El malestar ciudadano no se concentra en el crecimiento económico, que tanto preocupa a empresarios, economistas y políticos del establishment. Se dirige a los abusos y desigualdades que nos agreden cotidianamente. Ayer, la protesta fue contra el lucro en la educación y las trampas de la Polar; hoy es contra las pensiones miserables de las […]
El malestar ciudadano no se concentra en el crecimiento económico, que tanto preocupa a empresarios, economistas y políticos del establishment. Se dirige a los abusos y desigualdades que nos agreden cotidianamente. Ayer, la protesta fue contra el lucro en la educación y las trampas de la Polar; hoy es contra las pensiones miserables de las AFP, la colusión del papel y los bajos salarios.
La crítica no distingue diferencias entre gobiernos, ni tampoco entre derecha y Nueva Mayoría. El modelo de injusticias y exclusiones lo instaló Pinochet, con los economistas de Chicago y la derecha conservadora; pero, es inocultable que ha sido aceptado por los dirigentes de la Concertación, ahora Nueva Mayoría, y sus economistas.
La ciudadanía se ha dado cuenta que la incapacidad de los gobiernos para responder a sus demandas no tiene que ver sólo con errores de políticas públicas. La conciencia ha crecido suficientemente para comprender que es el modelo económico el que cierra las puertas a una distribución equitativa de la riqueza y favorece los abusos.
Es, al mismo tiempo, la concepción social de la focalización la que estigmatiza a los más pobres, debilita a las capas medias, y promueve el lucro en actividades del área social. Es también la institucionalidad política, consagrada en la Constitución de 1980, y su Estado subsidiario, los que restringen la participación ciudadana y bloquean los cambios.
El vigoroso crecimiento de la economía chilena en las últimas décadas generó una notable acumulación de riqueza, pero se concentró en manos de unos pocos. La actividad productiva, bancos, seguros, servicios públicos, exportaciones, AFP, ISAPRES, clínicas privadas, supermercados, malls, colegios, universidades y equipos de futbol pasaron a ser controladas por el 1% más rico de Chile.
Este mismo 1% controla los medios de comunicación, permitiéndole difundir su ideología, para defender un sistema que valoriza el mercado, el individualismo y el consumismo.
Gracias a la inédita riqueza acumulada, los grupos económicos han logrado capturar a la clase política. A toda la clase política. La Concertación no tuvo fuerza ni voluntad para neutralizar el peso del dinero en las campañas: no fue capaz de impulsar iniciativas que separaran a los políticos de los negocios ni tampoco de independizar a los medios de comunicación de los grupos económicos.
El gran empresariado ha reclutado ex ministros y otras autoridades gubernamentales de la Concertación para sentarlos en los directorios de sus corporaciones; mientras, en el gobierno de Piñera destacados ministros provinieron de los directorios de las grandes empresas. Además, el poder económico ha utilizado, sin complejos, lobistas para facilitar sus negocios y mejorar la imagen de actividades turbias.
Así las cosas, partidos políticos, parlamentarios y centros de estudios ligados a partidos políticos han aceptado el financiamiento, legal e ilegal, de empresarios. Pero, lo más grave ha sido la intervención empresarial en la política contingente, con el pago de campañas parlamentarias y para dictar leyes favorables a sus intereses.
Los políticos han sido capturados y ya no representan a sus electores. Ello ha quedado de manifiesto en los dos últimos años. No es sorprendente entonces el elevado desprestigio y la judicialización en que ha terminado la actividad política.
Se podrá comprender entonces que con la actual clase política resulta muy difícil cambiar el modelo productivo rentista y menos modificar la Constitución, ya que ambos son el fundamento de reproducción de la clase dominante.
En consecuencia, para terminar con el malestar de la ciudadanía y realizar los cambios que Chile necesita, se requiere un nuevo liderazgo, con voluntad transformadora, valentía e independencia del poder económico dominante.
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