Fue un abogado reputado. De aquellos que trabajan «en la más estricta reserva». Poco se le veía en los tribunales, pero la familia Pinochet lo conocía muy bien, tanto así que les creó más de una docena de empresas en paraísos fiscales y cuentas en bancos de Estados Unidos, Europa y chilenos con sedes en […]
Fue un abogado reputado. De aquellos que trabajan «en la más estricta reserva». Poco se le veía en los tribunales, pero la familia Pinochet lo conocía muy bien, tanto así que les creó más de una docena de empresas en paraísos fiscales y cuentas en bancos de Estados Unidos, Europa y chilenos con sedes en el exterior para esconder su fortuna ilícita. Ése es Oscar Aitken, el albacea del ex dictador, hombre que aparece como el autor intelectual tras el pago y ocultamiento de coimas por la compra de los tanques Leopard en 1998, y cuyo nombre reapareció este lunes en el procesamiento dictado por el ministro Manuel Valderrama, en una de las aristas del caso Riggs.
En esta fueron encausados el general (r) y ex director de Famae, Luis Iraçabal Lobos y el brigadier (r) Gustavo Latorre, ambos por haber recibido «comisiones» por un total de US$ 600 mil.
Buena parte de los detalles de dichas operaciones, así como un perfil más acabado del modus operandi de Aitken, y de sus nexos con en el mundo militar y la derecha política, se encuentran en el informe completo de más de 400 páginas sobre todos los manejos con las platas de Pinochet y la compra del ya mencionado material de guerra, preparado por la Brigada de Lavado de Activos de Investigaciones (Brilac). En este también están acreditados los manejos que realizaron otros ex uniformados para favorecer a Pinochet, detrás de los cuales aparece la mano de Aitken.
La trayectoria de Aitken en este proceso, sustanciado en primera fase por el ministro Sergio Muñoz -hoy integrante de la Corte Suprema- y posteriormente por Carlos Cerda, tuvo algunos problemas en el camino. El abogado quiso contar su participación en las operaciones en 2004, pero el secreto profesional con Pinochet se lo impedía, y así se lo hizo ver a Muñoz. Pero luego le preguntó al ex dictador si lo liberaba del mismo. Hecho esto, confesó. De allí la madeja comenzó a desenredarse y aparecieron las sociedades en los paraísos fiscales.
La primera de ellas -Bellview- fue creada en 1991 por Aitken junto a Axel Buchheister, el principal vocero del Instituto Libertad y Desarrollo contra el proyecto de ley que busca levantar el secreto bancario al Servicio de Impuestos Internos.
Lo que vino después fue la debacle de los Pinochet y el procesamiento de Aitken como partícipe de esta asociación para triangular dineros obtenidos por comisiones por la compra de armas y por la apropiación de gastos reservados de la Presidencia de la República para beneficio personal.
Así se destapó la existencia de sociedades como Abanda, Cornwall Overseas, entre muchas otras que iban desde Israel a México. Y se estableció que el Banco de Chile con sede en Nueva York y en Miami, así como el Riggs y el desaparecido Atlántico, ayudaron al ex dictador a volver invisibles sus activos ilícitos. En todo participó Aitken.
Pero Muñoz avanzó y profundizó en las maniobras del abogado. Tuvo la ayuda de la Brilac, del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los datos que le proporcionó el informe del Senado de Estados Unidos revelado en 2004, que permitió el inicio de la causa, así como los que obtuvo gracias a los exhortos que envió al extranjero.
Con todos esos antecedentes Muñoz indagó bajo la alfombra en distintos países, hasta que dio con la compra de los tanques Leopard, adquiridos por el Ejército en 1998 a la empresa Holandesa RDM Technology.
En la arista mencionada, Aitken volvió a confesar. Asesoró a esa firma, recibiendo US$ 1 millón 600 mil, dineros que pasaron desde RDM Holding, dueña de la firma de armas, a la sociedad Cornwall Overseas, es decir a manos de Pinochet.
Transcurrieron cerca de dos años hasta que el Ministerio Público logró obtener en Holanda todos los antecedentes referidos a la compra de los Leopard, los que le fueron entregados este año a Valderrama, el tercer ministro a cargo del caso y quien dictó los procesamientos el pasado lunes.
La noticia no cayó nada bien en el Ejército ni en La Moneda. El magistrado, hasta ahora, no ha descartado dictar otros encausamientos, como tampoco citar a las autoridades civiles de la época, incluido actual ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien en 1998 ocupaba la cartera de Defensa, siendo su subsecretario el actual ministro del Tribunal Constitucional, Mario Fernández, ambos militantes DC.