Si hay una empresa en el mundo que se puede jactar de la eficacia de su influencia sobre los poderes institucionales de los países donde asienta sus reales, acción vulgarmente conocida como lobby, esa es la transnacional de origen canadiense Barrick Gold, que si todo resulta como lo ha dispuesto, estaría iniciando la construcción de […]
Si hay una empresa en el mundo que se puede jactar de la eficacia de su influencia sobre los poderes institucionales de los países donde asienta sus reales, acción vulgarmente conocida como lobby, esa es la transnacional de origen canadiense Barrick Gold, que si todo resulta como lo ha dispuesto, estaría iniciando la construcción de las instalaciones necesarias para la explotación de Pascua Lama en el mes de septiembre próximo.
Cómo no va a ser eficaz si a sus principales ejecutivos, el Presidente, Peter Munk, y el Director Ejecutivo, Aaron Regent, les tomó menos de una semana reunirse con las presidentas de Argentina y Chile, Cristina Fernández y Michelle Bachelet, tras lo cual de manera sugestiva, menos de una semana después, exactamente el pasado 28 de abril, se anunció formalmente la resolución de los aspectos relativos a los servicios transfronterizos indivisibles, STI, y otros temas tributarios pendientes, sin los cuales no podía ponerse en marcha el proyecto Pascua Lama.
Cómo no va a ser efectivo ese lobby si el inicio de las faenas fue anunciado en Argentina por la Presidenta Fernández, y en Chile, con tono triunfal cual vocero de la transnacional, por el propio Ministro de Minería, Santiago González, a pesar de que no puede ignorar que, al menos, todavía faltan dos permisos que debe otorgar la Dirección General de Aguas, sin perjuicio de otros dos aspectos tributarios pendientes, que requieren de un análisis técnico adicional.
Cómo no va a ser poderosa la influencia de Barrick Gold, si la remoción del obstáculo tributario, así como en su oportunidad ocurrió con la institucionalidad ambiental, atropella y contraviene la opinión manifiesta de un sector relevante de los habitantes del Valle del Huasco, que mantiene enhiesta su oposición al proyecto, pese a los millonarios sobornos repartidos por la minera transnacional.
Cómo no va a ser potente la capacidad de presión de Barrick Gold si la autorización del Servicio de Impuestos Internos, como en su oportunidad de la entonces Comisión Nacional del Medioambiente, contraviene expresos compromisos contraídos por la Presidenta Michelle Bachelet, cuando todavía era candidata en campaña.
Compromisos incumplidos
En efecto, el cuarto de los cinco puntos planteados por el Partido Comunista, como condición para apoyarla en segunda vuelta planteaba de modo textual:
«4.- Formular una nueva legislación ambiental con participación de todos los sectores, que fortalezca los aparatos de control estatal para garantizar un desarrollo sustentable, que impida proyectos que destruyen el medio ambiente, como los de Celco y Pascua Lama».
La respuesta de la candidata fue entregada a la dirección del partido en forma privada. Tras el análisis de rigor, la dirección del partido emitió una declaración, el 22 de diciembre de 2005, que sobre el tema en cuestión, señaló:
«En cuanto a política medioambiental suscribimos la voluntad de que ningún proyecto económico, por cuantioso que pueda ser, incluyendo Pascua Lama, podrá pretender hacerse rentable a costa del medioambiente. Más allá de este, persisten atentados al medioambiente tanto o más graves, que de no asumirse de inmediato una solución, tendrán nefastas consecuencias al país».
Pocos días antes, el 21 de noviembre de 2005, la candidata Bachelet se reunió con un grupo de 21 organizaciones ecologistas, en el Jardín Botánico Chagual, tras la cual se suscribió un documento de diez compromisos para la sustentabilidad ambiental, denominado Acuerdo de Chahual, del cual los puntos atinentes al tema en comento, eran:
«4.- Establecer durante el mandato un Sistema de Cuentas Ambientales que incluya: cuentas de capital natural, rentas existentes por recursos naturales (agua, minería, tierra) e indicadores sobre cantidad y calidad.
5.- Establecer durante el mandato 2 líneas de política fiscal para revertir la insustentabilidad ambiental: a) Reorientación de subsidios y mecanismos de fomento, b) Reformular instrumentos económicos existentes para internalizar costos y prevenir pasivos ambientales.
6.-Ampliar el Fondo Ambiental (Ley 19.300) a un monto anual de 5 millones de dólares (20 millones de dólares durante el mandato), para investigación y acción ambiental. El Fondo estará orientado a apoyar centros de estudio y organizaciones de la sociedad civil.
9.- Proteger los glaciares, y no aprobar su remoción y/o destrucción.
Tiempo después, exactamente el 25 de abril de 2008, cuando ese grupo de organizaciones ecologistas rompió relaciones con el Gobierno, luego que el ministro Tokman anunciara que se destinarían dos millones de dólares para estudios sobre energía nuclear, emitió la siguiente evaluación de los otros compromisos incumplidos del Acuerdo de Chahual:
«el gobierno no ha concretado avance alguno en los compromisos establecidos en los numerales 4, 5, 6, 8 y 9, referidos al establecimiento de un Sistema de Cuentas Ambientales; dos líneas de política fiscal para la sustentabilidad ambiental; ampliación del Fondo de Protección Ambiental; establecimiento de Estudios de Impacto Ambiental para la reproducción de semillas modificadas genéticamente y la protección de glaciares frente a remociones y destrucciones».
Lobby dentro del lobby
La reunión entre Bachelet y los ejecutivos de Barrick Gold se realizó en el Palacio de La Moneda a puertas cerradas y sin dar declaraciones a la prensa el sábado 25 de abril a las 18 hrs. La Presidenta recibió al Director Ejecutivo de la transnacional canadiense, Aaron Regent, al Director Adjunto de la compañía, José Antonio Urrutia, acompañados por el Ministro de Minería chileno, Santiago González. El 15 de abril, en Argentina, el propio fundador y actual presidente de Barrick, Peter Munk, sostuvo una reunión también a puertas cerradas y sin declaraciones a la prensa con la Presidenta Cristina Fernández en la Casa Rosada, acompañado por Regent, y uno de los acérrimos defensores de Barrick, el gobernador de San Juan, José Luis Rioja.
En cualquier caso, las denuncias sobre el lobby de Barrick Gold no son nuevas.
En octubre de 2007 la Coordinadora de las Asambleas de Productores, Vecinos y Ambientalistas del Oeste Riojano, denunció que la entonces candidata Cristina Fernández «está fuertemente comprometida con las multinacionales en general y la Barrick en particular», lo cual documentaron con fotos de ella con empresarios y los logos de la Barrick atrás, tras lo cual, agregaron: «la campaña de la candidata del Frente para la Victoria está patrocinada por Barrick Gold, empresa minera de origen canadiense que lleva adelante tareas de exploración en el cordón del Famatina».
A su turno, el ex senador Jorge Lavandero relató una cita sostenida con representantes de Pascua Lama, mientras desempeñaba la presidencia de la Comisión de Minería del Senado. La cita se efectuó en el restaurante «La Maison de France», donde llegaron Sergio Jarpa y el abogado José Antonio Urrutia por
Barrick Gold y los lobbystas Marcelo Trivelli y Pilar Velasco por Extend Comunicaciones:
«Durante la cena, en su entusiasmo argumentativo, el abogado de la
empresa, José Antonio Urrutia, afirmó que su conocimiento sobre el
Tratado Minero provenía del hecho que durante la década de los noventa,
Barrick había estimado fundamental la existencia de instrumentos jurídicos que la habilitaran para explotar en óptimas condiciones un yacimiento de oro transfronterizo, situado 80% en Chile y 20% en Argentina, y que podía calificarse como uno de los más grandes del mundo. Por lo tanto, con el ánimo de preservar sus intereses la empresa, no sólo había sostenido desde hacía varios años, un diálogo (léase lobby) con las más altas instancias administrativas y políticas de Chile y Argentina para viabilizar su proyecto, sino que además había
redactado el Tratado Minero (sic). Como lo comentamos a la salida de esta reunión, lo sorprendente de todo este montaje no fue sólo la declaración, que los gobiernos de Chile y Argentina, debían firmar un Tratado que había sido concebido y redactado por la transnacional, y que le convenía como anillo al dedo, sino que además esto se hacía a vista y paciencia del Congreso y la opinión pública nacional».
Los resultados de ese lobby están a un paso de prosperar.