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El jefe de la policía secreta admite que su familia contrató paramilitares para «proteger» sus fincas

Fuentes: Argenpress

Andrés Peñate, director de la policía secreta colombiana (DAS), aceptó hoy que uno de sus familiares contrató servicios de seguridad de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) del norte del país. Asimismo, desmintió que los pagos al grupo armado se suspendieran por su llegada al viceministerio de Defensa, como señaló un ex jefe de […]


Andrés Peñate, director de la policía secreta colombiana (DAS), aceptó hoy que uno de sus familiares contrató servicios de seguridad de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) del norte del país. Asimismo, desmintió que los pagos al grupo armado se suspendieran por su llegada al viceministerio de Defensa, como señaló un ex jefe de los paramilitares.

El jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) admitió que uno de sus tíos pagó 8.000 dólares mensuales a los paramilitares del departamento de Cesar (norte) para que resguardaran las fincas de su propiedad, pero negó que Nelly Giraldo, madre de Peñate, hubiera hecho lo mismo, como aseguró el ex comandante Jorge 40.

Asimismo, el jefe de la policía secreta, que se desempeñó como viceministro de Defensa durante la primera administración del presidente Alvaro Uribe, desestimó las afirmaciones del paramilitar que, según medios informativos, reveló vínculos entre las AUC y la familia Peñate a la oficina del alto comisionado de paz. ‘No sé quién puede creerle a un terrorista y narcotraficante, como es ese señor’, dijo el jefe de inteligencia según la emisora de radio ‘La W’.

El ultraderechista desmovilizado en el marco del proceso de paz con Uribe, confesó sus delitos de lesa humanidad junto a los demás ex jefes paramilitares, y reveló los nexos entre funcionarios, políticos y militares, lo cual provocó el escándalo de la ‘para política’ (política paramilitar).

Por este escándalo, que también salpica a Uribe y a su familia, se encuentran encarcelados ocho legisladores oficialistas, uno está prófugo y un alto número de servidores públicos así como altos mandos militares son investigados.