Han transcurrido cinco años desde que en las veredas Mulatos Medio (municipio de San José de Apartadó) y La Resbalosa (municipio de Tierralta), entre Antioquia y Córdoba, la vida de ocho personas -cuatro de ellos menores de edad- fueron segadas a bala y machete. Sin embargo, en estos 1.826 días, la justicia no ha logrado […]
Han transcurrido cinco años desde que en las veredas Mulatos Medio (municipio de San José de Apartadó) y La Resbalosa (municipio de Tierralta), entre Antioquia y Córdoba, la vida de ocho personas -cuatro de ellos menores de edad- fueron segadas a bala y machete. Sin embargo, en estos 1.826 días, la justicia no ha logrado reconstruir del todo este rompecabezas. Hasta hoy, Úber Darío Yañez Cadavías, conocido como el Comandante 21, figura como el único condenado por estos atroces hechos, con una sentencia a 20 años de prisión sobre su espalda. Y pare de contar.
Son varios los paramilitares que han admitido su responsabilidad en uno de los capítulos más violentos que haya conocido la autodenominada comunidad de paz de San José de Apartadó, comenzando por la cabeza del bloque Héroes de Tolová, el extraditado Diego Murillo Bejarano (Don Berna). Ninguno, además, ha vacilado en señalar la participación de la Brigada XVII del Ejército, comandada entonces por el general Héctor Jaime Fandiño. Cómo resultó una maniobra castrense como la operación ‘Fénix’ en un crimen colectivo de tales proporciones es el interrogante principal de las autoridades.
Entre enero y mayo de 2009, la Fiscalía archivó los procesos a favor de 72 uniformados que formaban parte de la Brigada XVII en esa época, quienes estaban bajo investigación por los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y actos de terrorismo. Pero cuatro oficiales -el teniente coronel Orlando Espinosa, el mayor José Fernando Castro, el capitán Guillermo Armando Gordillo y el teniente Alejandro Jaramillo-, dos subtenientes y cinco suboficiales fueron acusados, hace 1 año y 24 días, de los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado y actos de barbarie.
El Espectador conoció las tres últimas indagatorias que se han recibido en este caso, todas ocurridas en Montería (Córdoba) entre septiembre y octubre del año pasado, de ex integrantes de las Auc. El ex patrullero Javier Galindo, de 25 años de edad, relató que los militares acudieron a los ‘paras’ porque «no conocían la zona», y agregó que fue el Ejército el que bombardeó la casa donde se encontraban Alfonso Tuberquia, su esposa, Sandra Milena Muñoz, los hijos de éstos, Natalia (de 5 años de edad) y Santiago (de 2 años), y Alejandro Pérez Castaño, señalado por ‘paras’ y Ejército -y negado por la comunidad de paz tajantemente- de ser Cristo de Palo, integrante de las Farc.
Galindo aseguró que el capitán (r) Guillermo Armando Gordillo -el único de los militares que hasta la fecha ha aceptado ante la justicia que la operación ‘Fénix’ la ejecutaron Ejército y Auc conjuntamente- fue quien ordenó que los pequeños Tuberquia Muñoz fueran asesinados «porque más tarde iban a causar problemas». Sin dar nombre propio, otro de los interrogados, Rober Darío Muñoz, comandante de escuadra conocido como JL, también indicó que un militar fue quien solicitó asesinar a los niños «porque la niña estaba grandecita y se daba cuenta de lo que estaba pasando». Muñoz dijo también que, en esa operación, los paramilitares iban «revueltos» con los militares.
El testimonio más crudo lo proporcionó a la Fiscalía el ex patrullero Henry de Jesús Palomino Álvarez, alias Chamaco, al referirse a la muerte del menor de 11 años de edad Deyner Andrés Guerra Tuberquia, su padre, Luis Eduardo Guerra, y la compañera de éste, Beyanira Areiza, de 17 años de edad: «Al señor lo mató Cuatro Cuatro, a la muchacha la mandaron a traer porque a ella la tenían custodiada en otra parte y la acostaron al lado del marido que ya estaba muerto, quien la acostó fue JL, y cuando la acostaron ella ya se había muerto, como que le dio un infarto, pero JL, por asegurarse, la degolló también».
Y continuó: «El niño se fue corriendo, él decía que no mataran a sus papás, que él nos llevaba a donde estaba la guerrilla, pero Cuatro Cuatro mandó a unos reclutas a coger el niño y lo alcanzaron en la playa del río Mulatos, allí el niño se colocaba las manos en el cuello para que no lo degollaran, pero varios reclutas le quitaron las manos y lo degollaron. Ellos, antes de morir, decían que venían a buscar un cacao para la guerrilla que se los había pedido». Chamaco, al igual que sus ex compañeros, aseveró que fue un oficial del Ejército quien solicitó que los niños Santiago y Natalia fueran asesinados, y narró que 60 miembros del bloque Héroes de Tolová recorrieron con uniformados de la Brigada XVII la zona conocida como Nuevo Antioquia.
Hace unos días, en desarrollo del juicio que se sigue en la ciudad de Medellín contra los militares mencionados, trascendió que el general (r) Mario Montoya, cuando fungía como cabeza del Comando Conjunto N° 1 del Caribe, se involucró en la planeación de la operación ‘Fénix’. De acuerdo con la declaración del coronel (r) José Orlando Acosta, entonces oficial de operaciones de la Brigada XVII, el general (r) Montoya dio el visto bueno final a la operación ‘Fénix’ y dejó constancia en la orden de operaciones que los uniformados «por ninguna circunstancia, razón o causa podían pasar por la comunidad de paz de San José de Apartadó». Acosta añadió que los hechos ocurrieron en jurisdicción del coronel (r) Néstor Iván Duque.
Este diario conoció también la indagatoria de Duque, quien recordó, como antecedente de la masacre, que 19 soldados del Batallón Voltígeros murieron en combate con las Farc. Duque manifestó que «ante esta eventualidad y con el deseo de recuperar el material perdido llega el comandante Mario Montoya y realiza una reunión para (…) planear una operación militar donde se pudiera tomar contacto de nuevo con el grupo insurgente Farc». Duque López, comandante del Batallón Bejarano Muñoz, narró que el general Montoya habló de la necesidad de llevar guías y agregó que «si no fuera porque el señor capitán Gordillo aceptó la participación en este crimen, todavía seguiría pensando que no fue un crimen cometido por mi institución».
A paso lento, la justicia continúa avanzando en este pantanoso asunto. El comandante ‘para’ José Joel Vargas, alias Pirulo, le notificó a la Fiscalía que su familia había sido amenazada por causa de sus delaciones y ésta solicitó de inmediato incorporarlo al programa de protección de testigos. Fiscalía y Procuraduría han recibido otros delicados testimonios de ex paramilitares que han narrado, con lujo de detalles, lo sucedido ese 21 de febrero de 2005 en territorio de la comunidad de paz de San José de Apartadó, pero los militares implicados sostienen su inocencia. Mientras tanto las víctimas de este atroz episodio reclaman a viva voz que el nombre de sus familiares quede en limpio y esperan que los responsables, algún día, sean castigados.
El Salado, 10 años después de la masacre
Entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 un comando paramilitar se tomó el corregimiento de El Salado, en el departamento de Bolívar, y asesinó a 61 campesinos en la que es considerada una de las más sangrientas incursiones de las autodefensas en la región de los Montes de María.
Al menos 450 paramilitares, siguiendo órdenes de Carlos Castaño y Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, torturaron y ultimaron, lista en mano, a los labriegos, a quienes acusaban de colaborar con el frente 37 de las Farc.
Por estos hechos el Estado colombiano pidió perdón a los familiares de las víctimas, pues se constató que agentes de la Fuerza Pública, infiltrados por las autodefensas, colaboraron para ejecutar la masacre.
Las autoridades calculan que la incursión a El Salado provocó un desplazamiento de más de 20 mil personas, muchas de las cuales, 10 años después, se niegan a retornar.