El juez ha aceptado la ampliación de pruebas presentada por la acción popular en el juicio a 18 miembros de la organización nazi Frente Antisistema (FAS), que comenzó el lunes 14 de julio en la sala número 27 sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia. La acción popular, que representa a partidos de izquierda […]
El juez ha aceptado la ampliación de pruebas presentada por la acción popular en el juicio a 18 miembros de la organización nazi Frente Antisistema (FAS), que comenzó el lunes 14 de julio en la sala número 27 sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia. La acción popular, que representa a partidos de izquierda y organizaciones sociales, ha destacado que se trata del mayor juicio contra una estructura neonazi celebrado en el estado español.
Ayer tuvo lugar la tercera sesión de la vista oral, nueve años después de que la guardia civil desarrollara la llamada «Operación Panzer», que consistió en la desarticulación del Frente Antisistema (FAS) y la detención, entre otros miembros de la organización, de Pedro Cuevas (asesino confeso del joven antifascista Guillem Agulló) y el concejal de España 2000 en el municipio de Silla, José Alejandro Serrador.
La acusación popular ha destacado el hecho de que se hayan aceptado como prueba 34 documentos que contribuyen a aclarar la estructura, jerarquía, junta de mandos y funcionamiento del Frente Antisistema, además de manuales empleados por esta organización, parafernalia y propaganda de carácter neonazi, libros, CD, cruces gamadas, esvásticas y mercadería racista y hitleriana para la distribución.
Otro elemento probatorio aceptado por el juez son las órdenes judiciales de entrada y registro de los domicilios de los procesados. Las órdenes se emitieron después de que se realizaran una serie de escuchas telefónicas en las que se ponía de manifiesto la existencia de una organización neonazi que, desde Internet, vendía armas prohibidas y promovía la violencia contra colectivos minoritarios, subraya la acusación popular. Además, la entrada y registro de los domicilios se efectuó mediante orden judicial suficientemente motivada, no requería conocimiento previo de los afectados para evitar la destrucción de pruebas, ni tampoco era preceptiva la comparecencia de los letrados de la defensa en el momento de producirse.
Por último, la acción popular celebra la admisión con valor de prueba de 27 conversaciones telefónicas y mensajes de telefonía móvil que figuran en el atestado de la guardia civil. Sin embargo, esta misma parte personada en el juicio lamenta que no se tome declaración en calidad de testigos a 17 miembros del Frente Antisistema o personas estrechamente relacionadas con la causa (es el caso de detenidos por tráfico de armas y no imputados, colaboradores y otros miembros del FAS). La acusación popular también había pedido, sin lograrlo finalmente, que se tomara declaración a Pedro Pablo Peña, líder de la formación ultraderechista Alianza Nacional, «quien aparece en diversas llamadas telefónicas dando instrucciones jurídicas a diversos imputados», según las conclusiones aportadas en informes de la guardia civil.
La acusación popular ha formulado reparos a cómo está desarrollándose la vista oral, ya que «muchas de las expectativas de clarificación no se están cumpliendo». Es el caso de la destrucción de armas de fuego por parte de la guardia civil, que constituían una prueba contra los miembros del FAS y que no se ha tratado por el momento en el juicio. Tampoco se ha aceptado en la vista oral la muestra de todas las armas y munición no destruida, o de las sustancias anabolizantes prohibidas y de las que se incautó la guardia civil. Además, en la sala donde se celebra la vista oral no se encuentran presentes dos de los procesados, Facundo Esteban (quien supuestamente se halla en Argentina) y Juan Manuel Soria, a quien algunas fuentes ubican en Marruecos.
Ante la posibilidad de dificultades probatorias, la Plataforma de Acción Popular contra la Impunidad ha recordado lo ocurrido en el juicio celebrado en 2005 en la Audiencia Provincial de Valencia contra 18 miembros de la organización neonazi ARMAGEDON, contra quienes el fiscal pedía penas de hasta cinco años de prisión por delitos de asociación ilícita y tenencia de armas, y que resultaron finalmente absueltos «por falta de sustento probatorio». «Se da la circunstancia de que algunos de los procesados de aquella organización están ahora encausados en el juicio contra el Frente Antisistema», agregan fuentes de la acción popular.
La citada plataforma ha señalado, por otro lado, que la actitud del juez en la causa que se sigue contra el FAS no contribuye a arrojar luz sobre los hechos, al cortar las intervenciones del letrado de la acción popular por «repetir» las preguntas que previamente ha formulado el fiscal; apelar continuamente (el juez) a una supuesta «agilización» del proceso, y sobre todo pedir al abogado de la acción popular preguntas «genéricas», cuando éste plantea cuestiones «de verificación de prueba» con vistas a que la cosa juzgada pueda terminar en el Tribunal Supremo.
En los tres días de juicio se han producido episodios de violencia verbal. En la primera sesión uno de los acusados calificó de «hijos de perra» a los periodistas presentes en la sala. En la sesión del miércoles 16 de julio uno de los procesados tachó de «racista» a una de las reporteras. Ese mismo día al finalizar el juicio, ya en la calle, una persona se acercó al abogado de la acusación popular y le amenazó con «acabar contigo» y «reventarte la cabeza». El letrado anunció la presentación de una denuncia en el juzgado de guardia.
Durante la vista oral, el ministerio fiscal y el abogado de la acusación popular han planteado numerosas preguntas a los procesados, quienes en todos los casos se han acogido a su derecho a no responder. Se les ha preguntado por su pertenencia al Frente Antisistema, por expresiones como «hay que ser los más violentos y los más fanáticos», la participación en conciertos de estética nazi, una «cacería» en el municipio de Villena o una conferencia sobre el connotado dirigente nazi Rudolf Hess; también sobre talleres y posible compraventa de armas prohibidas, fabricación de puños americanos, tenencia de dagas, cuchillos, pistolas de aire comprimido y, en el apartado propagandístico, la negación del holocausto (que se atribuye a una invención judía) o la posesión de parafernalia de simbología nazi. Otro aspecto en el que se ha insistido es la planificación de «cacerías» con armas y puños americanos contra colectivos especialmente vulnerables («pegar a guarros» y «cazar a moros»).
De hecho, el primero de los testigos, un capitán de la guardia civil que participó en la investigación, se refirió en la segunda sesión del juicio a unas conversaciones en torno a una «cacería» en Villena, que finalmente no llegó a producirse, aunque al no encontrar «guarros» (terminología empleada en los diálogos telefónicos por los miembros del FAS) se efectuaron pintadas. Se hablaba asimismo, según el testimonio del agente, de propinar palizas a un «punkarra», pero también de la posibilidad de practicar una estafa con un Ferrari que tampoco llegó a materializarse. Asimismo, según el testimonio del agente, la guardia civil se incautó de armas sin que en general los miembros del FAS contaran con licencia para su uso (en muchos casos era armamento ilegal), y de una escopeta recortada procedente de un robo. A este testimonio siguió el de otros agentes de la guardia civil, presentes en la sala (pero sin que se les pudiera identificar) o a través de videoconferencia.
En cuanto al material aprehendido, otro guardia civil ha mencionado la existencia de dos revólveres en buen estado, aunque con una «cierta rehabilitación» con el fin de que el disparo pudiera realizarse con mayor fuerza. Se encontraron además bolígrafos-pistola que funcionaban de manera adecuada y disparaban munición real; una escopeta de dos cañones yuxtapuestos y otra semiautomática con el número de identificación eliminado, por lo que se desconoce su procedencia. También cartuchos de diferente calibre y una pistola que no efectuaba disparos «reales». Otro agente se refirió en la tercera sesión del juicio a la «marcada» jerarquía a partir de la cual se organizaba el grupo, con jefes líderes y una junta de mandos. El FAS, según este testimonio, disponía de pegatinas, banderas y simbología relacionada con el nazismo. Por Internet no sólo hacían proselitismo, sino que ponían a la venta material prohibido como porras extensibles, puños americanos o determinados sprays. También un manual de guerrilla urbana (contra grupos de ideología antagónica) y otro de «Resistencia sin Líder».