideración de atender las comunicaciones con la comunidad.
- Exigir la implementación de los PDET’s[11] en todo el territorio con claras estrategias hacia la restitución de los predios.
- Solicitar una Misión especial de la Fiscalía General de la Nación que sea dirigida desde Bogotá, para que adelante una investigación y presente un informe esclarecedor sobre los responsables de estos hechos, como base para sancionar a los responsables intelectuales y materiales de las múltiples violaciones de derechos humanos en Urabá y Bajo Atrato a reclamantes de tierras individuales y colectivos.
- Investigación de responsabilidades de la fuerza pública de Urabá y Bajo Atrato por acción u omisión en las múltiples agresiones. Con informe de medidas correctivas a las comunidades.
- Medidas especiales desde la Unidad para la Atención y Reparación a las Victimas -Uariv y desde la Unidad de Restitución de Tierras -URT que les dé estatus de Sujetos de Reparación Colectiva a las organizaciones y territorios que realizan demandas de restitución de tierras.
- Destacamentos del Ejército de manera permanente en la ruta geoestratégica de «Puntos Paramilitares», y un cuerpo especial de la Policía para controles a rutas de movilidad de los ilegales. Combinada con una aceleración en la presencia social del Estado para superar el Estado de solo militarización del territorio
- Investigación especial de la Fiscalía sobre responsabilidad de empresarios ganaderos, palmeros, bananeros y empresarios de infraestructura e inmobiliarias en el sistema de agresiones a campesinos y reclamantes.
- A la Procuraduría General de la Nación solicitar investigación y sanción de todo el sistema de funcionarios públicos que son negligentes o conniventes con las agresiones: alcaldes, directores (as) de la Unidad de atención y reparación a las víctimas – Uariv y la Unidad para la Restitución de Tierras -URT, personeros, inspectores de policía , funcionarios del CTI, la Fiscalía, la Dirección de Investigación Criminal -Dijín y la Seccional de Investigación Criminal- Sijín, etc.
- Acompañamientos de Comunidad Internacional tipo Brigadas Internacionales de Paz -PBI en el Urabá y Bajo Atrato.
- Realización de campañas educativas y mediáticas por parte de los gobiernos nacional, departamental y municipal; que contribuyan a valorar la labor de las y los líderes campesinos (as) y de restitución de tierras, y de las organizaciones que acompañan. Así mismo, presencia en el territorio del cuerpo diplomático y labores de seguimiento de la oficina de la ONU en Colombia, con informes sobre la situación de los reclamantes de tierras individuales y colectivas, con carácter periódico y exigencias al gobierno en materia de protección y garantías.
Notas
[1] http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/01/29/7551/
[2] http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/03/24/tierra-y-paz-e-ipc-rechazan-amenazas-de-muerte-a-reclamante-de-tierras-en-uraba/ http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/08/19/piden-al-vicepresidente-de-la-republica-proteger-a-reclamante-de-tierras-en-uraba/
[5] http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/10/02/9130/
[7] http://www.contagioradio.com/asesinado-reclamante-de-tierras-hernan-bedoya-articulo-49820/
[8]http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/04/20/temor-en-san-jose-de-apartado-tras-incursion-de-paramilitares/
http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/07/28/8819/
[9] En el caso del asesinato de Porfirio Jaramillo logramos que se convocara un Comité de Justicia Transicional en Turbo que lamentablemente terminó afirmando con la anuencia de la UARIV y otras instituciones que para lograr la protección de las familias era necesario que las familias se desplazaran. Es decir las instituciones se orquestaron para sacar adelante lo que los victimarios querían y era sacar a las familias del territorio. Adicionalmente las principales autoridades insistieron en retirar a las victimas directas de la sesión del Comité. En el caso de Alberto Sánchez se da mínimo una omisión muy clara de la Policía de Carepa; la familia fue la primera institución a la que acudió para trasladar a Alberto a un centro hospitalario y a pesar de estar a tres minutos se negaron a asistir. Es necesario agregar que pese a que insistimos en convocar a Comité de Justicia Transicional finalmente no se hizo porque la familia Sánchez se encuentra desplazada en Apartadó y en Turbo acogidos por la Diócesis pero los hechos ocurrieron en jurisdicción de Carepa.
[10] Algunas de ellas gestionadas ya ante el gobierno nacional y la Comunidad Internacional por un grupo de organizaciones de derechos humanos acompañantes de las comunidades: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Fundación Forjando Futuros, El Centro para la Investigación y la Educación Popular CINEP y el Instituto Popular de Capacitación -IPC
[11] Planes de Desarrollo Con Enfoque Territorial un programa que convierte en política pública la reforma rural integral pactada entre el Estado y Las Farc y que tiene el tema del acceso y ordenamiento social de la tierra y el territorio como su primer pilar; y prioriza 16 territorios en todo el país . 9 municipios del Urabá son una de estas zonas y el Bajo Atrato y Darién son otra.
Fuente original: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/12/22/reclamantes-uraba-bajo-atrato-agresiones-lideres-9457/