Cada vez que escucho o leo en documentos marxistas el galicismo postmodernista «elite», usado para almibarar la categoría político-económica de oligarquía, desenfundo mi computador que es lo único que tengo. Más ahora que JM Santos reclama el triunfo pírrico de haberse desmarcado jurídicamente de su Jefe Álvaro Uribe Vélez, con la aprobación (14.06.12) de la […]
Cada vez que escucho o leo en documentos marxistas el galicismo postmodernista «elite», usado para almibarar la categoría político-económica de oligarquía, desenfundo mi computador que es lo único que tengo. Más ahora que JM Santos reclama el triunfo pírrico de haberse desmarcado jurídicamente de su Jefe Álvaro Uribe Vélez, con la aprobación (14.06.12) de la ley mal llamada «marco jurídico para la paz».
Colombia, a partir 1948 entró en una crisis social (política e institucional) profunda, larvada desde década anteriores y se manifestó plenamente como un conflicto histórico, social y armado inicialmente llamado Violencia bipartidista, luego trasformado por la mediatización anticomunista del gobierno de los EEUU en una guerra contrainsurgente geoestratégica, la cual por las adecuaciones posteriores, tanto civiles como militares del histórico militarismo oligárquico contempladas en los distintos Planes Colombia, se trasformó en una guerra asimétrica. Es decir primero hay una crisis social profunda, luego un conflicto político-militar y, finalmente una guerra geoestratégica asimétrica.
El orden de los factores sí altera el producto, porque el pensamiento «escolástico y santanderista» hegemónico de la oligarquía (no elite) dominante en Colombia, siempre ha pretendido separar formalmente lo político de lo militar y, de lo jurídico; cuando es una Toda una realidad contradictoria y compleja. No se puede resolver una guerra geoestratégica de DESGASTE o asimétrica tan complicada como la que se está librando en Colombia (nunca una guerra de posiciones como sueñan los estrategas del militarismo) sin resolver los problemas políticos estructurales y generales de la sociedad por los que se lucha y, que de resolverse, llevarían a la superación de la crisis social de larga data por la que atraviesa la sociedad colombiana. Más ahora cuando las dos tenazas Imperialistas que lo estrangulan: una muy gruesa representada en el capital trasnacional de origen Norteamericano y otra más delgada, representada en las inversiones europeas especialmente españolas, están atravesando una espantosa crisis financiera que pretenden resolver saqueando aún más las riquezas naturales y el trabajo de los colombianos.
En breve: resolver la guerra geoestratégica de Desgaste que está mostrando grandes dificultades para resolverse por la vía militar, demanda buscar la vía contraria o política. Ello impone ver esta realidad como una unidad dialéctica POLITICO-MILITAR, que exigen en correlato ver el otro aspecto también dialectico excelentemente definido por K Marx como JURIDICO- POLITICO, y que llevaría necesariamente no a hacer ofertas legales de amnistías o perdones judiciales o indultos, por los que NO o están luchando (ni han luchado) los insurgentes colombianos, sino a priorizar el otro aspecto de esa contradicción: las Reformas Sociales de todo tipo que están pendientes y esto, es eminentemente político. Pues sabido es desde la era del Homo Neandhertalensis que «el objetivo de toda guerra es la paz». No hay novedad en eso. De lo que se trata en Colombia no es pensar solamente en superar la guerra en abstracto, sino en solucionar políticamente el denominado «conflicto interno» (que no tiene actores sino partes enfrentadas como lo establece el DIH) para llegar a una paz democrática con justicia social, verdad y reparación.
Pero no. La oligarquía santanderista empeñada en hacer de cualquier cosa una ley como lo dejó establecido el conspirador hombre de las leyes, pretende resolver el intrincado conflicto social armado colombiano con un marco jurídico para la paz, cuando es un asunto eminentemente político-militar, que solo tendrá soluciones político militares generales. No es la dicotomía que el escolástico mayor y sus amanuenses han establecido: primero el marco jurídico de las amnistías, perdones e indultos, luego la desmovilización militar de la Insurgencia seguida de la elección al senado del canciller de las FARC Granda, y, posteriormente lo político: la Paz sin reformas, para dejar intacto el fetiche maquillado de la democracia abstracta más antigua de América y del «Baile Rojo», cuando es todo lo contrario. Decisión política. Pacto para las reformas estructurales y la desmovilización tanto del militarismo oligárquico como de la insurgencia. Para proceder a la paz democrática con justicia social, verdad y reparación.
(*) Alberto Pinzón Sánchez es médico y antropólogo colombiano.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.