La llamada Transición, que tras la muerte del dictador en noviembre de 1975 condujo a revalidar la monarquía franquista, no fue ni tan modélica ni tan pacífica como algunos creen. Los desequilibrios fundamentales que cimentaron en falso el régimen del 78 proceden de la reforma de la dictadura, pactada mucho antes de iniciarse el proceso […]
La llamada Transición, que tras la muerte del dictador en noviembre de 1975 condujo a revalidar la monarquía franquista, no fue ni tan modélica ni tan pacífica como algunos creen. Los desequilibrios fundamentales que cimentaron en falso el régimen del 78 proceden de la reforma de la dictadura, pactada mucho antes de iniciarse el proceso democrático, pues era paso obligado para la adhesión de España a la Comunidad Europea (CE), asunto de vital importancia para la oligarquía terrateniente y financiera que detentaba el poder.
El 15 de junio de 1977 se celebraban las primeras elecciones pretendidamente democráticas. Se legalizaron, a tal efecto, los partidos políticos que asumieron la monarquía y su bandera, incluidos el PSOE y el PCE. No pudieron participar, sin embargo, partidos tales como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que se negó a la humillante imposición de tener que pasar por el aro de la monarquía, impuesta por la dictadura.
Aquellas elecciones sesgaron el rumbo de la transición, que no cumplió los requerimientos mínimos para ser considerado un proceso constituyente en libertad, careciendo por tanto de la legitimidad democrática que tuvo la II República española, destruida por el golpe de estado militar, de impronta nacional católica, que derivó en la Guerra de España. Una guerra contra el pueblo español apoyada por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, preludio de la 2ª Guerra Mundial, cuya conflagración causó sufrimiento, muerte y destrucción en proporciones aterradoras, hasta entonces desconocidas. La Transición, una peculiar reforma política dirigida por la dictadura, impuso silencio sobre sus crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles, y se auto-amnistió con una ley de punto final.
El discurso del rey Borbón confirma una vez más, en esta noche del 24 de diciembre de 2019, su inútil intento de exculpar los crímenes de la dictadura al hacer hincapié en su peculiar concordia, a base de veladas amenazas de palo y tentetieso. Estamos viendo ejemplos recientes de como sus seguidores entienden la concordia que Su Majestad predica: demoliendo, por orden del muy monárquico consistorio del Ayuntamiento de Madrid, el memorial de los miles de asesinados (1) en el Cementerio del Este durante los primeros años de la dictadura, arrancando las placas con sus nombres (2).
Por otro lado, no puede explicarse racionalmente el porqué al inicio de la llamada Transición se desmantelaron movimientos sociales muy relevantes, como lo era el movimiento vecinal, con el inestimable colaboracionismo de la izquierda oficial, cómodamente instalada en la nueva monarquía parlamentaria. Otro indudable error fue la disolución de la Unión Militar Democrática (UMD), una organización que, en las postrimerías de la dictadura, acompañó, por vías pacíficas y democráticas, al potente movimiento de oposición a la dictadura. Hoy, sin embargo, la Asociación de Militares Españoles, una organización de militares franquistas, subvencionada por el Estado, difunde actitudes abiertamente antidemocráticas, como lo es un manifiesto de numerosos generales, almirantes y coroneles, la mayoría retirados, oponiéndose de forma amenazante a la decisión del Gobierno de España de proceder a la exhumación del dictador.
Una de las contradicciones fundamentales de aquellos años, que aún pervive en el Ejército, fue que los militares demócratas nos disolvimos mansamente mientras los franquistas, que dominaban la totalidad de los resortes del poder militar, se reorganizaron agresivamente. Tuve oportunidad de conocer, como militante de la UMD, algunos claroscuros de nuestra organización, especialmente en el convulso periodo que siguió a su autodisolución formal, unos días después de las elecciones del 15 junio de 1977.
Los compañeros detenidos a finales de julio de 1975, procesados en consejo de guerra, condenados a numerosos años de prisión, finalmente excarcelados, expulsados del ejército y no amnistiados por la indigna la ley de punto final, fueron olvidados por la monarquía. Ninguno de los jóvenes capitanes que llegamos a formar parte de la UMD llegó al generalato o al almirantazgo. Por el contrario, conocidos golpistas monárquicos ascendieron al generalato a lo largo de estos últimos cuarenta años. La opinión pública ha podido constatar recientemente, a través de los medios, que la ideología de la cúpula militar sigue siendo, en una inquietante proporción, de ultraderecha, una ultraderecha rancia y monárquica, extremadamente agresiva.
Nuestro portavoz en el exilio, José Ignacio Domínguez, capitán de reactores, fue condenado en consejo de guerra, expulsado y no amnistiado. Es preciso resaltar que aquel postrer consejo de guerra a la UMD se celebró en diciembre de 1977, es decir cuando el flamante Congreso de los Diputados hacia varios meses que se había constituido, y notables líderes de la oposición a la dictadura habían tomado posesión de sus escaños, entre ellos uno de los fundadores de la UMD, Julio Busquets. También el diputado Carlos Sanjuán, que fue mi responsable directo en aquella organización de militares demócratas.
Uno de los compañeros detenidos en julio de 1975, el capitán Fernando Reinlein, que fue procesado en consejo de guerra, condenado a largos años de prisión, finalmente excarcelado, expulsado y no amnistiado por la «ley de punto final» jugó un papel esencial en la post-UMD.
Fernando coordinaba desde Diario16 los esfuerzos de algunos de nosotros, que seguíamos en la brecha antifranquista desde nuestros destinos en activo. Con su empuje característico consiguió abrir una columna de opinión, en donde publicaba nuestros artículos los lunes, con el fin de contrarrestar la intensa campaña de intoxicación golpista que el amenazante franquismo militar propagaba entre nuestros compañeros de armas.
Algunos de nosotros, como Miguel Bouza, Antonio Maira y yo mismo fuimos represaliados por ello, pues la mayoría de los altos mandos formaban parte de la conspiración franquista que frenó en seco el incipiente desarrollo de la democracia un siniestro 23 de febrero de 1981, desviando el rumbo de la Transición mediante el terror que provocaron los tiros de Tejero en Madrid y los carros blindados de Milans en Valencia.
Muchos años después, desde el Gobierno de España, se reconoció públicamente la dignidad del movimiento de militares progresistas, aunque lamentablemente ese justo reconocimiento llegó tarde. El monarco-franquismo había revalidado su victoria el 23-F mediante una conspiración palaciega, cuyos entresijos siguen siendo secreto de estado.
El odio del generalato franquista a los valores democráticos que simbolizó nuestro compromiso se materializó de forma estridente durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El entonces jefe del Ejército, Fulgencio Coll Bucher, se negó a asistir a la ceremonia de condecoración de la UMD presidida por la ministra de defensa Carmen Chacón. Hoy, ese mismo JEME, ya jubilado, que fue protagonista de un desplante inadmisible al Gobierno de España, es portavoz en Palma del partido franquista Vox y hace indudables méritos monárquicos con sus declaraciones incendiarias (3).
En fin, un viejo truco táctico, cuyo fin no es otro que desplazar «manu militari» las coordenadas del «centro político», proporcionando al rey el margen de maniobra que necesita para bloquear, con el menor desgaste posible para su persona, las legitimas aspiraciones republicanas.
Los pueblos y naciones históricas de nuestra vieja patria sabrán, en este nuevo ciclo que comienza, tener el valor y lucidez suficientes para remover de la vida pública y de las instituciones el obstáculo principal para su Libertad, que no es otro que el franquismo y su monarquía.
Referencias:
Manuel Ruiz Robles, capitán de navío, colectivo de militares republicanos.
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