No resulta nuevo señalar que la mercantilización neoliberal ocupó todos los aspectos de nuestras vidas durante estas últimas cuatro décadas. Salud, cultura, educación, pensiones, bienes comunes: todo se transformó en objeto de mercantilización. Un ámbito de especial relevancia, más no tomado con suficiente atención desde aquellas actorías que pretenden terminar con el neoliberalismo en Chile, ha sido la “cuestión territorial”.
Así planteado, la cuestión territorial parece un tema ambiguo, difuso o vacío de soporte teórico; sin embargo, nos interesa relevar la importancia de largo plazo que reviste construir política transformadora desde los territorios y disputar sus instituciones.
Si bien, la cuestión territorial ha sido un tema de larga data en algunos sectores políticos y en ciertos círculos académicos, el tema ha cobrado mayor relevancia en la última década a partir de la emergencia de una serie de luchas que en diversos lugares del país se han sucedido por la defensa de territorios ante proyectos de inversión extractivos que afectan a las comunidades, o bien, en la articulación de singulares procesos democráticos de defensa del poder local. El tema cobra especial relevancia en momentos en que Chile atraviesa una crisis política que ha derivado en un inédito proceso constituyente y en tiempos en que el COVID 19 ha demostrado que la comunidad que habita los territorios, en particular la ciudadanía organizada en el espacio local, ha sido uno de los principales soportes que ha permitido enfrentar con mayor efectividad la pandemia y la precariedad económica.
Tanto la crisis política, como la crisis sanitaria que atravesamos nos vuelven a dejar de manifiesto que los territorios “subnacionales” están activos y albergan una infinidad de experiencias organizativas acumuladas a lo largo de décadas. Esta “capacidad comunitaria” –que tiende a ser objeto de clientelización y paternalismo por autoridades nacionales, regionales y locales— nos alerta que es desde el espacio situado, el espacio habitado y “experienciado” desde donde es posible construir condiciones para crear comunidades organizadas que le otorguen un sentido común al espacio local y enfrenten la idea mercantilista del espacio público que nos han impuesto durante décadas.
Esta cierta activación de “lo territorial”, que ha logrado crear entramados sociales complejos a nivel de barrios, poblaciones, comunas, ciudades, e incluso, regiones, puede ser una importante clave para la orientación política de los sectores populares y actores transformadores.
A pesar de plantear esta idea, que puede reflejar cierta candidez estéril sobre lo territorial, sostenemos que el territorio está lejos de ser ese espacio armonioso, bucólico y exento de conflictos sociales, raciales y de clase. Tal como nos aporta la geografía crítica el territorio es, en esencia, un espacio construido complejo de relaciones de poder y dominación, en el que convergen y divergen intereses, actores y sujetos. Y es justamente su carácter conflictivo y contrario el que lo vuelve idóneo para construir procesos de cambio multiescalar. En efecto, el conflicto es la esencia y el motor de la vida social y es a través de la disputa de intereses donde la sociedad ejercita la política y donde se pueden construir los cimientos de una opción de superación del orden vigente. Durante 40 años en Chile se impuso una política mínima, vaciada de disputa de proyectos de sociedad, en que el consenso elitario fue la clave para gobernar, excluyendo a las mayorías e impidiendo cambios al sistema económico y político. La rebelión popular de octubre del 2019 y las redes de solidaridad expresadas en la pandemia demuestran que esta politización de lo social —negada, controlada y cooptada durante toda la transición— tiene su asiento en los espacios locales.
Poner el foco en lo territorial no implica negar ni pasar por alto las necesarias disputas que se vienen dando en el orden nacional. Un proyecto transformador debe deshacer –partiendo por la Constitución Política— cada una de las leyes, dispositivos y arreglos que han instituido el capitalismo neoliberal. No obstante, el despojo capitalista tiene una nítida expresión en el plano espacial y reviste una particular relevancia su transformación. La privatización del espacio público, de los servicios elementales, el control inmobiliario y sanitario del suelo urbano, las decisiones respecto de los grandes proyectos de inversión, como parques industriales, infraestructura, carreteras, son decisiones impuestas, no tan solo por el mercado, sino con el aval y, en la mayoría de los casos, con el subsidio y compromiso del Estado. En ese maridaje también han tenido un rol fundamental los gobiernos e instituciones subnacionales.
En tal sentido, la disputa por los territorios indica una orientación clave que los movimientos sociales y fuerzas políticas de transformación no debiésemos soslayar. Y dicha disputa abarca la construcción de procesos de organización popular y poder comunitario para la gestión de servicios elementales, o las luchas contra determinados proyectos de inversión, por la transformación del espacio local, por el acceso a servicios básicos, entre muchos otros ámbitos. Pero complementariamente, se trata también de disputar cada una de las instituciones públicas de escala local y regional, para reconfigurar las relaciones de poder que existen en dichos espacios y poner la institucionalidad pública subnacional al servicio de estos procesos. En tal sentido, es menester que dichas disputas sean el reflejo de la diversidad de las luchas y experiencias de gestión comunitaria que pueblan los espacios locales.
Esto nos lleva a plantear la urgencia de establecer puentes cada vez más sólidos entre las múltiples actorías y sujetos/as sociales y políticos/as del ámbito nacional y local. La coyuntura actual, nos tensiona para cimentar una suerte de organicidad político social al calor de la construcción de trabajo y confianzas mutuas. Los esfuerzos de articulación social y política en los últimos meses han apuntado en este sentido, sin embargo aún resta camino en la depuración de proyectos colectivos que cuajen en escala local.
Desmontar la arquitectura política, jurídica e institucional del neoliberalismo y del Estado subsidiario no recaerá solamente en la redacción de la nueva constitución. Ese será el primer paso. Junto con él se debe dar continuidad a este nuevo ciclo político que permita instituir los cambios que el movimiento social y las fuerzas transformadoras hemos venido impulsando hace décadas. Construir un nuevo paradigma de desarrollo, cambiar el carácter del Estado y transformar el entramado legislativo no será tarea de un grupo de partidos políticos, ni de intelectuales o académicos especializados en tal o cual materia. Será mucho más que eso. Será responsabilidad de las mayorías sociales y políticas que se han dotado de una infinidad de organizaciones, instituciones y aparatos para concretizar sus ideas para emprender estas batallas.
Desde octubre el pueblo ha abierto una coyuntura constituyente inédita en la historia reciente del país. La agenda electoral 2020-2022 será un escenario propicio para poner en juego dicha voluntad popular constituyente y para canalizar esta energía social en un ejercicio instituyente de cambios en la sociedad y en el Estado. Es hora de que las actorías y movimientos territoriales levanten la voz una vez más, pero esta vez no sólo para denunciar y defender el territorio, sino que para disputar cada una de las instituciones públicas: diputaciones, convencionales constituyentes, pero por sobre todo, municipios, consejos y gobernaciones regionales.
El sentido está claro; se trata de recuperar lo que le pertenece al pueblo y construir otro modelo de desarrollo, profundizando la democracia, pero partiendo por la disputa territorial.