La aprobación en el Parlamento vasco de una iniciativa que insta al Gobierno español a reconocer la existencia de torturas realizadas por agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y a poner los medios para acabar con ellas ha suscitado la indignación de los dos partidos con mayor representación en las Cortes Españolas. Tanto […]
La aprobación en el Parlamento vasco de una iniciativa que insta al Gobierno español a reconocer la existencia de torturas realizadas por agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y a poner los medios para acabar con ellas ha suscitado la indignación de los dos partidos con mayor representación en las Cortes Españolas. Tanto el PSOE como el PP rechazan que en España se produzcan torturas policiales y consideran que la demanda del Parlamento vasco, que propugna también la desaparición de la Audiencia Nacional, pretende el desprestigio de la lucha antiterrorista y hace el juego a la estrategia de ETA.
Los sucesivos gobiernos de Madrid han negado siempre y con total rotundidad la existencia de torturas policiales en España. No habiendo torturas, va de suyo que carece de sentido perseguirlas. Según los portavoces oficiales y los partidos políticos que asumen sus argumentos, los detenidos por casos de terrorismo alegan sistemáticamente que han sufrido torturas porque han sido instruidos para ello, para tratar de desprestigiar al Estado y como instrumento para su propia defensa ante los tribunales.
Sin embargo, hay razones sólidas para dudar de la veracidad de la posición oficial española. Existen informes de Amnistía Internacional (AI), del relator del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, ninguno de los cuales es sospecho de estar a las órdenes de ETA, que avalan el punto de vista contrario. Tampoco parece que quepa atribuir complicidad con el terrorismo a los propios tribunales españoles, que han dictado 450 sentencias por torturas y malos tratos severos entre 1980 y 2004. El relator de la ONU ha afirmado que las denuncias de malos tratos «no se pueden considerar una invención» y que, si bien la tortura en España «no constituye una práctica regular», su frecuencia es «más que esporádica e incidental» ( El Mundo, 6 de marzo de 2004). AI ha llamado la atención sobre el hecho de que los procedimientos judiciales por delitos de torturas tardan en España entre 12 y 15 años en sustanciarse, con lo que no pocos de ellos prescriben, y sobre el dato, no menos reseñable, de que los pocos policías que han sido condenados por delitos de este género han sido indultados.
Las organizaciones internacionales han señalado repetidamente a las autoridades españolas las dos medidas que deben adoptar para que la tortura se vuelva imposible o, en el peor de los casos, inútil: acabar con el régimen de incomunicación de los detenidos, que actualmente puede durar hasta 13 días, y ordenar que todos los interrogatorios sean grabados en vídeo bajo control judicial, de modo que carezca de valor cualquier confesión o imputación que no sea presentable, dicho sea en todos los sentidos de la palabra.
Pero los gobernantes españoles no quieren saber nada de eso. No lo saben, pero ellos sí que hacen el juego a la estrategia de ETA.