La aprobación del decreto ley que obligará a los médicos a recetar por principio activo y no por marca comercial, supondrá un ahorro para las arcas del Sistema Nacional de Salud de unos 2.000 millones anuales. Y 400 millones adicionales se conseguirán obligando a rebajar un 15% el precio de los productos que lleven en […]
La aprobación del decreto ley que obligará a los médicos a recetar por principio activo y no por marca comercial, supondrá un ahorro para las arcas del Sistema Nacional de Salud de unos 2.000 millones anuales. Y 400 millones adicionales se conseguirán obligando a rebajar un 15% el precio de los productos que lleven en el mercado más de 10 años, tiempo más que suficiente para haber amortizado los costes de investigación, aunque no exista una alternativa genérica. La reacción del sector farmacéutico no se ha hecho esperar.
Desde el colegio de farmacéuticos critican que el ahorro público salga de una partida que ellos consideran «controlada y transparente», aunque está claro que el gasto se recorta porque la partida no esté controlada y no sea transparente, sino porque supone un 20% del gasto sanitario total y porque supone un abuso de posición dominante y ventajosa de las empresas farmacéuticas.
El director general de Farmaindustria, Humberto Arnés critica las medidas propuestas por Leire Pajín como «desproporcionadas», «dañinas», «erróneas» e «inadmisibles». Arnés no tuvo tal despliegue dialéctico para con las medidas del gobierno cuando en el mes de marzo pasado le supusieron al sector farmacéutico ayudas de dinero público por valor de más de 11.000.000 de euros [1], con lo «desproporcionada», «dañina», «errónea» e «inadmisible» además de «inmoral» que podría llegar a considerarse toda ayuda pública a un sector como el farmacéutico. El señor Arnés intenta alarmar a la población, para ponerla en contra de una medida que solo puede ser beneficiosa para los ciudadanos, aduciendo que la utilización de genéricos «tiene consecuencias perniciosas en pacientes polimedicados y ancianos». Afirma el pieza de Humberto que «el problema es de adherencia al tratamiento», que «es más difícil identificar un producto si cambia la forma en que se presenta». Tal vez por ello Arnés intenta presentarse ante la población como alguien preocupado por ella, porque cree que si cambia la forma en que se presenta un «elemento» será más difícil de identificar su verdadero fondo.
Como era de esperar, no ha tenido el valor suficiente para explicar semejantes chorradas malintencionadas. Si me viera obligado a elegir entre la polimedicación y la senectud como posibles motivos de que Arnés haya hecho estas perniciosas declaraciones, no elegiría la senectud ya que el hombre aún no ha cumplido ni los 60 años.
Para que quienes se preocupan por estos temas puedan utilizar la palabra «colmo», la Federación Española de Distribución Farmacéutica (Fedifar) asegura que la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, «no se puede conseguir a costa del sector farmacéutico», tal vez pretendan en esta federación que la inconmensurable codicia del sector la costeemos los ciudadanos. Rayando en la obscenidad, su director, Miguel Valdés dice: «Los ciudadanos tienen que saber que todos estos recortes acabarán afectando a la calidad del servicio que reciben». Sin olvidar que se trata de una federación que representa a empresas dedicadas a la distribución de medicamentos, tal y como se asegura en el «quienes somos» de su página web [2], las palabras de su director deben ser tomadas como una amenaza a los consumidores, tal vez inducida por presiones de las empresas farmacéuticas. ¿Por qué habría de afectar a la calidad del servicio de distribución el hecho de que se obligue a los médicos a recetar genéricos?
En su eterno doble papel de defensor de quien tiene y de agresor de quien necesita, el diario ABC, incluye en su noticia al respecto un titular como este: «Más de 21.000 farmacias y 80.000 empleos [3]». Siempre que un sector de actividad se resiente de los efectos de la crisis, este montón de papel no higiénico publica las noticias invariablemente desde el punto de vista de la empresa y para mayor indecencia haciendo ver que lo que le importa son los empleos. Cuando el sector recibió las ayudas de 11.000.00 de euros, no publicó una nota en la que dijera «El Gobierno ayuda con dinero público a mantener 21.000 farmacias y 80.000 empleos».
Es decir, que cuando se reciben ayudas son para las empresas del sector y cuando se hacen recortes son contra los empleos. Quieran o no, el plumero del ABC debe ser el único objeto artificial visible desde el espacio, y no pueden pretender ocultar que su discurso resulta puerilmente falaz, engañoso y anticiudadano.
Puede que solo sean impresiones mías, pero creo que todas estas declaraciones contra los ciudadanos son un síntoma de la incipiente enfermedad del inhumano negocio de la salud, y al mismo tiempo son un síntoma esperanzador de mejoría de la moribunda sociedad en la que vivimos.
Notas:
[1] http://www.redaccionmedica.es/
[2] http://www.fedifar.net/index.
[3] http://www.abc.es/20110722/
Blog del autor: http://
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