Después de casi tres años, ha comenzado finalmente al juicio oral por el brutal atentado del 11-M, con sus 191 muertos y 1824 heridos, trabajadores en su aplastante mayoría, una parte significativa de ellos inmigrantes, «moros» incluidos.
El juicio viene marcado por el empecinamiento del PP y sus secuaces en intoxicar a la opinión pública con una demencial «teoría de la conspiración», según la cual habría habido una conjura de ETA, el PSOE, mandos policiales y los servicios secretos marroquíes para organizar un macroatentado y provocar así el desplazamiento del PP del gobierno. El diario El Mundo y el ultraderechista Jiménez Losantos desde la Cope, la radio de los obispos, han sido la punta de lanza de esta campaña que han orquestado los herederos políticos del franquismo. En cada manifestación de la derecha franquista -y no han sido pocas en este período- han insistido una y otra vez en la misma cantinela. En el colmo de la provocación, el que fue portavoz del Gobierno Aznar, Miguel Angel Rodríguez ha declarado hace pocos día en Antena 3 que «España tiene que saber qué grupo terrorista puso a Zapatero en la Moncloa».
Pero quien echó al PP del gobierno no fue ningún «grupo terrorista» sino el repudio popular a la guerra, el rechazo masivo a la mentira y a la manipulación del Gobierno Aznar.
Hay que reconocer, sin embargo, que si la maniobra de intoxicación ha llegado a los actuales extremos es por la colaboración de los jueces. No es casual que el propio tribunal del 11-M haya admitido la solicitud de que se llame a testificar a presos de ETA cuando no hay una sola prueba que relacione a ETA con el 11-M. Como tampoco lo es que una juez de Madrid haya dado cobertura a descaradas manipulaciones de funcionarios policiales alservicio de la maniobra de intoxicación.
Pero lo más grave no es que la derecha franquista actúe conforme a su naturaleza, sino la cobardía del Gobierno Zapatero, que en lugar de denunciar a los jueces franquistas se somete a sus arbitrariedades en nombre del «respeto a las decisiones judiciales», de la misma manera que lo ha hecho ante cada resolución judicial orientada a reventar el proceso de paz con ETA.
Destruir la maniobra de intoxicación de la derecha exigía y exige, ante todo, denunciar abiertamente al Gobierno Aznar y al PP como responsables políticos de los atentados por haber involucrado a España en la guerra de Irak. Pero esto es algo que también el Gobierno Zapatero evita cuidadosamente, y no sólo por no incomodar a la Administración Bush. Porque, ¿cómo responsabilizar al PP del atentado por enviar tropas a Iraq cuando él mismo las está mandando a Afganistán o a Líbano?
* A Luchar por el Socialismo es una publicacion mensual del PRT-Izquierda Revolucionaria, sección en el Estado Español de la Liga Internacional de los Trabajadores – IV Internacional (LIT-CI)