Denegación de justicia e incumplimiento de las leyes de accidentes del trabajo en dos casos de temporeras fallecidas, hijos con malformaciones derivadas del uso de plaguicidas y problemas de salud por las fumigaciones; contratos por faena que duran siete días sin límite horario y son renovados una y otra vez en la temporada para una […]
Denegación de justicia e incumplimiento de las leyes de accidentes del trabajo en dos casos de temporeras fallecidas, hijos con malformaciones derivadas del uso de plaguicidas y problemas de salud por las fumigaciones; contratos por faena que duran siete días sin límite horario y son renovados una y otra vez en la temporada para una empresa con distintas razones sociales; acoso sexual y laboral en los packing o campos, y discriminación por sexo, edad o aspecto físico, son algunas de las muestras de violencia laboral contra las mujeres temporeras analizadas el 25 de noviembre por un Tribunal Etico ad hoc que sesionó en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.
La actividad fue convocada por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI en el Día Internacional contra la Violencia de Género, con la asistencia de mujeres asalariadas agrícolas de diversas regiones del país y organizaciones ligadas al trabajo del campo y el mundo sindical, como RAP-AL, la Red de Acción en Plaguicidas, el Centro de Estudios de la Mujer y otras organizaciones sociales entre las que destacaron representantes de los sindicatos de trabajadores de las universidades privadas.
El veredicto del tribunal concluyó que los casos denunciados a través de un impactante video protagonizado por mujeres campesinas sometidos a esas prácticas en zonas como Los Choapinos (región de O’Higgins), en San Clemente y Parral (región del Maule), en San Pedro Quillota (región de Valparaíso) son representativos de la realidad laboral de las cuatrocientas mil mujeres rurales e indígenas del país, y forman parte del costo oculto del modelo agroexportador chileno, que en el último tiempo ha intensificado sus prácticas de superexplotación laboral para aumentar la rentabilidad del sector a costa de la salud y el desamparo de las trabajadoras del campo. El trabajo por faena, sin elementos de protección personal y sin cotizaciones constituye una constante en la agroindustria, que para ahorrar costos, ahora exige a una trabajadora realizar la misma labor que antes hacían varias mujeres y pretende hoy legalizar esta práctica extendiendo aún más («flexibilizando») la jornada de trabajo.
Las violaciones a los derechos humanos descritas por temporeras de Los Choapinos que se desempeñan en empresas transnacionales como David del Curto, UniFruit, Del Monte y Massai , responsables de condiciones de trabajo existentes, incluyen un trato degradante por parte de las jefas de línea descrito por las testigos: «Te cambio de puesto por gorda» o «No me sirven las viejas porque van muy seguido al baño»; «Nos aplican el plaguicida a pocos metros de nosotras y la nube nos alcanza, pero nos dicen que no es problema porque el olor es sólo un repelente».
Momentos de gran emotividad se vivieron con la representación teatral de cómo se vive por las temporeras el momento en que se recibe el pago, siempre menor de lo esperado, y la interacción entre las compañeras de trabajo. En el reparto actoral estaban las mujeres del sindicato «Cecilia Ortiz» de temporeras constituido en la región de Atacama homenajeando a su compañera muerta a causa de un accidente resultante de las pésimas condiciones de trabajo.
Luego de escuchar los testimonios y relatos, Ana Orrego, presidenta de la Federación de trabajadores de universidades privadas intervino para solidarizar y relatar que también ellos sufren el acoso sexual y laboral y realizó una dinámica que comprometió a las asistentes -tomadas de la mano y gritando a viva voz su dolor – a convertir la rabia y la impotencia en organización, en lucha, y acción.
Conducta de las transnacionales de la agroindustria
El veredicto del tribunal concluyó al respecto que las empresas de la agroindustria utilizan mecanismos como la certificación en buenas prácticas agrícolas para ocultar estos hechos con propaganda y visitas guiadas en las que, según se denunció, se coloca a las trabajadoras jóvenes para dar buena imagen de las empresas. Denunció asimismo el tribunal al Estado chileno por el incumplimiento de la legislación laboral vigente y por el nulo interés de las fiscalías regionales para actuar con celo en los casos que afectan a las trabajadoras, por lo que se acordó reactivar los procesos iniciados y buscar el fin de la impunidad en los hechos fatales acaecidos anteriormente, que afectaron a Cecilia Ortiz trabajadora de la empresa RUTA (Ruiz Tagle) de Villa María, Copiapó y a Victoria Alicia Muñoz, Araya, cuyo empleador era Agrícola Aurora, de San Clemente y que son sólo la punta del iceberg de una realidad que de a poco comienza a ser conocida.
Destacó asimismo el tribunal como un ejemplo emblemático para el sector, el trabajo realizado por la comunidad en la localidad de San Pedro Quillota, donde se conjugaron en red los esfuerzos del Centro de Salud Familiar, con los miembros de juntas de vecinos y organizaciones locales, junto a personas afectadas por fumigaciones, y organizaciones de apoyo para llevar adelante una campaña de información al público sobre los efectos de los agrotóxicos y de impulso a la alimentación sana, con el apoyo del municipio. En esta comunidad, a raíz de esa campaña una madre -que vivía con sentimiento de culpa- pudo recién establecer la causa por la cual su hija había nacido con malformaciones: su marido trabajaba desde muy joven como aplicador de plaguicidas y ella, desconociendo los efectos de esos venenos, lo acompañaba, también sin protección, y lavaba su ropa junto a toda la de la familia.
Del jurado formaron parte Mireya Baltra, ex Ministra del trabajo del gobierno del Presidente Salvador Allende; el Padre Alfonso Baeza, de histórica vinculación con las luchas sindicales a través de la Pastoral Obrera, Pamela Caro, del CEDEM y Lucía Sepúlveda, de RAPAL, quienes junto a quienes iniciaron el trabajo en 2009 (María Elena Rozas, Ester Feres, el abogado Ariel Espinoza, Vicky Quevedo y Gustavo Molina darán continuidad al trabajo iniciado el año 2009 en este sentido.
Por su parte, las mujeres asalariadas llevaron a sus regiones el libro que recupera la experiencia del 2009 «Tribunal Etico: Basta de Violencia hacia las mujeres en el Trabajo», que se lanzó en la actividad y será utilizado como una herramienta de trabajo ante autoridades, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales con el fin de visibilizar este problema, una cara menos conocida que el maltrato doméstico a las mujeres, pero con consecuencias igualmente graves.