La llamada negociación de paz entre el Gobierno y los narcoparamilitares sigue siendo un misterio, el país desconoce en qué consiste y cuáles fueron los acuerdos hechos. Se conocen los shows que se montaron con la entrega de armas y desmovilización de 30 mil paramilitares; una parte de las armas, las más malas fueron entregadas […]
La llamada negociación de paz entre el Gobierno y los narcoparamilitares sigue siendo un misterio, el país desconoce en qué consiste y cuáles fueron los acuerdos hechos. Se conocen los shows que se montaron con la entrega de armas y desmovilización de 30 mil paramilitares; una parte de las armas, las más malas fueron entregadas y muchos desmovilizados no eran paramilitares, sino jóvenes reclutados a última hora en los barrios populares, para inflar el número de los que supuestamente abandonaron las armas.
Este «proceso de paz» no desmontó la tenebrosa maquinaria de la muerte y guerra sucia, como pretende el Gobierno hacer creer al país y a la comunidad internacional. Por el contrario sigue fuerte, intactos su poder económico y político, la capacidad de intimidación de las comunidades y el control sobre instituciones del gobierno y del Estado.
El narcoparamilitarismo está en el Estado porque es parte del mismo Estado mafioso. No es que lo haya infiltrado como lo repiten los medios de información y el Gobierno. El régimen actual y la clase en el poder para sostenerse, necesitan de él.
La desmovilización fue parcial; los jefes narcoparamilitares dejaron en el campo, antes de entregarse, la fuerza militar que se hace llamar las «Águilas Negras» haciéndola aparecer como grupos emergentes que regresaron a las armas porque el gobierno no les cumplió; están presentes en la mayoría de los departamentos y siguen operando como antes, con la complacencia y en coordinación con las Fuerzas militares y la policía, en contra de los líderes sociales y políticos de oposición al régimen.
Otra parte, la mayoría de los supuestos desmovilizados, fueron trasladados al espacio urbano y desde ahí siguen delinquiendo, asesinando por «contrato» sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes de las comunidades; amenazando, ejerciendo presión e intimidando a pobladores, cobrando impuestos a transportadores, tenderos, negocios pequeños y a las casas de familia, dizque para garantizar la seguridad. Medellín, Montería, Cartagena y las otras ciudades de la Costa atlántica, Cúcuta, Bucaramanga y Barrancabermeja son muestras irrefutables de la amplitud y garantías con que actúan públicamente con la abominable impunidad de siempre, sin que las autoridades se den por «enteradas».
La fabulosa riqueza de los jefes narcoparamilitares, amasada en el negocio del narcotráfico y el robo de tierras y bienes a las víctimas, sigue creciendo sin que el Estado les quite un céntimo, extendiéndose a los diferentes campos de la actividad económica del país con la complicidad del Estado y el sistema financiero. La pasividad del gobierno para actuar contra ellos, da para pensar que los acuerdos secretos los blindaron contra la ley de enriquecimiento ilícito.
Donde es más resaltante la presencia activa del narcoparamilitarismo es en la política, la cual maneja a nivel regional y desde ésta incide en la nacional, eligiendo Presidente, senadores, representantes a la Cámara , gobernadores, alcaldes, diputados y concejales; ubica representantes suyos en puestos claves de la administración pública como es el caso de Jorge Noguera ex jefe del DAS, entre muchos otros.
La presencia arrolladora del narcoparamilitarismo y las reiteradas denuncias de sus tropelías desde distintos escenarios, fue lo que motivó la investigación que hizo explotar el escándalo conocido como la «parapolítica» y, por el cual han sido judicializados una treintena de senadores, representantes a la Cámara y varios personajes del partido del Presidente Uribe entre otros que están en lista para ser investigados.
Como resultado de este escándalo el país conoció detalles de la tenebrosa y corrupta maquinaria electoral del narcoparamilitarismo, que le permite tener el control de la administración pública en varias regiones del país y de una parte importante del Estado; y apuntalar así la democracia mafiosa que excluye a las mayorías de las grandes decisiones e impone desde el Congreso que controla, las leyes antipopulares y lesivas al interés nacional que están siendo rechazadas por las mayorías.
La presencia activa del narcoparamilitarismo se manifiesta también en la lucha por el poder en medio de las deslealtades entre los distintos jefes, que se eliminan y se roban bienes de los unos a los otros. En estos días está cogiendo fuerza la versión de que Vicente Castaño, habría sido asesinado por orden de uno de sus compinches de Santa Fe de Ralito, supuestamente para hacerle el favor a la DEA y al gobierno, interesados en capturar o matar a Castaño quien «entró en rebeldía» y se negó a concentrarse en la cárcel de Itagüí.
Con la reclusión de los jefes narcoparamilitares en la cárcel de Itagüí y la supuesta desmovilización de 30 mil de sus integrantes, como lo propaga el gobierno, no se acaba el paramilitarismo. Este integrante de la estructura terrorista del Estado seguirá ahí mientras se mantenga dicha estructura. Este tipo de grupos lo requiere el Estado para encubrir sus operaciones de guerra sucia y de exterminio de la oposición social y política. Es una mentira que se desmontó esta maquinaria de intimidación y de muerte.
Las «Águilas Negras» actúan con total impunidad en todo el país; están haciendo circular panfletos amenazando a los estudiantes que lideran las luchas universitarias, a sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales y políticos que han dirigido las últimas protestas en el país. Las cartas firmadas por el Coordinador Nacional de las «Águilas Negras» les dan un ultimátum: abandona sus actividades sociales y políticas o los asesinan.
Ante estos hechos graves del narcoparamilitarismo que son públicos, que demuestran que sigue activo, el gobierno no actúa con la misma vehemencia que lo hace contra el movimiento guerrillero. Y es entendible que así proceda un Estado que necesita de este instrumento que le cumple la doble función de exterminio de la oposición social y política y de control de la maquinaria electoral, apuntalando así el Estado mafioso de ultraderecha, más cuando se está a las puertas de las elecciones del próximo octubre que designan los gobiernos regionales y locales.