Dentro del actual escenario político de Chile, la propuesta de la reforma constitucional, lanzada por la presidenta Bachelet el año pasado, se presenta como un desafío para las estructuras de poder constituidas. Y hablamos no solo del poder político, sino también y sobre todo el económico, del cual el primero es refractario. De tal suerte, […]
Dentro del actual escenario político de Chile, la propuesta de la reforma constitucional, lanzada por la presidenta Bachelet el año pasado, se presenta como un desafío para las estructuras de poder constituidas. Y hablamos no solo del poder político, sino también y sobre todo el económico, del cual el primero es refractario. De tal suerte, así como es verdad que el llamado a redactar una nueva Constitución ofrece un cuadro donde «los de abajo» pueden contar con una oportunidad de incidencia en la vida política chilena hasta ahora inédita, también lo es que los factores de la hegemonía neoliberal implementada desde el régimen militar y dictatorial encabezada por Augusto Pinochet y mantenida durante los gobiernos de la era democrática, harán todo lo posible por imponer límites cuando no frustrar cualquier tipo de iniciativa que la haga tambalear.
Así las cosas, y en aras de ofrecer al lector y lectora una panorámica lo más amplia posible del cuadro actual, nos gustaría plantear las siguientes apreciaciones en formato de claves de comprensión:
I. Todo proceso de reforma constituyente tiene en su núcleo la posibilidad de la refundación del pacto entre el Estado y la sociedad civil. Es una instancia que lleva a un nuevo diálogo entre la ciudadanía y las normas que se actualizan según el momento histórico del pueblo y que, al mismo tiempo, regula su funcionamiento. Esta relación, sin embargo es dialéctica y compleja, aunque «la voluntad general» quede plasmada en una ley. A su vez, el tipo de reforma constituyente también está dado por el grado de participación ciudadana en el proceso mismo de reforma. Aunque, no sea ahí donde se juegue la legitimidad o no de una constitución.
II. En Chile, durante el mandato de Lagos (presidente 2000-2006) se realizaron varias reformas a La Constitución pero que no implicaron la transformación de la misma, algo que que, aparentemente, sí se busca en esta propuesta impulsada por la presidenta Bachelet.
La Carta Magna que aún rige es la redactada por una Comisión cuyos integrantes fueron designados por el dictador Augusto Pinochet. El tiempo que estuvo sesionando en secreto dicha Comisión, fue alrededor de siete años. La Comisión quedó a cargo de Jaime Guzmán y de Mónica Madariaga (Ministra de Justicia -y prima -de Pinochet [1] ). Luego, se convocó a un plebiscito con el sólo objetivo de garantizar la «legitimidad» del proyecto constitucional que asumió un carácter de refundacional bisagra: en un contexto de persecución política, torturas, suspensión de los partidos políticos, y todos los elementos que define un régimen político donde lo que primó fue un alto grado de violencia política. Entre los objetivos de esta reforma, era central el restablecimiento del poder presidencial anclado en la idea de una república conservadora del siglo XIX [2] .
III. En la actualidad, Chile se encuentra en un momento político que asume cierta complejidad y que se expresa en diferentes aristas pero que se centra en un punto clave: la baja legitimidad de las instituciones y los dirigentes políticos. Clave para pensar cualquier práxis en el campo de la política y su relación con las instituciones democráticas. En este sentido, la contienda electoral en segunda vuelta, en la cual, la presidenta Bachelet gana la presidencia estuvo marcada por un dato relevante: el 58,21% [3] de los electores se abstuvo de ir a votar. Los casos de corrupción que involucran a diferentes dirigentes de algunos partidos, como así también, al entorno familiar mas cercano de la presidenta; una alta movilización de algunos sectores -como el estudiantil- que marcan la agenda de la lucha que se visibiliza en las calles y que tensionan la construcción política desde el espacio público son algunas de las marcas de agua que viene atravesando toda la vida política interna de Chile.
IV. En el mes de octubre del año 2015 Bachelet, en la gestión de su segundo mandato, asumió la voluntad política de una nueva Constitución que viene siendo reclamada por parte de la población. Por medio de cadena nacional, dio por inaugurado el Proceso Constituyente. Además de explicar didácticamente las etapas de este proceso, fundamentó esta iniciativa reconociendo que: » La actual Constitución tuvo su origen en dictadura, no responde a las necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia. Ella fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría. Por eso nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía (…) Es cierto que desde el retorno de la democracia le hemos introducido cambios importantes, que han atenuado su carácter autoritario, pero aún tiene mecanismos que obstaculizan el pleno ejercicio de la democracia y que no pueden ser eliminados con nuevos intentos parciales [4] …»
V. Entre las etapas primeras de este proceso se anunciaron los «Diálogos Ciudadanos» que se implementan a tres niveles: comunales, provinciales y regionales; de los cuales surgirán las «Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución«. Este documento llegará a manos del Poder Ejecutivo y el cual será la base para redactar el proyecto de la Nueva Constitución [5] . Esta etapa cuenta con un Consejo Ciudadano de Observadores (CCO) que garantizará la imparcialidad y transparencia del proceso. Y el cual, ha modificado en parte, los temas a tratar en esta instancia, entre ellos ha cuestionado el mecanismo mismo de modificación de la constitución [6] .
VI. En la encuesta realizada por CADEM en el mes de abril, se informa que el 81% de los encuestados no sabe, aun, como es la participación en los procesos de diálogos [7] mientras que un 17% afirma saber el procedimiento. Con lo cual, los mecanismos para garantizar una efectiva participación ciudadana, según dan cuenta este estudio de cierta debilidad, o bien, podría inaugurar algunas preguntas sobre el real impacto y motivación sobre la ciudadanía alrededor de esta propuesta de transformación de la carta magna que, da cuenta que lo que se sigue jugando es la configuración de la democracia como principio fundante del régimen político. El desafío en esta instancia de refundación se centrará en los niveles de participación con los correspondientes canales habilitados que puedan tener «desde abajo» la ciudadanía para poder encontrarse representados en aquello que los regulará y representará en el futuro.
VII. El año electoral que se abre con las elecciones municipales del 23 de octubre pueden ser una oportunidad para que se instale con mayor fuerza en la agenda de todos los partidos el proceso de reforma constitucional, sobre todo lo que aun está sin definir que es la modificación de la actual constitución para posibilitar la reforma. Es entonces, cuando los parlamentarios tendrán la obligación de votar a favor o en contra del proyecto que conlleva, por un lado, la modificación de la constitución actual y, por el otro, los mecanismos que propone el Poder Ejecutivo para la discusión de su reemplazo [8] .
VIII. La actual constitución no contempla los mecanismos para elaborar una nueva. Entonces, hacia el segundo semestre de este año, el Parlamento – por medio de una reforma que los habilita – discutirá las alternativas de cambio de la constitución. Las mismas son:
Una Comisión Bicameral compuesta por un grupo de senadores y diputados, lo que obturaría profundizar la participación de la ciudadanía en este proceso;
La creación de una Convención Constituyente mixta que incluya parlamentarios y ciudadanos;
La conformación de una Asamblea Constituyente; o bien
Un plebiscito para que la ciudadanía decida entre las tres opciones anteriores [9] .
IX. La política es un campo de disputa que se alimenta de las pujas de poder. En este caso, lo incierto en las pujas «desde los de arriba» se dirime en los que prefieren el statu quo y los que se animan a abrir el juego – oscilando de los moderados a los más arriesgados – Esta situación genera las condiciones para que se vuelva también posibilidad para «los de abajo» de reinventar un tipo específico institucionalidad que implica participación y, por ende, una redefinición de la democracia en su sentido más práctico. En las etapas que continúan, en relación a la redacción de una nueva carta magna, se verá quiénes de estos grupos en tensión y pugna capitalizarán su interés por sobre el resto.
X. Como bien plantea Manuel Garretón, hay una doble necesidad: una nueva constitución pero también: « restablecer o recomponer lazos entre ciudadanía y política, entre la sociedad y sus instituciones « [10] . Y el camino en el que se debiera desembocar para tal fin es lograr la mayor participación política de la ciudadanía en estas instancias que, quizás, habiliten dotar de un sentido diferente la representación de lo político en la sociedad chilena de hoy.