En editorial de este domingo 29 de mayo El Mercurio hace una defensa sin matices de las posiciones asumidas por el Fiscal Nacional Jorge Abbott. Ambas posturas contradicen toda lógica democrática al defender la idea de que el desafuero de parlamentarios corruptos, aún en casos de cohecho y soborno, pone en peligro el orden institucional. […]
En editorial de este domingo 29 de mayo El Mercurio hace una defensa sin matices de las posiciones asumidas por el Fiscal Nacional Jorge Abbott. Ambas posturas contradicen toda lógica democrática al defender la idea de que el desafuero de parlamentarios corruptos, aún en casos de cohecho y soborno, pone en peligro el orden institucional. Así, el «Decano» de la prensa monopólica arremete contra las «pretensiones punitivas» de algunos ex fiscales honestos sensibles al clamor de la ciudadanía.
Las experiencia reciente es nítida: las leyes chilenas son laxas cuando se trata de perseguir delitos de corrupción en la política.
Los fiscales han demostrado ser débiles en el aspecto profesional. Son, como los casos de SQM, Penta y Corpesca lo prueban, las prácticas corruptas de los empresarios que corrompen, y de los políticos y los ministros o subsecretarios de ministerios que se dejan corromper, los que tienen al país al borde de convertirlo en una vulgar república bananera al servicio de la oligarquía empresarial. Sin olvidar las decisiones aberrantes del Tribunal Constitucional (TC) que van en el mismo sentido.
Pese a la Reforma Procesal, la institucionalidad no se adapta a las mutaciones de la época ni a la nueva subjetividad crítica de amplias franjas ciudadanas.
Son las fuerzas democráticas y de izquierda las que deben aprovechar las oportunidades políticas del momento y profundizar su proyecto, pues las fuerzas de ultraderechas conservadoras, que ahora cuentan con el nuevo partido de J.A. Kast, están al acecho para captar incautos con las mismas monsergas acerca del «orden y los valores cristianos» que defiende El Mercurio.
Que un medio como El Mercurio que apoyó a una dictadura criminal defienda hoy las posturas elitistas en el plano de la justicia, y que lo haga en nombre del «orden», es un signo más del atraso político de la democracia chilena.
Situación a la que se agrega una actitud blanda y complaciente de los jerarcas del Ministerio Público inducida por la presencia de un Gobierno de derecha neoliberal y conservadora a cuya cabeza está un empresario-político cuya aptitud para sobreexponerse es parte de su ADN.
Esto es útil -la sobreexposición (como en el nepotismo recurrente) del gobierno de la oligarquía- para las fuerzas democráticas y antineoliberales pues las prácticas de la elite empresarial en el poder permiten hacer pedagogía política y creación de consciencia basadas no en la ideología sino en los porfiados hechos. Es decir a partir de las consecuencias de las decisiones concretas que toma un gobierno que favorece a los mercados, al capital y que promueve la devastación ambiental territorial y oceánica.
Un gobierno que usa los cucos del terrorismo y el déficit fiscal para desviar la atención.
Ha habido una falta de voluntad política por todos los gobiernos posdictadura para prever este tipo de situaciones.
Los imperativos económicos empresariales y del modelo que concentra la riqueza y genera desigualdad han dominado por sobre lo que algunos llaman la «modernización del Estado» o la ética política. Se está lejos de los parámetros de lucha contra la corrupción establecidos por la OCDE.
Obvio, un «Estado moderno» y democrático comprometido con el bienestar de sus ciudadanos sabe combatir la corrupción de raíz, cosa que en Chile no ha sucedido ni sucederá al menos que se desarrolle un movimiento social contra la corrupción y contra la impunidad de los grandes empresarios que han logrado domesticar la justicia, y que obligue a votar una legislación dura con pena de cárcel.
Sin embargo, no faltan los «foros» acerca del tema de la «modernización del Estado» (sin hablar de Estado con responsabilidad social). Allí, la orientación de las intervenciones de los panelistas insiste en los concursos para los puestos de alta dirección y en dar certezas y buenas condiciones a la actividad empresarial y a la inversión extranjera, pero dónde, no obstante, se evita tocar el tema de la corrupción de la política íntimamente ligada a su captura por los intereses oligárquicos.
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¿Adónde nos lleva la doctrina Abbott?
En su cuenta pública como jefe del Ministerio Público Jorge Abbott hizo polémicas declaraciones que se contradicen con la misma ideología liberal que tiene como principio preservar la igualdad de las personas ante la ley. Para esto sirve la «división de poderes del Estado» (al menos en teoría), que por lo mismo, da razón y es la base de la legitimidad de la justicia en las democracias liberales y representativas como la chilena.
Como es sabido, aunque la Constitución del 80 no sea de origen democrático sino dictatorial, las intervenciones de los poderes del Estado buscan – sobre todo los que aplican la justicia – salvar las apariencias respecto a las formas.
No así el fiscal nacional Jorge Abbot que se salió del libreto de la doctrina liberal al declarar: «los fiscales debemos estar conscientes de que nuestras decisiones, tomadas en sede administrativa, pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional, si es que afectan los quórum de votaciones legislativas, alterando con ello la representación popular que sus miembros ejercen».
Y en entrevista radial al día siguiente, Abbott perseveró en su visión al declarar: «Hay parlamentarios que tienen una representación importante de personas, que durante el periodo en que estuvieron desaforados no tienen representación en el Congreso, y eso nos parece, a mí en lo personal, que altera el funcionamiento de la democracia, y si eso depende de un funcionario administrativo, me parece que su obligación es tratar de minimizar el tiempo en el que esa persona no tenga representación».
En otras palabras, el fiscal nacional jefe Abbott nos está diciendo que a los parlamentarios en particular y a los políticos en general hay que tratarlos con pinzas; que no pueden ser desaforados por la justicia porque cambian los quórums («se altera la democracia»); es decir los diputados y senadores serían intocables o impunes por función en nombre de la gobernabilidad.
Según la doctrina Abbott, un presidente de la república por muy corrupto que sea en el ejercicio de su mandato no podría ser destituido por el solo hecho de haber sido electo y dejar a un país sin presidente.
Una aberración jurídica y política desde el punto de vista democrático. Un corrupto como Nixon tendría que haber terminado su mandato.
Lo peor es que Abbott desconoce los fundamentos de la democracia puesto que esta funciona con la división de poderes (Montesquieu), pero que este esquema que garantiza el control entre ellos, no sólo sirve para evitar la concentración del poder (fundamento político-filosófico del liberalismo desde sus inicios) sino que establece una balanza entre los poderes del Estado, que se chequean y controlan. Y generalmente es el poder de la Justicia o poder judicial con el manejo de la ley (en el cual se incluye el Ministerio Público) el que lo ejerce. Lo que significa necesariamente tensión entre estos aparatos del Estado.
Lo que hace el fiscal nacional Abbott es poner a los parlamentarios (a los corruptos) por encima de la ley. Al tomar partido por la elite política y los mecanismos de representación que la protegen y le da privilegios con respecto a la ciudadanía que los eligió (una especie de nobleza de toga monárquica). Más lejanos aún del control de los ciudadanos comunes y corrientes.
En otras palabras, si hay parlamentarios corruptos, según Abbott, éstos deben representar de todas maneras a los ciudadanos que los eligieron, aunque hayan sido comprados por las empresas (Corpesca-Ley de pesca, SQM cohecho, financiamiento ilegal de campañas por ej.) y promuevan y voten leyes sin que los ciudadanos sepan cuáles son las verdaderas motivaciones.
Según el razonamiento de Abbott, es normal entonces que los congresistas y políticos engañen y manipulen a sus electores.
En definitiva, si los casos de prácticas políticas corruptas son recurrentes en Chile es, como Abott lo verbaliza, porque la justicia chilena tiene este sesgo de clase y de protección de la elite política que la hace preferir la estabilidad política a la justicia como garante del proceso democrático.
Fue lo que expresó el ex fiscal Gajardo: que los antecedentes para investigar a Bachelet y al actual presidente Sebastián Piñera eran «claros». Y si esto no se hizo fue porque «las personas decididas a presentar querellas, Michel Jorrat y Cristián Vargas del SII, fueron removidos de sus cargos» .
Dos preguntas ciudadanas se imponen: ¿cuándo se termina el período de Abbott a la cabeza de Ministerio Público? ¿Y cómo se elegirá al nuevo fiscal?
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Caso Penta: El brazo de la justicia no alcanza a los ricos y poderosos
Diez años (10) de cárcel se exigían cuando era el fiscal Carlos Gajardo el que presentaba los cargos contra Carlos Délano, Carlos Lavín (los propietarios del grupo Penta) y contra el ex empleado del holding y subsecretario de Minería Pablo Wagner (cuando cometidos los delitos). A los dos primeros también se les exigía una multa del 300% por elusión de impuestos al fisco por el uso de boletas truchas.
Para el ex subsecretario ministerial del primer gobierno de Piñera I Pablo Wagner la pena solicitada por el ex fiscal Gajardo se apoyaba en delitos tributarios, además de cohecho con soborno y lavado de activos.
Con Abbott de fiscal jefe, Piñera Presidente y con el fiscal Manuel Guerra los dos Carlos no irán la cárcel. Políticos y empresarios corruptos hacen yunta con fiscales condescendientes.
Hoy, con el fiscal Manuel Guerra a cargo, los Penta boys solo serían penalmente acusados por la presentación de «declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda», entre otros delitos tributarios, y no por los pagos -$42 millones- que realizaron, entre marzo de 2010 y octubre de 2012, al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, mientras ejercía como funcionario público.
Se pide para los Carlos «4 años de pena en libertad» (Sic) más multa.
Para justificar estos cambios la defensa de los propietarios de Penta y el fiscal a cargo del caso llegaron a un acuerdo dicen. Para eso se levantó el rumor jurídico que el cohecho y el soborno son difíciles de probar.
Y sin cohecho se esfuma la imputación de lavado de dinero contra el ex subsecretario Wagner.
¿Quién cree el cuento jurídico, si para eso están los fiscales y sus equipos de investigaciones cuya tarea es levantar acusaciones fundadas en la duda racional de que el pago a Wagner ($42 millones) era efectivamente y entre otras cosas para que éste en su calidad de subsecretario de Minería de Piñera maniobrara para que Carlos Lavín (Penta) fuera nombrado miembro del directorio de Codelco?
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