El miedo puede ser un negocio óptimo para quien sepa explotar esta vena del sentimiento colectivo. En dos sentidos: económico y político. En lo económico, el miedo, sapientemente colocado en portadas y titulares, eleva los índices de venta de periódicos y encumbra el rating en la TV. Contemplar los infortunios ajenos suele deleitar a muchos. […]
El miedo puede ser un negocio óptimo para quien sepa explotar esta vena del sentimiento colectivo. En dos sentidos: económico y político. En lo económico, el miedo, sapientemente colocado en portadas y titulares, eleva los índices de venta de periódicos y encumbra el rating en la TV. Contemplar los infortunios ajenos suele deleitar a muchos. Pero ese morbillo acarrea un invitado indeseado, el temor a ser la próxima víctima de delincuentes que asolan las ciudades, aunque la bacanal delictual esté más en la prensa que en la realidad. Más diarios vendidos, más teleaudiencia y más avisaje. Las cuentas se tornan azules.
El otro filón es la política. La derecha tiene entre sus banderas la de la seguridad de las personas, entendida ésta más en clave policiesca que sociológica o cultural. En su visión hay elementos que son comunes en gobiernos autoritarios, rojos o negros. Su visión social, idílica, excluye al delincuente, sobre todo si proviene de los bajos fondos. La explotación política del tema tiene, pues, coherencia ideológica -y fisiológica- para esta derecha y para todas las del mundo.
Pero la Alianza, al enarbolarlo, comete dos transgresiones al manual de las buenas costumbres políticas. Desconoce y descalifica el trabajo que vienen realizando los gobiernos de la Concertación, decenas de iniciativas, programas e inversiones para enfrentar un problema con antecedentes mundiales, que demuestra que la batalla por la seguridad de las personas no es patrimonio exclusivo de la derecha, aunque haya distintos enfoques para verla. Malos resultados aislados, en el plan Comuna Segura, por ejemplo, son insuficientes para desbaratar una iniciativa que millones de modestos vecinos agradecen. Acusar al Gobierno de ineptitud en este combate es una falacia y, peor aún, adjudicarle insensibilidad, una deducción de mala fe.
La otra falta es la manipulación de las cifras del delito. O no informar acerca de índices que contrarían la tesis de un Chile en las manos de una delincuencia desenfrenada, de familias en pánico, de «puertas giratorias» (el país tiene la tasa más alta de presos per cápita del continente) y otras perlas de la retórica derechista. La verdad es que Chile, en seguridad ciudadana, aventaja a América Latina, a EEUU y alcanza niveles europeos. Entonces, ¿por qué 78% de los chilenos cree que las calles son zona de caza libre para los delincuentes y esto en uno de los países más seguros del mundo? La primera responsabilidad reside en la dimensión noticiosa que el delito tiene para la mayoría de los medios, la mayor parte en manos de fuerzas de oposición. Los 20 primeros minutos dedicados por Chilevisión a hechos policiales, días tras día, o la portada de una madre robada y violada, algo dejan en la percepción, ya debilitada por los decrecientes lazos comunitarios que muestra Chile. Mi mundo es mi casa y mi familia, los demás son potenciales enemigos, parece decir el chileno medio. El Informe de Desarrollo Humano 1998 en Chile decía, como paradoja de la modernización, el temor y la desconfianza injustificada de los chilenos, expresado en tres miedos recurrentes: el temor al otro, el temor a la exclusión social y el temor al sin sentido. Agregando que la inseguridad se basa, más que en algo real, en la figura de un delincuente omnipotente y por sobre la ley.
Esa percepción se acomoda al diseño y estrategia de una campaña presidencial que la derecha hace rato inició. Atizar esta hoguera conviene al bolsillo y a la urna de votos.