La lucha por el fin de la municipalización de la educación Nuevamente los estudiantes secundarios ponen las cosas en su lugar y dinamizan las luchas de fondo. Más de 5 liceos de los denominados «emblemáticos» -por su carácter histórico y excelencia académica- realizan en la actualidad ocupaciones culturales de sus establecimientos, demandando con claridad […]
La lucha por el fin de la municipalización de la educación
Nuevamente los estudiantes secundarios ponen las cosas en su lugar y dinamizan las luchas de fondo. Más de 5 liceos de los denominados «emblemáticos» -por su carácter histórico y excelencia académica- realizan en la actualidad ocupaciones culturales de sus establecimientos, demandando con claridad el retorno al Estado de la educación municipalizada, otra vez revelada en crisis durante la movilización de los profesores por el bono SAE. Los jóvenes exigen la estatización de la enseñanza municipalizada -municipalización tendiente a la privatización de la enseñanza impuesta en tiempos de la dictadura militar-, y la participación de la comunidad en la formulación de los proyectos educacionales que debe contener una educación genuinamente pública, integral, universal, reflexiva y gratuita.
A escala mundial, la educación privada oscila entre un 10% y un 15%. En Irlanda, la enseñanza privada raya en el 1%, y en Italia es de un 7% la primaria y de un 4,6% la secundaria. En los países denominados «en desarrollo», producto del desmantelamiento estatal y la imposición a rajatabla del recetario capitalista -que entre otros principios, impone desde sus instituciones internacionales, el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, la privatización absoluta de los derechos sociales fundamentales-, ha propiciado el avance de la enseñanza de propiedad privada hasta un 30%. En Brasil, la educación no universitaria de matrícula privada no excede el 11%; en México llega a un 12%; y en Perú al 17%. Chile supera con creces esas cifras: la suma de la educación privada-subvencionada y la privada-privada ya es mayor que la pública municipalizada. Es el extremo de la liberalización de la enseñanza, con los pobres resultados por todos conocidos.
Las administraciones civiles de la Concertación simplemente consolidaron y profundizaron la tendencia a la privatización y la subvención escolar en desmedro estructural de la enseñanza de propiedad pública. El resultado transitorio de este proceso ha provocado, no sólo una educación altamente segmentada socialmente (de clases), sino que propició las condiciones para el estallido del movimiento estudiantil en 2006, y su resurgimiento actual; y la intención cosmética de modificar la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) por la Ley General de Enseñanza (LGE). Ella, además de consagrar el actual estado de cosas, esto es, la preeminencia de educación privada subvencionada, el colegio conducido bajo paradigmas estrictamente empresariales, persigue entregar la administración escolar a corporaciones cuyos objetivos están asociados a la ganancia y reñidos con el desarrollo y los intereses de las grandes mayorías nacionales. La lucha por la recuperación de la enseñanza como propiedad social financiada por el Estado, y el término de la escolaridad privada subvencionada es ética y políticamente un combate masivo, amplio, ancho del conjunto de los trabajadores y los pueblos. ¿Qué persona, mujer, hombre, trabajador@, joven podría estar fundadamente contra esta lucha y contra estos contenidos? Si en el primer mundo entre un 85% a un 90 % de la educación es propiedad del Estado, ¿Quién sino un sostenedor privado o un fanático de la liberalización irracional e injusta de los derechos sociales elementales podría oponerse a la demanda por la educación pública?
La lucha de los estudiantes debe convertirse en la lucha del conjunto del pueblo trabajador. La importancia estratégica para el país de la reivindicación exige de la movilización de las más amplias franjas de asalariados y pueblo. De lo contrario se corre el riesgo de su rápido aislamiento desde el gobierno y las represalias contra los jóvenes que lideran el movimiento.
Los crímenes de Bagua
Alan García, presidente del Perú, y una de las cabezas de turco de los intereses del imperialismo norteamericano en Latinoamérica, es el responsable visible del asesinato de cientos de originarios en Bagua, en la Amazonia. El mismo Alan García que hace unos años ordenó la aniquilación de presos en las cárceles, hoy, fascistamente y respaldado por el Tratado de Libre Comercio con el gobierno norteamericano, mandó matar indígenas que se oponen justamente a la explotación indiscriminada de una de las reservas naturales más valiosas de la Tierra. El capitalismo, en su larga fase tardía y en plena crisis civilizatoria, destruye empleo -según la OIT , a fines de 2009 los cesantes en el mundo pueden llegar a las 250 millones de personas-, materias primas y naturaleza. El Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores se hace parte del clamor planetario tras la condena a los crímenes de García y denuncia que también en Chile, a través de los intereses de la empresa Barrick Gold, se busca acabar con el Valle del Huasco mediante la explotación de oro en Pascua-Lama, en el Norte Chico del país. Las luchas ligadas a la defensa del agua, del mediombiente, del hábitat humano, animal y natural son también combates anticapitalistas de prioridad estratégica. El MPT hace suyos esas luchas urgentes y de las cuales depende el bienestar de la humanidad y las generaciones venideras.
Represión contra el pueblo mapuche
El gobierno de la Concertación no se queda corto respecto del régimen de Alan García si se trata de reprimir al pueblo mapuche. Bachelet inició su gobierno con una simbólica «consulta» a los pueblos indígenas en 2007, y en particular para el mundo indígena urbano hizo una consulta en 2007. Las conclusiones de estos debates permitirían teóricamente un avance en los derechos de los pueblos originarios e incluso facilitaría entendimientos parciales entre parte de sus organizaciones y el Estado. Sin embargo, el 2008 se inició con el asesinato impune de Matías Catrileo y los asesores de La Moneda terminaron por desechar cualquier paliativo: impusieron un comisionado con poderes extraconstitucionales y optaron por el aplastamiento de las organizaciones «participativas» o colaboracionistas y el uso de la represión más brutal contra los sectores más decididos. Hoy el gobierno trabaja por desconocer sus compromisos, como la puesta en ejercicio del Convenio 169 de la OIT, e intenta imponer una nueva consulta ilegal que hace retroceder los derechos adquiridos. A la vez, en las regiones VIII, IX y X, los Carabineros y la Marina mantienen el control político y militar del área, hostigando a diario a las comunidades y a sus dirigentes, sobrepasando sus atribuciones y actuando como un Estado autónomo militarista. Esta situación ha obligado a las organizaciones «participativas y moderadas» a radicalizar sus métodos, reemplazando la inefectiva participación con medidas de presión y adoptando una nueva conducción, esta vez, de acción política tras la conquista de derechos colectivos y la autodeterminación. El MPT estará presente en las luchas de los pueblos originarios, ejercitando las relaciones interculturales, el pluralismo y el intercambio de conceptos y enseñanzas, para fortalecerse recíprocamente y dar una lucha común contra el sistema del capitalismo globalizante, usurpador y opresor.
Junto a los mineros de Tambillos
103 trabajadores, mineros de Tambillos, IV Región, junto con sus familias, están en Huelga Legal desde el 1 de mayo ya que se les ha negado la negociación de sus demandas. Como ninguna gestión de los mineros de buscar mediación o apoyo para poder negociar dio fruto, cuatro de ellos, junto con dos estudiantes solidarios, se encuentran en huelga de hambre desde el miércoles 10 de junio. Ese mismo día, su campamento fue arrasado por la policía. La declaración de los mineros en lucha afirma que «Hemos tomado esta decisión a causa de la nula respuesta de las autoridades de gobierno y los órganos fiscalizadores, manifestando la impunidad con la que operan los empresarios indignando y explotando a los trabajadores, sumando a esto la omisión de los medios de comunicación del conflicto haciéndose cómplice de la actual dueño de la mina, Francisco Javier Errázuriz, uno de los empresarios que concentra el poder económico del país. Teniendo en cuenta que la huelga lleva 42 días sin soluciones ni negociación, y comprende 103 obreros con sus familias planteando las siguientes irregularidades: No se han pagado salarios de los meses de marzo y abril; La rebaja de los sueldos en un 50%; La seguridad laboral nula par las faenas mineras lo que se refleja en las malas condiciones en los camiones y maquinarias, y un comité paritario inactivo que no cumple con sus funciones; Prácticas antisindicales y trato indigno por parte de administradores y capataces abusando de sus atribuciones en especial hacia las mujeres trabajadoras. Tenemos la certeza y estamos concientes que nuestra lucha no es sólo reivindicativa sino que se amplía a una necesidad social de organizarnos por la vida, la dignidad y la justicia y en contra de los menos, que quieren llenarse los bolsillos a costa de nosotros. Nuestra lucha es por los nuestros, los que fueron y los que vendrán.» Al respecto, militantes del MPT de la zona han colaborado activamente desde el inicio de las movilizaciones mineras.
El gobierno contra los medios comunitarios
En las últimas semanas, medios de comunicación comunitarios han sido amedrentados por la policía y agentes de civil del Estado. El MPT, al igual que los enemigos de las grandes mayorías, sabe perfectamente que una de las dimensiones centrales en la lucha por la recomposición de la hegemonía de los pueblos y los trabajadores se disputa en el ámbito de las comunicaciones. Los medios de masas dominantes juegan un rol eje en la alienación, el control social, disciplinamiento y construcción de «consenso» a favor de los intereses de la minoría en el poder. De allí la importancia superlativa de que los de abajo, los desheredados, cuenten con medios propios.
El MPT multiplica su presencia
La ofensiva de los dueños de todo en Chile contra las iniciativas populares es pan amargo de cada día ante el eventual aumento de la conflictividad social devenida de la crisis capitalista en curso. La hora de la unidad sobre los intereses de los expoliados es el único camino posible para enfrentar la agresión oligárquica. Es por ello que el MPT crece hacia abajo, hacia el pueblo profundo, y multiplica su presencia en las diversas iniciativas independientes del movimiento real de los pueblos y los trabajadores. Mientras por arriba, los fuegos artificiales del bloque en el poder y sus contradicciones adjetivas apuntalan una Concertación en descomposición a través de candidatos mediáticos diariamente cubiertos por el órgano oficial de la burguesía, El Mercurio; el funcionario gubernamental y Presidente de la CUT , Arturo Martínez, se apresta a firmar a ojos cerrados la cifra miseria del sueldo mínimo (que no superará los $ 170 mil pesos); los hospitales colapsan por la influenza AH1N1 y las patologías de la temporada; los deudores habitacionales permanecen en huelga de hambre a orillas del río Mapocho por la condonación de sus deudas luego de haber pagado sus casas varias veces; y la cesantía aumenta a pasos agigantados, pese a las soluciones absolutamente insuficientes del gobierno de Bachelet.