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El narcoparamilitarismo en Antioquia, cuna de Uribe Vélez (I)

Fuentes: Rebelión

1. En estas columnas intentaremos documentar al máximo el examen sobre el narcoparamilitarismo en el departamento de Antioquia durante los años 90 del siglo XX, y según debate público propuesto por el senador Gustavo Petro. 2. Después de haber realizado contundentes debates sobre los crímenes del narcoparamilitarismo en Norte de Santander, Cesar y Sucre, en […]


1. En estas columnas intentaremos documentar al máximo el examen sobre el narcoparamilitarismo en el departamento de Antioquia durante los años 90 del siglo XX, y según debate público propuesto por el senador Gustavo Petro.

2. Después de haber realizado contundentes debates sobre los crímenes del narcoparamilitarismo en Norte de Santander, Cesar y Sucre, en los que se dio un activa participación de importantes parlamentarios afectos al Presidente Álvaro Uribe Vélez, en prisión hoy por determinación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el senador Gustavo Petro, destacado líder del Polo Democrático Alternativo, al igual que la bancada de esta agrupación política, han anunciado un documentado debate sobre el paramilitarismo en el departamento de Antioquia, de donde es oriundo el actual Presidente de Colombia, y particularmente durante los años noventa del siglo pasado.

3. Como gobernador de Antioquia para el periodo 1995-1997 fue elegido Álvaro Uribe Vélez.

4. Como hecho destacado su administración promovió la creación de las Cooperativas de Seguridad Privada CONVIVIR, iniciativa destinada a legalizar paramilitarismo. Uribe Vélez experimento su modelo de «Estado Comunitario» (Estado mafioso), con la cortina de humo de estimular la participación de la ciudadanía en la generación de empleo con un modelo paramilitar de seguridad pública. A partir de un programa auspiciado por el imperialismo norteamericano a través de la Universidad de Harvard, se capacitó cerca de 50.000 antioqueños en «Negociación Pacífica de conflictos». Este proyecto sirvió para crear las Asociaciones Comunitarias «Convivir», en 1994 y cuyos miembros podían realizar agresiones y asesinatos contra el pueblo, mientras el Estado y las fuerzas de seguridad les garantizaban el secreto y la cobertura. Estas cooperativas fueron utilizadas por los terratenientes y los narcotraficantes para aplicar la política contrainsurgente de «tierra arrasada» en numerosas zonas campesinas y en la misma capital antioqueña. Fue con las Convivir que los paramilitares lograron su despliegue nacional, se consolidaron en Antioquia en el Nudo de Paramillo e ingresaron al Eje bananero de Urabá asesinando y desplazando a miles de campesinos. En el Congreso de Ganaderos, en 1996, se aprobó extender esa iniciativa de Uribe Vélez a nivel nacional y además promover su candidatura presidencial. El diario El País, de la ciudad de Calí, del 3 de agosto de 1998, dio cuenta de la fusión de CONVIVIR con los paramilitares: «Representantes de más de 2.000 cooperativas de seguridad privadas han anunciado que se armarán y unirán al movimiento paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia-AUC-.El movimiento fue formado en 1996 por más de 16 agrupaciones paramilitares de todo el país y están lideradas por Carlos Castaño, jefe de la principal organización de extrema derecha de todo el país.

Según los registros de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los jefes paramilitares figuraban entre los principales impulsores de las cooperativas de seguridad. Mancuso fundó su propia Convivir dotada con subametralladoras, pistolas automáticas y fusiles.

5. Algunos opositores de Uribe han argumentado, incluyendo las críticas anteriores, que las CONVIVIR sirvieron de cuna o cobertura para el desarrollo de las autodefensas ilegales en Antioquia. El 4 de diciembre del 2006, en una entrevista radial, Uribe reiteró su anterior apoyo a las CONVIVIR, negó que fueran parte del inicio del paramilitarismo, y afirmó que él asumió la responsabilidad de los 60 o 70 grupos CONVIVIR que operaron en el departamento durante su gobernación.

6. El 22 de abril de 1996, durante una acción coordinada por miembros de la Brigada XIV, el Batallón Bombona, la Policía y paramilitares, fueron asesinados 17 pobladores en el municipio de Segovia (Antioquia). La respuesta que dio el Gobernador Uribe Vélez fue la expedición, el 10 de mayo de 1996, del decreto 2035, que declaraba los municipios de Segovia y Remedios como «Zona Especial de Orden Público», dando mayores facultades a la Fuerza Pública para controlar y amedrentar a los pobladores de la zona.

7. En octubre de 1996, 1.500 campesinos de Remedios y Yondó (Antioquia) y del sur del departamento de Bolívar, marcharon hacia Barrancabermeja reclamando por el abandono estatal y la violencia que se vivía en la región. El éxodo terminó con la firma de unos acuerdos con el gobierno nacional que se comprometía a garantizarles la vida y desarrollar proyectos de inversión social en la región. Pero, la respuesta real que recibieron los campesinos fue más represión y violencia.

8. Entre el 21 y el 27 de diciembre del mismo año, las veredas Puerto Nuevo Ité, La Congoja y La Troja, de Yondó, fueron arrasadas por tierra por paramilitares, mientras eran bombardeadas por aviones militares. Esa fue la respuesta del gobierno de Antioquia, en cabeza de Uribe, a las exigencias de los campesinos.

9. AUV pronunció el discurso principal en el «homenaje de desagravio» a los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán (jefes de las guarniciones de Urabá y César respectivamente), después de que fueron retirados del servicio por las múltiples denuncias que los vinculaban con las AUC y con la participación en masacres y otros crímenes ocurridos entre 1996 y 1997.

10. El 7 de octubre de 1996, se dictó resolución de acusación por conformación de grupos paramilitares (del grupo conocido como «la banda de los Erres») y participación en asesinatos, torturas y otros crímenes de lesa humanidad, a los hermanos Carlos Alberto y Juan Diego Vélez Ochoa, primos tanto de Uribe Vélez como de los confesos narcotraficantes del «Clan Ochoa». Los hermanos Vélez Ochoa fueron detenidos y, según figura en el proceso, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, intercedió por su libertad, y en la segunda instancia del proceso fueron absueltos de toda responsabilidad.

11. También se han conocido denuncias que en la década de los 90 el centro de operaciones del grupo paramilitar ‘Los Doce Apóstoles’ estructura integrante de las AUC, es la finca de Álvaro Uribe Vélez conocida como La Carolina. Varios testimonios señalan a Santiago Uribe Vélez como el líder de Los Doces Apóstoles, grupo responsable de más de 50 asesinatos cometidos en los municipios de Santa Rosa de Osos y Yarumal.

12. Mientras tanto, por todas partes en el departamento y durante estos años, los paramilitares salieron contra las luchas de los obreros. En Salgar, entre el Urabá y el Magdalena Medio llegaron hasta amenazar a los empleados y sus familias para que aceptaran «las propuestas del Gobernador».» No los queremos ver más aquí», decían los paramilitares.

13. AUV propició que los ganaderos entregaran a grupos paramilitares 650 hectáreas en Urabá y 900 hectáreas en el Magdalena Medio, lo que ayudó a consolidar el control paramilitar en estas regiones.

14. La política del gobernador Uribe Vélez tuvo muchos opositores entre ellos el jurista JESÚS MARIA VALLE JARAMILLO, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia quien denunció días antes de ser asesinado: «Estamos exportando a través de una concepción equivocada del orden público, violencia para departamentos pacíficos como la costa y el Choco. Estamos exportando violencia, a través de las Convivir, para todo el país (…) y los militares y las Convivir se confunden en los uniformes, en las sedes, en los vehículos que utilizan…». VALLE JARAMILLO fue asesinado en su oficina, el 27 de Febrero de 1998. El abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle había formulado múltiples denuncias sobre la acción conjunta de tropas adscritas a la IV Brigada del Ejército y grupos paramilitares en Ituango. Presentó sus quejas al general Carlos Alberto Ospina -actual comandante de las Fuerzas Militares- y al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. La reacción de las autoridades fue una demanda penal por calumnia. El debate entre el abogado y el gobernador se hizo en los medios de comunicación y giró en torno a la creación de las asociaciones Convivir. Valle afirmó: «Los militares y las Convivir se confunden en los uniformes, en las sedes, en los vehículos que utilizan». Uribe lo llamó públicamente «enemigo de las Fuerzas Armadas». El 27 de febrero de 1998, dos sicarios entraron a la oficina del abogado y, en presencia de su hermana, lo asesinaron. Sus restos mortales no pudieron ser velados en la Universidad de Antioquia, pues la rectoría del plantel no autorizó que se realizaran los actos de homenaje póstumo en sus recintos. En una carta abierta en la que negaba haber incitado a la violencia contra el defensor de derechos humanos, el gobernador Uribe sostenía que su política de crear las Convivir se basaba en la convicción de que eran «un modelo transparente de cooperación ciudadana con la Fuerza Pública».

15. La mejor síntesis de lo que fue la gobernación de Uribe Vélez en Antioquia la hizo la periodista del Espectador María Teresa Herrán, con ocasión de un homenaje nacional que se le brindó al gobernador URIBE en Bogotá, decía que «no sabía si el homenaje era por su apoyo a ultranza a las Convivir o porque su Departamento estaba bañado de sangre».Igualmente el periodista Joseph Contreras recuerda en su libro con la biografía no autorizada de AUV, que en julio de 1997, la Secretaría de Derechos Humanos y Libertades con sede en Madrid condenó la visita de Uribe Vélez a España, asegurando que «… las Convivir fueron utilizadas por los terratenientes y los narcotraficantes para aplicar la política contrainsurgente de tierra arrasada en numerosas zonas campesinas y en la misma capital antioqueña».

16. El balón iba y venía pero la torpeza de los jugadores quitaba fluidez al juego. El público asistente permanecía en silencio. Frágil y endeble, la elasticidad del balón no era la apropiada. Uno de los jugadores dijo: «Ojala la próxima vez lo inflen, antes del partido». Los equipos soltaron feroces carcajadas. Celebrado el 27 de febrero de 1997 en el poblado Bijao del Cacarica (noreste de Colombia), el partido tuvo dos ganadores y… un perdedor: dos goles para las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) y cero goles para los soldados del glorioso Ejército Nacional de Colombia. El perdedor se llamaba Marino López, cuya cabeza sirvió de balón. ¿Cuentos de terror de H.P. Lovecraft o Stephen King? Con puntos y comas, la historia fue contada por el gran periodista Fernando Garavito (ex columnista de El Espectador), quien como tantos otros vive en el exilio debido a las dificultades para trabajar en «… un Estado democrático y autónomo, donde las formas de pensar y expresarse están reconocidas como básicas en la construcción de la civilidad y el desarrollo». Los incidentes del partido inserto en las tácticas contrainsurgentes del ejército colombiano (Operación Génesis) fueron calificados de «menores» por el general Rito Alejo del Río, comandante de la 17 Brigada, con asiento en Carepa (municipio del Urabá, dependiente de la gobernación de Antioquia de Uribe Vélez).

17. Enterado de las atrocidades cometidas en los pueblos del Urabá por militares y paramilitares (dos caras de la misma moneda), el gobierno del presidente Andrés Pastrana llamó al genocida a «calificar servicios». En cambio, en un banquete de desagravio Álvaro Uribe Vélez (entonces gobernador de Antioquia), le dio el título de «Pacificador de Urabá».

18. Numerosos documentos y expedientes, hoy silenciados, evidencian la vinculación de Uribe Vélez en operaciones paramilitares. El Folio 66 de ASFADDES – Bogotá, lo relaciona con el asesinato de los estudiantes Jorge Ivan Alarcón y Edgar Augusto Monsalve en 1995. Cuando en 1997 se habían detenido algunos implicados, entre ellos funcionarios de la gobernación, estos fueron liberados y reintegrados a sus cargos por orden del gobernador de Antioquia.

19. Enero de 1995 – Diciembre 1997 como Gobernador de Antioquia Nombró como Secretario de Gobierno Departamental a Pedro Juan Moreno Villa, próximo a la mafia y sindicado por la DEA en 1997 y 1998 de importar desde Asia con destino Colombia, sin reportarlo, 50 toneladas de permanganato de potasio, un químico controlado, a nombre de su empresa ‘GMP Productos Químicos S.A.’, y de efectuar sus registros y comercialización de manera fraudulenta, destinado a la producción de cocaína en Córdoba.

20. En 1997 se cometieron más de 150 asesinatos selectivos y dos masacres en el municipio de Ituango, Antioquia. De estos hechos, el más cruento fue el del corregimiento de El Aro. Paramilitares, bajo las órdenes de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, tomaron a la población, reunieron a sus habitantes en el parque central, asesinaron públicamente a líderes de la localidad, entraron a varias casas y torturaron a sus ocupantes. Al segundo día de la incursión, un helicóptero del Ejército Nacional aterrizó en la plaza central y uno de sus tripulantes entregó municiones al grupo paramilitar. Antes de retirarse, los agresores saquearon el pueblo e incendiaron la mayor parte de las casas del casco urbano. Los sobrevivientes de las masacres perpetradas viven hoy en el desplazamiento forzado. Sus núcleos familiares se han desintegrado, y en muchos de los hogares los niños trabajan para ayudar a la precaria economía doméstica. Mientras tanto, Salvatore Mancuso frecuenta clubes, restaurantes y centros comerciales, haciendo ostentación de su riqueza, y se reúne con el gobernador, los diputados y uno que otro congresista en Córdoba.

21. En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por las masacres de Ituango en respuesta a la demanda que presentaron el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos y la Comisión Colombiana de Juristas. En su sentencia, la Corte sigue desarrollando la jurisprudencia internacional acerca de la responsabilidad estatal en crímenes contra la humanidad cometidos por grupos paramilitares en alianza con servidores públicos.