Nueve de junio de 2005. Un grupo de 8 encapuchados, premunidos de armas de grueso calibre, llegan hasta el fundo Santa Margarita, golpean al empresario agrícola Jorge Luchsinger y su esposa Anne Liese Konekomp, y finalmente prenden fuego a la casa patronal. En cuestión de minutos, el fuego arrasa con la hacienda, dos vehículos y […]
Nueve de junio de 2005. Un grupo de 8 encapuchados, premunidos de armas de grueso calibre, llegan hasta el fundo Santa Margarita, golpean al empresario agrícola Jorge Luchsinger y su esposa Anne Liese Konekomp, y finalmente prenden fuego a la casa patronal. En cuestión de minutos, el fuego arrasa con la hacienda, dos vehículos y una moto estacionados en las cercanias. La casa termina reducida a escombros y la pareja, hospitalizada en la Clinica Alemana de Temuco, evidenciando múltiples lesiones. ¿Los responsables del atentado? Presumiblemente mapuches. Son los hechos. Según los informa, al día siguiente y en primera plana, gran parte de la «objetiva» prensa chilena.
La familia Luchsinger arribó a Chile desde Suiza el año 1883, en el marco de las políticas de colonización del territorio mapuche impulsadas por el entonces gobierno de Domingo Santa María. Al entonces pater familia, Adán Luchsinger -abuelo del actual empresario- el Estado chileno le entregó 62 hectáreas, una yunta de bueyes, una vaca parida, semillas y madera para comenzar a trabajar, según la norma establecida por la Oficina de Colonización. Al igual que miles de otros colonos, los Luchsinger fueron «enganchados» en Europa por la Agencia de Colonización, embarcados en algún puerto y desembarcados en Talcahuano, puerta de entrada del territorio recien conquistado por el ejército chileno de ocupación.
Según el estudio «La reforma agraria y las tierras mapuches», de Martín Correa, Raul Molina y Nancy Yañez, uno de los antecedentes del origen del latifundio en La Araucanía, obedeció a esta política de «conseciones» a colonos, impulsada por el Estado chileno a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y a través de la cual se asignaban vastos espacios territoriales -de ancestral ocupación mapuche- a empresas colonizadoras, ya fueran estatales o privadas. En la región, se establecieron entonces las conseciones de colonización Nueva Italia, Llaima, Lanin, Budi, Queule y Nueva Etruria. Y si bien la entrega de tierras no superaba las 62 hectáreas por familia, el total de las conseciones abarcó en aquellos años una superficie total de 203.063 hectáreas. Eso, hace 100 años.
Hacia el año 1906, el predio de la familia Luchsinger se ampliaría a 120 hectáreas, hacia tierras de colonos que habían optado finalmente con vender. Décadas más tarde, el predio pasaría a manos de Conrado Luchsinger, padre del agricultor, quién expandiría los dominios de la familia hasta alcanzar las mil hectáreas hacia la década de los 60′, de las cuales una tercera parte quedarían finalmente en manos de su hijo Jorge, tras ser repartidas entre los miembros de la familia. Hoy, el Fundo Santa Margarita comprende 238 hectáreas y se encuentra rodeada de comunidades mapuche. También de un fuerte resguardo policial que comprende habitantes, dependencias, instalaciones y maquinarias. Todo ello, desde el año 2001 y las 24 horas del día.
El colono bajo sospecha
El atentado incendiario del pasado 9 de junio fue el número 22. Y el más violento de todos en contra de su propiedad, sus bienes e incluso su propia vida y la de su esposa. «Eran jóvenes, de cuerpos estilizados, no tenían pinta de mapuches. Estaban organizados, porque todo no duró más de diez minutos. No decían nada, pegaban no más… Les deben haber tenido tomado el ritmo a los carabineros de guardia, porque los policias llegaron cinco minutos después sin haber visto nada. Un poco antes entró un vecino. Venía con una escopeta y me dijo: ‘Don Jorge, lo vengo a defender’. ‘Mira, le dije, lárgate que te van a matar’. Ya está todo consumado», relataría conmocionado Luchsinger a la prensa.
Diez minutos. Rostros cubiertos. No tenían «pinta» de mapuches. Sin embargo, para Luchsinger no cabía la menor duda: «Eran de la Coordinadora Arauco-Malleco… terroristas profesionales, actuaban de esa manera y estaban organizados con disciplina». Sus declaraciones emitidas desde la Clinica Alemana, no dejaban lugar a especulaciones. Así lo entendió al menos la prensa regional, que en cuestión de minutos transformó sus dichos en portada de tabloides y diarios electrónicos, interesados principalmente en el titular efectista, la bomba noticiosa, la declaración incendiaria y no necesariamente en la rigurosidad del trabajo periodístico.
Si bien el propio Luchsinger culpó de inmediato a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) como responsable de la acción, agrupaciones mapuche dieron la primera voz de alerta. La proximidad de la fecha del atentado con el inicio de un segundo juicio oral en Temuco contra miembros de la CAM, acusados por el Ministerio Público de «asociación ilícita terrorista», tendía un evidente manto de dudas respecto de la real autoría de los hechos. Más aun tratándose del afectado: Jorge Luchsinger, testigo «estrella» de la Fiscalía en un juicio que intenta revertir una primera sentencia que declaró, en noviembre de 2004, inocentes de todos los cargos a 8 dirigentes mapuches (de un total de 16) inculpados por el gobierno, las forestales y el gremio empresarial.
A través de un comunicado público, la Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche, puso el punto sobre las íes. «¿Cómo ocurrieron tales hechos, si este lugar se encontraba con protección policial permanente? ¿Por qué ocurrió justamente a días del inicio de un segundo juicio, que por lo demás, obedece a una persecución política?», se preguntaron. «Lo anterior solo nos lleva a pensar que todo es una conspiración, para crear un escenario político… Esto deja en claro que no es más que un montaje del poder económico para justificar la persecución y criminalización de nuestras demandas, así como también para justificar la presencia de grupos paramilitares (Comando Trizano) que amedrentan a nuestra gente», señalaron.
No fueron los únicos. «Tenemos muchas y legitimas dudas sobre los hechos», señalaría días más tarde el werken del Consejo de Todas las Tierras, Aucan Huilcamán, refiriéndose al misterioso atentado incendiario. «Lamentamos lo sucedido con la familia Luchsinger. Sin embargo, consideramos inaceptable que gratuita e intencionadamente se vincule éste hecho con la causa indígena, asunto que provoca desconcierto», señaló el werken, criticando la manipulación comunicacional que a pocas horas de ocurridos los hechos, realizaban dirigentes del agro, parlamentarios de derecha y los propios fiscales del Ministerio Público, estos últimos los principales interesados en acarrear toda el agua que les fuera posible para su molino.
Alberto Chifelle, descendiente de colonos suizos al igual que Luchsinger y enconado acusador de la CAM, fue el primer representante del Ministerio Público en acudir al lugar del atentado la noche del fatídico jueves. Y uno de los primeros, aparte del propio Luchsinger, en deslizar públicamente la tesis de un «atentado mapuche», la misma que sería repetida hasta el cansancio horas más tarde por agricultores y dirigentes del sector. «Don Jorge es un testigo importante en la causa en contra de la Coordinadora Arauco-Malleco. El iba a declarar el lunes y yo pienso que [el amedrentamiento] es una de las hipótesis que se baraja con mucha fuerza», señalaría el fiscal al periodista Freddy Palomera de La Tercera.
«Estamos evaluando la posibilidad de incorporar pruebas de los hechos ocurridos el día jueves en este juicio. Pero es algo que se está analizando y que se planteará oportunamente a los tribunales, siendo los magistrados quienes evaluarán si eso es o no posible», señalaría más tarde, un poco menos entusiasta, Sergio Moya, fiscal regional subrogante y quien lidera hoy el equipo de fiscales a cargo de este caso. «Resulta indispensable que el tribunal conozca qué fue lo que ocurrió en ese predio, a fin de que se pondere si se enmarca o no dentro de los hechos que nosotros les atribuimos a esta organización», agregaría el fiscal, quién tras ejercer en la ciudad de Traiguén, sería trasladado a Temuco en reemplazo de la hoy destituida ex fiscal, Esmirna Vidal.
Para Aucan Huilcamán, los antecedentes conocidos apuntarían las sospechas más bien hacia los propios afectados. Según el werken, existirían demasiadas pistas que podrían vincular perfectamente al propio agricultor de Vilcún o a otras personas ligadas al sector agrícola, con el atentado que afectó a su propiedad. «Tenemos muchas y legitimas dudas, debido a que esta familia tiene protección policial. El Ministerio Público ha informado que había protección las 24 horas. Entonces, el sentido común nos indica que los únicos que podrían conocer el cronograma y el tiempo de los relevos de las policía, es la propia institución de Carabineros, el Ministerio Público y la familia Luchsinger», advirtió Huilcamán.
«Se podría estar experimentando una práctica de grupos paramilitares, orientados a crear un ambiente confrontacional, xenofóbico para justificar actos represivos en contra de las comunidades mapuche en su lucha por reconocer sus derechos… Por otro lado, según la descripción de los hechos por parte de la señora Anne Liese Konekomp, el modo de operar de los participante es propio y característico de los agentes represivos que operaban durante la dictadura militar como la CNI, DINA u otros grupos paramilitares de ultra derecha», agregó Huilcaman, quien años atrás fue víctima de sendas amenazas de muerte del denominado Comando Hernán Trizano. Todas ellas denunciadas a tribunales y a la fecha, sin resultado alguno.
El Far West de Riesco
Manuel Riesco, hombre fuerte de los empresarios agrícolas, tendría otra versión de los hechos. Su propia versión. También de sus consecuencias. «Esto es culpa absoluta del Gobierno, que sabiendo que este señor ha tenido 21 atentados y que se inicia un juicio el lunes, no lo tenía protegido como debía. Esto es una irresponsabilidad del Gobierno y nosotros, de una u otra manera, reclamamos y queremos decirlo públicamente: Si el Gobierno no actúa, vamos a tener que actuar nosotros para defendernos, pero no vamos a seguir aceptando esta desidia que está haciendo el Gobierno», amenazó Riesco, presidente del Consorcio Agrícola del Sur y quien visitó a Luchsinger en la Clínica Alemana de Temuco.
Tras sus polémicas declaraciones, otros dirigentes del agro suñero se sumaron a las críticas contra las autoridades. Incluso, advirtieron con recurrir a la «autodefensa armada» para defender sus fundos y haciendas. Otros, no dudaron en ponerle precio a las cabezas de los responsables, anunciando que ofrecerán millonarias recompensas a quienes entregaran información sobre su paradero. Es el caso de los dirigentes de la Sofo. «No podemos aceptar que no se respete la propiedad privada y estamos viendo alternativas para ayudar a que se esclarezca el atentado a Luchsinger», señalaría René Aravena, secretario general de la entidad gremial de la IX Región. La idea, digna del Far West, ya habría pasado de los dichos a los hechos. Cualquier dato, contactarse con la Comisión de Finanzas del organismo.
Sin embargo, la guinda de la torta llegaría el sábado 11 de junio. Ese día y a través de un llamado telefónico recibido en la Redacción del Diario Austral, una fuente que no se identificó sostuvo que el atentado incendiario que afectó a Luchsinger en la comuna de Vilcún, habría provocado la reactivación del llamado Comando Paramilitar Hernán Trizano. El mismo que había hecho su estreno en sociedad en la zona de Victoria, el 10 de junio de 2001, tras un beligerante comunicado recibido por el reportero de la radio Los Colonos de Victoria, Manuel Burgos. La nota había sido dejada, durante la noche, en el ingreso de la radioemisora y su contenido dejaría estupefacto al locutor.
«Estamos dispuestos a empezar una represalia contra los señores indígenas, en defensa de los agricultores, las forestales y las empresas hidroeléctricas… En vista que el Gobierno no ha hecho absolutamente nada para detener a los comuneros violentistas ni ha garantizado la seguridad de los agricultores… En virtud de esto, ya comunicamos nuestra constitución, para ir en apoyo de los que son atropellados, tenemos los medios y la gente en la Octava y Novena Regiones y no trepidaremos en efectuar ajustes de cuentas contra los terroristas mapuche, chilenos y extranjeros, que apoyan esta subversión», señalaban por entonces los paramilitares mallequinos.
El año 2001, supuestos ataques de comunidades mapuches contra el latifundista Daniel Lichtenberg Rilling, propietario del Fundo «El Temo» de Victoria, habrían motivado la creación de este grupo paramilitar, que reivindicaba con su nombre la figura del mítico mercenario italiano que azolaría los campos de La Araucanía a fines del siglo XIX, protegiendo a los colonos y dejando tras de si una estela de cruentos asesinatos contra mapuches. Cuatro años más tarde, los ataques contra otro descendiente de colonos suizos reactiva a los Trizano y, de paso, abre una nueva temporada de guerra sucia en zonas rurales de La Araucanía. «Nada es casual en política», me asegura Juan Pichún, werken de las comunidades en conflicto de Traiguén e hijo del lonko Pascual Pichun.
Mapuches flojos, torcidos… abusadores
En los últimos días, Luchsinger ha manifestado su voluntad de abandonar definitivamente la zona. ¿Retornará a Suiza, la tierra de sus ancestros?. Por el momento, le preocupa más bien que el Estado pague por todo lo que dice haber perdido. «Hemos hecho un esfuerzo de cien años en mi familia, hemos invertido y mejorado esto, después de que era un territorio inhóspito hoy es productivo, y quiero que se pague por esto». «No menos de 5 millones la héctarea». Sus actuales fundos Santa Margarita y San Miguel, suman en total casi 500 hectáreas. Negocio redondo, dicen los que saben, considerando que el precio por hectárea agrícola no supera en la región los 2 millones de pesos.
Pero no solo eso. Según Luchsinger, las pérdidas monetarias producto de los atentados sufridos en estos últimos cuatro años, bordearía la friolera de 800 millones de pesos. Exije, por tanto, que el Estado forme una comisión tasadora que _evalúe el «potencial productivo y las pérdidas materiales», entre otros factores, y determine el costo que se le debiera pagar. «Yo quiero el precio justo», ha señalado el agricultor. «Yo ya no voy a vivir allá, ahora tengo que vivir en la ciudad, lejos del campo. La única solución es que el Estado se haga cargo de mi campo, que pague lo que vale y se transforme luego en desierto», señala. Y es que para Luchsinger, los mapuches no representarían otra cosa que una raza inferior, depredadora e intrínsecamente perversa.
«No es posible que entreguen tierras a mapuches.. va a ser una miseria absoluta, porque ellos no trabajan. No se va a resolver el problema, no van a dejar de ser miserables. ¿Usted ha visto cómo están los campos que les ha comprado el Estado a través de la Conadi? ¡No queda nada, ni un árcol parado, no producen nada!… El indio no ha trabajado nunca. El mapuche es un depredador, no tiene capacidad intelectual, no tiene voluntad, no tiene medios económicos, no tiene insumos, no tiene nada… El mapuche es ladino, es torcido, desleal y abusador», afirma sin escrúpulos, en una entrevista de antología publicada en la última edición de la Revista Qué Pasa. De políticas de Nuevo Trato, mejor ni hablar.
De los campos de Vilcún, es probable que Luchsinger terminé en Valparaiso. Suena fuerte en Temuco su postulación al Parlamento. Eso al menos ha señalado la prensa regional, que destaca la idea de la Unión Demócrata Independiente (UDI, derecha chilena) de postular al empresario como diputado por el distrito 50, de Temuco y Padre Las Casas. Si bien el mismo ha descartado su ingreso a la contienda electoral, fuentes de la colectividad lo han ratificado como uno de los posibles postulantes. Otro sería Alan Cooper, padre de Francisca Cooper (joven desaparecida en el Tsunami de Asia) y uno de los responsables del secuestro y posterior asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, Rene Schneider, en octubre del año 1970. Todo un demócrata, según la UDI.
En la IX Región, la investigación judicial sobre los verdaderos responsable del atentado incendiario prosigue su curso. El fiscal nacional Guillermo Piedrabuena, en atención a la complejidad y gravedad de los hechos, resolvió hacer uso de la facultad establecida en el art.19 de la ley orgánica del Ministerio Público y designó al fiscal regional [s] Sergio Moya Domke, como fiscal especial para investigar el caso. Por estos días, los fiscales del Ministerio Público luchan porque se permita incorporar el último atentado contra Luchsinger como «prueba» extraordinaria contra la CAM. Una situación a todas luces irregular, atendiendo lo primario de la investigación y la inexistencia aun de eventuales sospechosos o responsables.
El juicio contra la CAM por «asociación ilícita terrorista» sigue también su curso. Tras un receso de una semana, este miércoles 22 de junio deberían reanudarse las audiencias en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. Un primer juicio desarrollado en octubre de 2004 había declarado inocentes a todos los mapuches. Según los jueces, la falta de credibilidad de los testigos -entre ellos el propio Jorge Luchsinger y el ex ministro, Juan Agustín Figueroa-, lo contradictorio de sus testimonios, la falta de consistencia de sus relatos y lo irrelevante de la presentación realizada por determinados peritos, hacian imposible condenar por «terrorismo» a los 8 imputados. Los sucesos de Vilcún y la regreso de los Trizano, bien podrían cambiar ahora dicho veredicto a su favor.