En un auditorio repleto de jóvenes chilenos y mapuche se desarrolló en la Universidad Alberto Hurtado el pasado 24 de junio el seminario sobre legislación antiterrorista organizado por los familiares de presos políticos mapuche, la coordinación de organizaciones autónomas mapuche de Santiago, y el Comité Ranquil (de chilenos y chilenas solidarios). Entre los expositores estuvieron […]
En un auditorio repleto de jóvenes chilenos y mapuche se desarrolló en la Universidad Alberto Hurtado el pasado 24 de junio el seminario sobre legislación antiterrorista organizado por los familiares de presos políticos mapuche, la coordinación de organizaciones autónomas mapuche de Santiago, y el Comité Ranquil (de chilenos y chilenas solidarios). Entre los expositores estuvieron el abogado de derechos humanos, Alberto Espinoza, los historiadores Jorge Pinto Rodríguez y Pedro Rosas, y el lonko de la comunidad mapuche autónoma Temucuicui, Víctor Queipul, junto a los periodistas Raúl Sohr y Juan Pablo Cárdenas. Las actividades a favor de los presos políticos continuarán en Valparaíso el miércoles 30 de junio, cuando familiares de presos políticos de Concepción, Angol y Temuco se reúnan con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El modelo en riesgo
«Los únicos muertos en este conflicto son los mapuche, considerados por el Estado como el enemigo interno. Esto se hace al amparo de la doctrina de la seguridad nacional que está viva y coleando, absolutamente vigente, y le da sustento ideológico a la legislación antiterrorista. Coloca a los mapuche en el escenario del derecho penal del enemigo, por poner en riesgo el desarrollo del modelo económico neoliberal, que requiere la tierra para las empresas forestales», sostuvo el abogado Alberto Espinoza, profesional del FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas) y defensor de luchadores sociales mapuche en diversos juicios.
Actualmente apoya la defensa de una parte de los más de 20 casos de imputados mapuche en la zona de Lleu Lleu. Cuatro de los detenidos están procesados por el mismo delito por la justicia civil y la justicia militar. El juicio se iniciaría en julio de 2010 y el ministerio público pide penas que van de los 103 a los 40 años de cárcel , sobre la base de declaraciones de 53 testigos protegidos (sin rostro) y más de 100 funcionarios policiales, entre otros. No existe registro en Chile de un juicio similar salvo los consejos de guerra realizados en tiempos de Augusto Pinochet.
Espinoza recordó que la propiedad de la tierra es el alma mater del sistema neoliberal y llamó a tener presente que no sólo los tribunales actúan contra los luchadores sociales mapuche, sino lo hace todo el Estado. El poder ejecutivo, señaló, lo hace a través de gobernadores o intendentes que piden su aplicación a los tribunales, que son los que hacen la interpretación de la ley. Y el poder legislativo no hace nada para derogar esta ley que va contra el mismo principio de legalidad. Detalló el abogado que la descripción de conducta terrorista es subjetiva pues está basada en que el hecho tiene la «intención de causar temor en la población»; que se comete «para hacer exigencia a la autoridad» y finalmente, se tipifica con los delitos de homicidio, secuestro, bombazos, asociación ilícita, sustracción de menores.
Respecto de la motivación, señala que la reivindicación o la motivación de los incendios de maquinarias forestales, galpones, o pastizales tiene un carácter ancestral, de recuperación de tierras usurpadas. Por otra parte, agregó, el robo de madera no puede ser terrorista aunque sea para causar temor, porque no está en el catálogo ya descrito. Recordó que deben usarse armas de gran poder destructivo, en cambio en los juicios se ha acreditado el uso de hondas y piedras, lo que ejemplificó leyendo parte del fallo del caso Poluco-Pidenco (2001) que describe el contingente policial y la respuesta con piedras y boleadores. Sin embargo, denunció, los jueces aplican esa legislación en forma discriminatoria.
Bueyes a amansar
«El gobierno quiere tenernos como animales o bueyes que se amansan o se hacen trabajar. Pero nosotros no vamos a ser así. Esto no ha parado y no va a parar, los niños de hoy también se forman con lo que ven, es un proceso firme. Comenzarán pronto los juicios a los hermanos presos en el sur, pedimos el apoyo a las organizaciones, para eso también estamos aquí», afirmó el lonko Víctor Queipul, de pontro mapuche y larga cabellera. «Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero el Estado no quiere reconocer que somos una nación distinta y criminaliza nuestras demandas. Quieren desintegrar nuestra lucha. El funcionario del Estado que asesinó debería estar acusado y preso, ya ha pasado un año de impunidad por la muerte de Jaime Mendoza», continuó denunciando el dirigente. Agrego que él y sus hermanos fueron amenazados por el Comando Hernán Trizano de Victoria, «pero el gobierno no investigó ni castigó a nadie. A nosotros en cambio nos encarcelan acusándonos de haber hecho amenazas. Nunca han encontrado un arma en los allanamientos. Estamos desamparados, vivimos la odiosidad del Estado chileno»
Ante la mirada expectante de los y las estudiantes, el dirigente mapuche recordó que había caminado en 1999 desde Temuco a Santiago, y después formó parte de la cabalgata a Concepción, como parte de las acciones que buscaban sensibilizar a la población chilena. «Veo que los jóvenes entienden pero los políticos no. Les agradezco por estar aquí, y ante ustedes, felicito a los weichafe (luchadores) que están en prisión preventiva. Ellos no han matado a nadie. Nuestra lucha no pasa por las armas», aclaró el lonko de la comunidad Temucuicui, cinco de cuyos miembros -incluido su hijo Víctor Hugo Queipul Millanao, de 19 años – están presos en la cárcel de Angol por ley antiterrorista. El dirigente tradicional explicó que él se formó al calor de la lucha que libraron su padre y su madre por las tierras donde ahora viven. Ellos sufrieron tortura y prisión. «Y lo mismo están viviendo nuestros hijos ahora», agregó Queipul.
La joven Natividad Llanquileo, cuyos hermanos Víctor y Ramón Llanquileo Pilquimán enfrentan posibles penas de 65 años de prisión por ley antiterrorista y también están enjuiciados por la justicia militar, leyó la carta de los familiares de presos polítcos mapuches. En ella exigen garantías para el juicio, destacando que los asesinos de comuneros mapuche son juzgados por sus pares en tanto que ellos deben enfrentar ilegalidades como dobles juicios por un mismo hecho, testigos sin rostro, y sumarios secretos por largo tiempo.
Palabrería izquierdista
El periodista Juan Pablo Cárdenas, director de la radio Universidad de Chile y Premio Nacional de Periodismo criticó a la izquierda chilena por su inacción frente a lo que está viviendo el pueblo mapuche. Dijo que sólo había palabrería sin compromiso real. Respecto de las acusaciones que se hacen a los mapuche encarcelados en el sur, sostuvo: «Apruebo y celebro todas las formas de lucha. Los ejemplos de la resistencia pacífica son los que me gustan más. Pero cuando se impone la violencia represiva y conceptual, también es legítima la respuesta de violencia de un pueblo que no puede seguir esperando que se reconozcan los mínimos derechos de su condición humana.»
Incendios de ayer y tierra arrasada
El historiador Jorge Pinto (Universidad de la Frontera) disertó a partir de su experiencia como habitante de Temuco, capital de la región mapuche y parte del eje geográfico del conflicto. Recordó lo que callan hoy los medios como el recientemente difundido programa de tv «Contacto», y el discurso oficial: «La violencia no es un fenómeno nuevo, se instaló con la llegada del Estado…La gran propiedad forestal de hoy se constituyó sobre el robo de la tierra indígena. En 1870 Cornelio Saavedra, oficial de ejército chileno fue quien inició la política de incendios y tierra atrasada. El mismo militar se preguntaba entonces a dónde va a llegar el Estado con esa estrategia».
Recalcó que el Estado no ha logrado sostener el proyecto que se planteó al invadir las tierras mapuche, ignorando el aporte a la economía hecho por los indígenas en los tres siglos coloniales, que incluía, por ejemplo, los 80.000 ponchos tejidos en las rucas indígenas y la ganadería. Resumió la visión de esa época en las palabras del historiador Barros Arana: «Indios malos en tierras buenas».
El derecho a la autodefensa
«Hasta marzo de 1990 no había en Chile nadie que no considerara válida la autodefensa. Ahora en cambio eso se olvidó y ante cualquier acto de resistencia sólo cabe el castigo. Esto se vincula a la posibilidad de un retorno a un pasado doloroso», denunció el historiador Pedro Rosas (Universidad Arcis) quien sostuvo que la ley antiterrorista es una expresión del dispositivo de criminalización impuesto a partir de la transición a la democracia. Describió la transición pactada como excluyente de todo discurso subjetivo distinto al orden establecido. Así es como se llegó, -expresa- a la calificación de terrorista para quien desafía el orden pactado en una oscura transición subterránea, entre la doctrina de seguridad nacional y la de «seguridad ciudadana».
«Estoy aquí no como especialista en este tema sino como resultado de una compulsión ética, que me lleva a preguntarme quiénes somos, qué somos. Somos mestizos, portadores de una hibridez que se olvida, se arrincona en la desmemoria,» reconoció el académico y ex preso político chileno («Derechos Humanos en la Transición»2004) que vivió en carne propia la experiencia de prisión y tortura en democracia. Recordó asimismo las declaraciones de los historiadores denunciando la violencia ejercida contra el pueblo mapuche en contraposición al proceso sistemático de ocultación del papel del Estado chileno en el despojo que vive el pueblo mapuche.
Denunció Pedro Rosas que se lleva a cabo un chantaje moral con el miedo social. «Nos arrinconan en el miedo…El otro que antes era un político, un extremista quizás, ahora es sacado de ese eje, está afuera, en la anomia. Es terrorista….Entonces, nos protegemos en la nostalgia. Se gobierna con distintas tenidas…que van desde las botas de ayer a las corbatas italianas de hoy. Pero no cambia el dispositivo de control social: ley antiterrorista, ley de seguridad del estado, agencia de inteligencia.», concluyó, reiterando que se comienza por la negación, para llegar a la exclusión, y seguir con la estigmatización. Desde allí se avanza al castigo, el secuestro y la incursión represiva.
Estado racista
Finalmente el analista internacional Raúl Sohr recalcó que no hay solución al conflicto descrito sin participación de los movimientos sociales y se congratuló de la alta convocatoria del seminario, al que no pudieron ingresar quienes llegaron atrasados, por falta de espacio. «Lo que les ocurra a los mapuche nos ocurre a todos, está en juego nuestra propia suerte como país. El estado chileno linda en el racismo, es doblemente opresivo, ya que no juzga por terrorismo a nadie más que a los mapuche. Lo que hacen ellos lo han hecho por ejemplo, los trabajadores del cobre, y sin embargo a ellos no se les aplica la ley antiterrorista», acusó.
Señaló finalmente que la historia muestra que el espíritu del pueblo mapuche no fue quebrado antes por la represión. Llamó a mirar con atención la experiencia de Bolivia cuya constitución incorporó la justicia indígena al sistema legal. Recalcó que otros Estados han pedido perdón por sus crímenes y exterminio a la población indígena, como se ha hecho en Australia y Canadá, lecciones que deberían ser recogidas en Chile. Es imposible, sostuvo, que los mapuche obtengan aquí justicia cabal con el sistema jurídico vigente. «Miles de leyes podrán hacerse por el Estado para intentar detener sus luchas, pero ellos no lo van a aceptar y la lucha va a continuar «, sentenció.
Según el informe 2010 de la Comisión Etica Contra la Tortura, a junio de este año 57 luchadores sociales mapuche están siendo procesados o han sido condenados mediante la legislación antiterrorista. Tres de estos imputados son menores de edad. Siete de ellos están doblemente enjuiciados por la justicia civil y la justicia militar.
– Blog de Lucía Sepúlveda Ruiz: www.periodismosanador.blogspot.com