El proceso penal contra once mujeres de Basauri acusadas de haber abortado marcó un hito en la lucha por los derechos de las mujeres y la legalización del aborto. La sentencia absolutoria se consideró precursora e impulsora de la primera Ley del Aborto estatal, en 1985, que despenalizó el aborto de forma parcial.
Fue hoy hace 42 años, el 25 de marzo de 1982, cuando llegó la sentencia del juicio contra estas once mujeres de Basauri que fueron juzgadas 9 días antes por haber abortado o ayudado a abortar: diez fueron absueltas, mientras que otra, Julia García, fue condenada a doce años y diez meses de cárcel por «manipular» en cuatro casos de aborto, aunque el propio tribunal solicitó el indulto.
En el mismo proceso también fue juzgado un hombre, acusado de inducción de dos delitos de aborto, que fue condenado a un mes y un día de prisión, pero al exceder el tiempo que estuvo encarcelado por la causa, la pena se consideró cumplida.
La sentencia de la Sala Segunda de la Audiencia de Bilbo fue interpretada en su día como progresista y, en la rueda de prensa que ofrecieron a las pocas horas de conocerse el fallo, las abogadas y portavoces de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia la valoraron positivamente, con la excepción de la condena a Julia García. «Es injusto que se le condene por el hecho de haber cobrado pequeñas cantidades de dinero cuando es evidente la precariedad de medios económicos en los que vive, e incluso resulta cínico si se compara con el reconocido ánimo de lucro de la medicina privada», destacaron, tal y como recogió la crónica de “Egin” en su edición del 26 de marzo.
Las abogadas Mertxe Agúndez y María Jesús Pastor incidieron en la interpretación progresiva que hizo el tribunal de la aplicación del caduco Código Penal en la penalización del aborto, haciendo que el fallo fuera favorable para las procesadas, a excepción de García.
Desde la Asamblea de Mujeres de Bizkaia valoraron la sentencia como una victoria en la lucha por la legalización del aborto. «No hacen falta justificaciones que disculpen el derecho de las mujeres a una maternidad libre y a la inter-pretación libre del embarazo no deseado. Este es nuestro objetivo y valoramos de forma positiva la campaña realizada con motivo del juicio, las movilizaciones y el apoyo popular. Las conciencias van cambiando y seguiremos en nuestro empeño de conseguir la legalización», declararon.
UN CALVARIO JUDICIAL DE NUEVE AÑOS
En la rueda de prensa también comparecieron cinco de las mujeres juzgadas para expresar su alegría por una sentencia que las «liberó» de un proceso penal que había comenzado seis años antes y que aún se alargaría tres años más. «Dadas las circunstancias, es lo menos que podían hacer», declararon al ser preguntadas por la sentencia.
Y es que, aunque el juicio se celebró en marzo de 1982, el calvario judicial de estas mujeres de clase obrera, vecinas del barrio El Kalero, comenzó en octubre de 1976, cuando fueron detenidas durante las fiestas de la localidad. Diez de ellas lo fueron por interrumpir el embarazo y otra por practicar abortos, y además fue arrestado el marido de una de ellas. Tras varios días en el calabozo, quedaron en libertad condicional a la espera de juicio.
Recién muerto el dictador, eran tiempos convulsos, con un entorno social y político en el que imperaba la represión total sobre los derechos de las mujeres, que comenzaban a alzar la voz. En el Estado español había más de 350 mujeres encarceladas por delitos como adulterio, aborto y prostitución, y su amnistía fue una de las principales reivindicaciones del movimiento feminista de la época.
Tras las detenciones de Basauri, en Euskal Herria el movimiento feminista se volcó en la defensa de estas mujeres y logró que el caso tuviera una gran repercusión mediática, tanto en el Estado como fuera de sus fronteras. Las movilizaciones de protesta por el juicio, por la legalización del aborto y para reclamar la amnistía fueron masivas.
En Errenteria, un grupo de mujeres decidió organizarse clandestinamente para ayudar a otras a cruzar la muga a Lapurdi para abortar con dignidad. «Las detenciones cambiaron todo. Se rompió el silencio sobre el aborto y se convirtió en nuestro tema estrella. Se lograron miles de autoinculpaciones, hicimos numerosos encierros…», recordaba Mari José Molina, una de las mujeres de Errenteria, en un reportaje para GAUR8.
La lucha de estas mujeres fue llevada posteriormente a la gran pantalla por la directora catalana Silvia Munt en “Las buenas compañías”, en un ejercicio de memoria feminista premiado en más de una ocasión.
1985, PRIMERA LEY DEL ABORTO
El primer juicio contra las «Once de Basauri» se fijó para el 31 de mayo de 1979, pero no llegó a celebrarse por falta de calificaciones. La segunda fecha se estableció para el 26 de octubre de ese mismo año, pero también se aplazó por incomparecencia de dos procesadas a las que no habían citado. La tercera citación fue para junio de 1981, pero tampoco se celebró y, finalmente, fue fijado para el 16 de marzo de 1982.
Tras la sentencia absolutoria, la Fiscalía recurrió ante el Tribunal Supremo, que un año después le dio la razón alegando que el simple hecho de querer abortar, incluso sin estar embarazada, era un delito, y que la precaria situación económica de aquellas mujeres no era razón suficiente para no condenarlas. De esta manera, absolvió a cuatro y condenó a multas y a pena de cárcel a las demás, aunque no llegaron a entrar en prisión porque se les aplicaron los indultos del año 1975 y 1977.
El Tribunal Constitucional ratificó en mayo de 1985 el fallo del Supremo, cuando en el Congreso español ya se tramitaba una nueva ley que despenalizaba el aborto pero solo en los supuestos de violación, malformación del feto y riesgo para la mujer.
En 2010 llegaría la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que blindó el derecho a abortar en las primeras 14 semanas de gestación, y en 2022 se reformó dicha ley ampliando derechos y eliminando el requisito del consentimiento paterno para las jóvenes de 16 y 17 años.