Sigue su campaña el diario El Mercurio en torno a supuestas revelaciones derivadas del proceso llamado MOP-Gate, que lleva la ministra Gloria Ana Chevesich. Cada cierto tiempo, oportunas filtraciones, no necesariamente imputables a la magistrada, dan cuenta de citaciones, procesamientos, detenciones y hasta eventuales condenas que afectarían a funcionarios de alto rango del Ministerio de […]
Sigue su campaña el diario El Mercurio en torno a supuestas revelaciones derivadas del proceso llamado MOP-Gate, que lleva la ministra Gloria Ana Chevesich.
Cada cierto tiempo, oportunas filtraciones, no necesariamente imputables a la magistrada, dan cuenta de citaciones, procesamientos, detenciones y hasta eventuales condenas que afectarían a funcionarios de alto rango del Ministerio de Obras Públicas y también, a personeros de confianza del presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar.
En una primera etapa, el principal afectado fue Carlos Cruz, ex ministro de Obras Públicas, luego de quedar al descubierto un complejo mecanismo de empresas de papel, simulaciones, sobresueldos y giros de dinero que involucran y entrelazan a funcionarios públicos y empresas privadas, contratistas del Ministerio y al sistema de concesiones. Cruz ha reconocido que para la campaña electoral de Lagos se recogieron cerca de mil millones de pesos que aportaron personas naturales. Los recursos financieros para llevar a Lagos a la presidencia, sostiene Cruz, fueron aportes personales, privados y voluntarios «que hicieron amigos de Chile radicados en México y Europa». Sin embargo, el ex ministro está siendo procesado bajo la imputación de traspasar fondos públicos a la caja electoral, a través de empresas privadas que operaban con el MOP.
La investigación se prolonga desde hace más de un año y no tiene para cuando terminar. Se trata de una situación irregular, en ocasiones dolosa, que debe ser investigada y condenada. La derecha la ha utilizado hábilmente, convirtiéndola en una espada que cuelga sobre la cabeza de ex ministros y hasta del propio presidente Lagos, que fue ministro de Obras Públicas en el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle hasta el momento en que se convirtió en candidato presidencial.
En las últimas semanas los rumores suben de tono. Se dice que podrían ser citadas personas del círculo más cercano al presidente de la República, con los consiguientes riesgos de detención y negativo impacto publicitario. Hasta el propio presidente podría ser citado o requerido a declarar por oficio.
En estos días se espera la comparecencia ante la magistrada Chevesich de Fernando Bustamante, amigo del presidente, gerente de finanzas de su campaña electoral, que actualmente se desempeña como presidente del Metro de Santiago y es miembro del directorio, en representación presidencial, de la transnacional CTC-Telefónica Chile. Se sospecha -según El Mercurio- que Bustamante conocería secretos del financiamiento electoral concertacionista que podrían haber significado utilización de fondos públicos.
Se habla también de una posible encargatoria de reo de Guillermo Díaz, subsecretario de Transportes, y se mencionan posibles citaciones a Matías de la Fuente, pariente de la esposa del presidente Lagos, y a Enrique París, jefe del gabinete del primer mandatario. Otros nombres, como el de Marco Colodro, presidente de TVN, ligado a la caja electoral de la campaña de Lagos, se deslizan como al pasar.
La campaña de El Mercurio tiene las características de un sofisticado chantaje, muy propio de la tenebrosa historia de ese periódico. El supuesto manejo de información reservada le da a ese diario un poder que mantiene en vilo a determinados círculos de gobierno y a la propia Concertación. Lo que viene haciendo no es periodismo, pertenece más bien al ámbito de lo mafioso y gangsteril. Es un arma de política electoral que la derecha esgrimirá cuando parezca oportuno, tendiendo una niebla de sospechas sobre la cúpula gobernante. Constituye, además, un instrumento que frena posibles actitudes firmes del gobierno frente a la derecha y núcleos de poder empresarial. El chantaje de El Mercurio es también el chantaje de los poderes fácticos de los que forma parte y sirve de vocero.
Todo esto confunde a la opinión pública. Y sería muy sencillo terminarlo. Con facilidad se podría desmontar esta campaña de insidias de baja intensidad. Bastaría que el gobierno se comprometiera activamente en el esclarecimiento de los hechos y pusiera a disposición de la ministra Chevesich todos los antecedentes de que dispone. En otras palabras, que el gobierno se anticipara a demostrar la diligencia y probidad de sus funcionarios y sancionara administrativamente a los que han incurrido en ilícitos administrativos o penales. Con transparencia y severidad estallaría la burbuja de escandalera permanente que infla El Mercurio. Lo que parece sencillo, sin embargo, no se hace. Y ello porque para el gobierno es muy difícil, o quizás imposible. Tendría que reconocer la existencia de corrupción de alto nivel, manejos oscuros y también fuentes de financiamiento electoral que la Concertación necesita mantener en secreto, porque su conocimiento pondría en evidencia compromisos y cohabitaciones impresentables.
Frente a esta situación el gobierno parece decidido a soportar el chantaje, pagando cada cierto tiempo un precio -cada vez más elevado- por el silencio mercurial. Se conforma con periódicas rabietas de ministros como Insulza -diestro en manejos mediáticos- y del presidente de la República. Mientras, cede terreno al chantaje de la derecha. Un ministro del gabinete, Sergio Bitar, por ejemplo, sigue fungiendo como vicepresidente de la Fundación Paz Ciudadana, tinglado montado por el propietario de El Mercurio, Agustín Edwards Eastman, para legitimar campañas del terror de evidente impacto político. Al directorio de la Fundación se acaba de incorporar el diputado DC Jorge Burgos, ex embajador y ex subsecretario del Interior. Entretanto, se tratan nuevos negocios para aceitar los engranajes financieros de El Mercurio y la voluntad de su propietario, ayer cómplice del golpe de Estado y hoy figura infaltable en los más altos círculos del poder.