¿Cuál es tu análisis político de los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias del año pasado? El hecho político fundamental de las elecciones presidenciales y parlamentarias de fines del año 2013, fue la abstención. Alrededor del 59% de los electores potenciales no fue a votar en la segunda vuelta y más del 50% tampoco […]
¿Cuál es tu análisis político de los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias del año pasado?
El hecho político fundamental de las elecciones presidenciales y parlamentarias de fines del año 2013, fue la abstención. Alrededor del 59% de los electores potenciales no fue a votar en la segunda vuelta y más del 50% tampoco lo hizo en la primera vuelta, cuando había más opciones electorales. Esto refleja el creciente desapego de la mayoría de la población ante las propuestas políticas existentes, sobre todo, respecto de las formuladas por los dos principales conglomerados, el denominado «duopolio político»: por un lado, la derecha tradicional, que estuvo asociada casi en su totalidad a la dictadura de Pinochet y, por el otro lado, la Concertación de los Partidos por la Democracia, que ahora se ha presentada bajo un nombre renovado,»Nueva Mayoría», que incluye a aliados recientes como el Partido Comunista y otros partidos de menor importancia, pero que sigue bajo la misma hegemonía que estuvo entre 1990 y 2010. Ambas coaliciones son las administradoras del modelo económico neoliberal instalado a sangre y fuego por la dictadura. Del mismo modo, son las administradoras del régimen político impuesto por la tiranía, un régimen de democracia restringida, tutelada y de baja intensidad que se estableció con la Constitución de 1980 y que ha sido perfeccionado producto de los acuerdos entre estas coaliciones, pero que dejó intacto el modelo y los contenidos autoritarios de la Constitución que nos rige hasta hoy.
Al no existir propuestas de cambio sustantivamente diferentes entre los bloques políticos hegemónicos, gran parte de la ciudadanía ha reaccionado, desde hace unos quince años, y ha expresado su descontento a través del crecimiento permanente de las tasas de abstención electoral. No se trata de un fenómeno circunstancial, limitado a la última elección, sino que, ya en las elecciones municipales de octubre 2012, cuando se puso en práctica por primera vez el voto voluntario yla inscripción automática, el resultado fue una catástrofe para la casta política que nos gobierna, puesto que el 60% de la población no concurrió a las urnas. Es necesario que recalcar que antes el voto era obligatorio y quienes no iban a votar eran sancionados económicamente. La inscripción automática a partir de los 18 años de edad en los registros electorales hizo aumentar enormemente el padrón porque antes de esta fecha una gran parte de la población se refugiaba en la no inscripción. Los argumentos que invocó en esa oportunidad la casta política cayeron hecho pedazos al año siguiente, después de las últimas elecciones parlamentarias y presidenciales. Se decía que la abstención en las municipales se debía, principalmente, al hecho de que la gente considera estas elecciones como algo de menor importancia. Pero vimos en 2013 que las tasas de abstención fueron casi tan elevadas como en las municipales de 2012. En la segunda vuelta presidencial, la abstención fue casi la misma que en las municipales, bordeando el 60%.
Esto se explica porque gran parte de la población -con justeza- no percibe una diferencia sustantiva entre ambas coaliciones. Porque, tanto una como la otra coalición no han hecho sino administrar el modelo económico. En el caso de la Concertación, que se ha metamorfoseado bajo el nombre de fantasía de»Nueva Mayoría», tiene el agravante de que su gestión durante los gobiernos anteriores significó una traición a su propio programa. Los gobiernos de la Concertación, durante veinte años, olvidaron importantes promesas hechas a la población, por ejemplo, la democratización de las instituciones políticas. Debido a la legitimación por la Concertación del modelo económico y del régimen político dejado por la dictadura, gran parte de la población no percibe diferencias sustantivas con la derecha clásica. Este es el hecho más sustantivo de las elecciones presidenciales y parlamentarias del último año.
También se debe que reconocer que, a pesar de que la actual Presidenta de la República ha sido elegida por solo el 25% de los votantes potenciales, las elecciones presidenciales y parlamentarias significaron una derrota política enorme para la derecha clásica, la que luego de cuatro años en el gobierno quedó profundamente desacreditada y dividida. Esto refleja que en algunos sectores de la población aún hay esperanzas de cambio a través del gobierno de la «Nueva Mayoría».
Entonces, son estos los dos elementos fundamentales de las elecciones; por un lado, la alta tasa de abstención que refleja el rechazo del sistema político en su conjunto; por otro, la derrota de la derecha más tradicional y la nueva llegada de Bachelet al gobierno, lo que representa esperanzas de cambio progresista para algunos sectores de la ciudadanía, quienes han creído en las promesas de la Concertación de hacer esta vez las cosas de manera distinta a como las hizo durante los veinte años que este bloque estuvo en el gobierno. Aunque no cabe duda de que eso no va a ocurrir, es un dato de la realidad que se debe considerar para impulsar el desarrollo de los movimientos sociales, de los movimientos ciudadanos progresistas y de los movimientos populares.
¿Cómo analizas el programa de la «Nueva Mayoría», que pretende incluir algunas demandas de los movimientos sociales, como la reforma educacional, la reforma constitucional o la reforma tributaria?
Es un programa caracterizado por su ambigüedad, que no pone en cuestión los fundamentos del modelo económico. Solamente se propone realizar algunas reformas de tipo cosmético, esto acompañado de un lenguaje absolutamente vago que permite que los nuevos gobernantes terminen haciendo lo que han hecho siempre, es decir, llegar a acuerdos con la derecha tradicional para mantener los pilares del modelo. Te doy algunos ejemplos para ilustrarlo: en Chile no existe un verdadero régimen de seguridad social. Este fue destruido por la dictadura que en su lugar impuso un sistema de seguros privados -las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP – que se basan en un sistema de capitalización individual del trabajador y no en un sistema de reparto solidario como ocurría hasta fines de los años 70 y como ocurre en la mayor parte del mundo. El programa de la «Nueva Mayoría» se propone crear simplemente una AFP estatal, o sea, una AFP más que compita en el mercado de las pensiones bajo las mismas lógicas que las AFP privadas, lo cual no representa cambio sustantivo alguno. Respecto de la educación, es posible constatar que si bien Bachelet habla de manera oportunista de la educación pública, gratuita y de calidad (al volver a Chile luego de su estadía de tres años en Nueva York donde trabajaba en ONU Mujeres, declaró que no era partidaria de la educación superior gratuita para todos), su programa está lleno de silencios y ambigüedades que han sido resaltados por los dirigentes del movimiento estudiantil. Ellos y gran parte de la ciudadanía temen que esta supuesta gratuidad será no más que una entrega de recursos del Estado -es decir, de los contribuyentes – a las empresas que lucran con la educación mediante becas o vouchers para que los alumnos contraten los servicios educacionales que mejor les parezcan. De esta manera se asegura y se refuerza el lucro de empresarios privados y no se avanza -como lo exige el movimiento estudiantil- hacia una educación gratuita, entendida como un derecho social para todos, asegurada principalmente por las instituciones del Estado.
Así sucesivamente, podemos darnos cuenta de que el programa de gobierno de la «Nueva Mayoría» está lleno de ambigüedades: aparentemente recoge algunas reivindicaciones de la población, aunque sus silencios y carencias develan su verdadero contenido. En muchas áreas ni siquiera existe una promesa de superar algunos aspectos del modelo que son altamente lesivos para los intereses de la gran mayoría de la población. El programa no dice una palabra respecto de reemplazar el actual sistema de salud -también ampliamente privatizado- que funciona en base al modelo de las Isapres. Tampoco hace mención alguna acerca de revertir la privatización del mar que ha sido entregado a siete poderosas familias, proceso que empezó bajo la Concertación, particularmente bajo el primer gobierno de Bachelet y que culminó bajo el gobierno de derecha de Piñera. El programe no dice una palabra acerca de la imprescindible renacionalización de cobre. Cabe resaltar que la gran minería del cobre fue nacionalizada en su totalidad por Allende y que se mantuvo en manos del Estado durante la dictadura de Pinochet, puesto que este privatizó solo el 7% de este sector. Sin embargo, después del ciclo de los cuatro gobiernos de la Concertación, alrededor del 70% de la gran minería del cobre ya se encontraba privatizada, en manos de capitales transnacionales. El programa de la «Nueva Mayoría» tampoco se propone asegurar que el agua, problema cada vez más grave en muchas regiones de Chile, sea un recurso público. Del mismo modo, no dice nada sustantivo respeto del trato a los pueblos originarios, salvo algunas declaraciones de buenas intenciones genéricas, que no contienen medidas claras y eficaces para remediar las injusticias flagrantes cometidas en los últimos años, como la aplicación de la ley antiterrorista en los procesos contra los comuneros mapuche. Esta ley fue invocada por los gobiernos de la Concertación, particularmente por el primer gobierno de Bachelet, para condenar a luchadores mapuches a largas penas de prisión. Este programa de gobierno no ha declarado la disposición de la «Nueva Mayoría» a devolver la tierra al pueblo mapuche ni a concederle autonomía política en el marco del Estado Nacional.
Podríamos agregar que la anunciada reforma tributaria (uno de los «proyectos estrella» del gobierno) es una reforma modestísima, que contempla el aumento progresivo de algunos puntos de la tasa de imposición, pero no representa una lesión significativa para los intereses del gran empresariado. Por todas esas razones, este programa puede catalogarse como de afianzamiento del modelo, contando para ello con la capacidad que la «Nueva Mayoría» tiene o pretende tener en cuanto control, cooptación y contención de los movimientos sociales, particularmente los movimientos populares.
Varios miembros de la «Nueva Mayoría» declararon que la reforma constitucional planteada por el programa de su coalición no se realizará a través de una Asamblea Constituyente sino dentro del marco institucional vigente de la constitución de 1980. ¿Cuál es la posición de los movimientos sociales respecto a esto?
Hay que ver lo que va a hacer el gobierno. Pero todo indica -de manera muy clara- que la «Nueva Mayoría» y la Presidenta han descartado de plano la posibilidad de una Asamblea Constituyente, única manera democrática de elaborar una nueva Constitución que permita superar el marco institucional dejado por la dictadura. Lo que quieren hacer, es lo que se ha hecho siempre en la historia constitucional de Chile: designar, «a dedo», una comisión encargada de elaborar un proyecto de Constitución para que este sea posteriormente sometido a discusión y aprobado por el Parlamento que -recordemos- es un Parlamento que no ha sido elegido conforme a métodos plenamente democráticos, sino en base al aberrante sistema electoral binominal. De este modo, se despoja de la soberanía a su titular que es el pueblo o conjunto de la ciudadanía. Por otra parte, el Parlamento no fue elegido para elaborar una Constitución. Ningún cuerpo político en Chile ha sido elegido para esto. Por lo tanto, el poder constituyente sigue residiendo en la ciudadanía, quien debe ejercerlo. El rechazo a la Asamblea Constituyente por parte de la generalidad de la casta política de del duopolio, es un indicio claro de que lo que se está fraguando no es una democratización efectiva y profunda, sino tan solo la introducción de algunos cambios que permitan continuar con la hegemonía de estas coaliciones políticas cuyo leitmotiv es la administración del modelo. Frente a esto, de manera creciente, vastos sectores de la ciudadanía, levantan la consigna de la Asamblea Constituyente.
Se trata de una reivindicación que ha tenido un desarrollo muy importante a partir del año 2011, punto de quiebre respecto de la «pax veneciana», en términos sociales, que reinaba en Chile hasta entonces, puesto que ese fue el año de eclosión de grandes movimientos de protesta social. No fue únicamente el movimiento estudiantil -sin duda el más poderoso- también estallaron ese año y los siguientes, movimientos de protesta regional o local en Magallanes, Aysén, Arica, Calama, Tocopilla, todos ellos contra la centralización excesiva del país. Habría que agregar las luchas de los pescadores artesanales contra la privatización del mar , movilizaciones por los derechos de las minorías sexuales y por la defensa del medio ambiente, huelgas de los obreros de la gran minería del cobre, tanto privada como estatal y, probablemente, los más importantes por su significado, dos paros portuarios (en abril de 2013 y en enero de 2014) que no solamente causaron alarma entre los defensores del modelo y en el gran empresariado afectado por la paralización de los puertos, sino que además han tenido la virtud de reponer en el escenario público la solidaridad de clase, un componente que fue tradicional en el movimiento obrero chileno, pero que se había perdido después del golpe de Estado, con la instauración de la dictadura y del modelo económico neoliberal, puesto que grandes contingentes de los trabajadores portuarios suspendieron sus faenas, más que por sus demandas propias, por solidaridad con sus compañeros. Estos trabajadores han levantado a lo largo de Chile un nuevo tipo de organización, muy interesante, las Uniones Portuarias, que han liderado los paros nacionales de obreros de su sector. Asimismo, es preciso citar el caso del pueblo mapuche que, desde fines de los años 90, ha reforzado las movilizaciones por el logro de sus objetivos fundamentales, en tanto movimiento nacional al interior del Estado nacional de Chile.
Esta eclosión de los movimientos sociales ha producido un nuevo escenario político que debe ser considerado. Podríamos decir que asistimos a un creciente empoderamiento ciudadano y popular, aún cuando existen vastos sectores de la población que todavíano entran en movimiento.
Desde tu punto de vista, ¿qué estrategia habría que adoptar frente a la fragmentación de las luchas sociales para articular estos diferentes movimientos, con el fin de crear un proceso constituyente?
Esta es, precisamente, una de las tareas que tienen los movimientos sociales en la perspectiva de la articulación del movimiento popular. Porque, por el momento, tenemos movimientos sociales fragmentados, sin vinculación entre sí. La posibilidad de articulación reside en la toma de conciencia de que todos esos movimientos tienen enemigos comunes y tienen frente suyo dos elementos contra los cuales desarrollar su lucha: el primero es el modelo económico que oprime a todos ellos, cual más, cual menos; es el modelo económico el que ha privatizado el mar ; el modelo económico ha privatizado la salud, la previsión social y la educación; el mismo modelo es el depredador del medio ambiente, es él quien ha realizado una verdadera invasión de las empresas forestales, hidroeléctricas, salmoneras y madereras en el territorio mapuche; es el modelo económico quien mantiene los sueldos muy bajos en relación con el costo de la vida y permite la usura y prácticas expoliadoras de los bancos, multitiendas y cadenas farmacéuticas. El segundo enemigo de todos los movimientos sociales es el sistema político heredado de la dictadura y que podemos describir como una democracia limitada, tutelada y de baja intensidad. Es un sistema impuesto por la Constitución de 1980, por las leyes orgánicas institucionales y por variados elementos jurídicos y políticos que constituyen la institucionalizad vigente, por ejemplo, el Código Laboral. En la toma de conciencia acerca de estos dos enemigos comunes, reside la posibilidad de unión de los movimientos sociales, en la medida que estos entiendan que están siendo oprimidos por un mismo modelo económico y por un mismo sistema político. Solo en este marco es posible pensar la articulación de estos movimientos.
Dicha vinculación aún no se da, su estado es incipiente y parcial, aunque me parece que la tendencia en los próximos años irá en ese sentido porque no existe otra posibilidad de lucha victoriosa. En algunas circunstancias, esta articulación ya se ha dado. Especialmente en aquellos movimientos que levantan reivindicaciones locales o regionales, capaces de reunir al conjunto de la ciudadanía de determinados lugares, tras ciertos elementos u objetivos comunes. Así ha ocurrido, por ejemplo, en Magallanes, Aysén, Calama, Arica, Freirina y Tocopilla. También existe la posibilidad de que movimientos sociales o sectoriales, sin diluirse en un movimiento más amplio y conservando su particularidades, puedan unirse con otros movimientos sociales, como ya ha sucedido, por ejemplo, al sur del Bío-Bío, donde los pescadores artesanales han actuado en conjunto con los lafkenches (mapuches de la zona costera) -incluso en enfrentamientos contra la fuerzas policiales-, puesto que todos ellos son afectados por la privatización del mar . Incipientemente se están tendiendo puentes entre el movimiento estudiantil y algunos movimientos sociales, como es el caso del movimiento mapuche o de algunos sectores de trabajadores. Por ejemplo, en la región del Bío-Bío existen vínculos estables entre las federaciones de estudiantes universitarios y los portuarios. Cabe destacar que en 2011, el único sector de la clase trabajadora que realizó paros productivos (de dos horas y por turno) en solidaridad con el movimiento estudiantil, fue el de los portuarios del Bío-Bío.
La identificación de los principales enemigos y las cadenas que oprimen a diferentes sectores de la ciudadanía, da como resultado la toma de conciencia acerca de la necesidad de articulación. En un nivel superior, esto debería proyectarse al plano político en la perspectiva de la Asamblea Constituyente. El horizonte político común de los movimientos sociales debería ser la Asamblea Constituyente, puesto que en ella radica la posibilidad de elaborar democráticamente una nueva Constitución y, así, refundar políticamente el país. De este modo, los movimientos sociales conquistarían sus objetivos o, por lo menos, obtendrían un escenario institucional en el cual sus luchas podrían desarrollarse en mejores condiciones. Porque no es igual una Constitución absolutamente restrictiva, que no garantiza derechos sociales básicos, que una Constitución que los reconoce y asegura. En el segundo caso, los movimientos cuentan con un apoyo constitucional, con la consecuente legitimidad social y política, cuestión que no ocurre en la actualidad, porque se estrellan directamente con las bases de la institucionalidad.
¿Cómo evalúas el riesgo de que las reformas que se están planteando por el gobierno logren cooptar y controlar los movimientos sociales?
Existe, efectivamente, un peligro de que el gobierno y los partidos que lo apoyan, logren desviar una parte de la energía social mediante reformas constitucionales que no signifiquen un cambio profundo. Sin embargo, con el tiempo las reformas develarán su carácter, puesto que no solucionarán los problemas fundamentales. Si la futura Constitución, retocada en aspectos secundarios, no establece que los recursos estratégicos deben estar en manos del conjunto de la sociedad, si no declara que el Estado de Chile es plurinacional, pluriétnico y pluricultural, si no garantiza que la educación, la salud y la previsión son derechos sociales que deben estar asegurados por el Estado, y si no se asumen las consecuencias prácticas de esto, no se eliminarán las causas fundamentales de los problemas. Si la nueva Constitución no saca al Estado del rol meramente subsidiario en el que se encuentra desde hace cuarenta años, significará que esta no es sino un maquillaje jurídico y político del modelo neoliberal y que, por ende, los problemas sociales continuarán, con las consecuencias que ello conlleva en términos de descontento, oposición al modelo, movilizaciones sociales, explosiones de rabia y anomia social.