La corrupción de la política tiene su correlato en la descomposición de nuestros referentes sindicales. La misma forma en que se toman decisiones en los partidos y la falta de representatividad de los mismos se reproduce en la Central Unitaria de Trabajadores y otras mínimas expresiones de los trabajadores chilenos. Lo primero que se debe […]
La corrupción de la política tiene su correlato en la descomposición de nuestros referentes sindicales. La misma forma en que se toman decisiones en los partidos y la falta de representatividad de los mismos se reproduce en la Central Unitaria de Trabajadores y otras mínimas expresiones de los trabajadores chilenos. Lo primero que se debe consignar es que en más de dos décadas de post dictadura, los índices de sindicalización en nuestro país apenas superan el 15 por ciento de la masa laboral. Esto es, que de los 5 millones de trabajadores, menos de 800 mil pertenecen a alguna agrupación sindical. Al mismo tiempo que un porcentaje ínfimo de sindicatos está afiliada a la CUT, entidad que ya no tiene nada de unitaria, ni ejerce liderazgo importante según lo evidencian, incluso, sus paupérrimas convocatorias para conmemorar el Primero de Mayo. Si no fuera por la presencia en éstas de los estudiantes, medioambientalistas y luchadores por los Derechos Humanos, lo cierto es que la concurrencia laboral a las mismas resultaría aún más bochornosa, en medio de un clima nacional marcado por las movilizaciones sociales, cada vez más masivas y extendidas por todo nuestro territorio.
La CUT es una entidad que le ha resultado muy conveniente a los gobiernos de la Concertación como, también, al actual. Para cada uno de los ministros de Hacienda ha resultado cómodo tener interlocución con dirigentes completamente ilegitimados dentro del mundo laboral y sin capacidad de ejercer presión real para imponer las justas aspiraciones, derivadas de una estrategia política y económica que fomenta el salario paupérrimo, el empleo precario y las colusiones de la clase patronal. La negociación anual respecto del salario mínimo se ha constituido en un trámite cada vez más ignominioso para la dignidad de los trabajadores, quienes en cada oportunidad deben comprobar la distancia existente entre el reajuste que solicitan y el que resulta de la imposición de las autoridades, la decisión de los partidos y los acuerdos parlamentarios.
En el país donde las diferencias salariales son las más pronunciadas del mundo, nuestros representantes sindicales vienen perpetuándose en sus directivas, como lo está la camarilla de dirigentes de la CUT y de otras organizaciones, gracias al arreglo cupular y las cuotas de poder que les asignan los comisarios políticos e infectan sus resoluciones y renuncios. Personajes todos que, sin rubor alguno, administran la alcancía sindical en viajes, suculentos almuerzos y viáticos, tanto que para nadie resulta ya un misterio que los fondos que manejan son el resultado de asignaciones de los gastos reservados del Ejecutivo, como de los sobornos empresariales abiertos o disfrazados que premian su buena conducta y «espíritu patriótico» en consentir siempre reajustes que consolidan el deterioro del poder adquisitivo de la mayoría de los chilenos, especialmente de los más pobres. En esto es que tiene base, seguramente, el reciente acuerdo de «cuello y corbata» entre la CUT y la confederación patronal de la producción y del Comercio (CPC), en que unos y otros han manifestado un conjunto de «voluntades comunes».
Cuando se reconoce que el sindicalismo chileno vive en estado de crisis es por la incapacidad demostrada por los dirigentes dignos y limpios para imponerse a las maquinarias electorales de sus organizaciones, donde la cupularidad y el autoritarismo es todavía más escandaloso que el que campea en los propios partidos políticos. Mientras que en los verdaderos regímenes democráticos, los procesos eleccionarios de los sindicatos y otras instancias sociales es reglamentada por ley y vigilada por las autoridades y la prensa, aquí éstos se suceden en el más inaudito secretismo, cuanto que ya es tradicional que las pugnas se resuelvan en la repartición de prebendas y la suscripción de compromisos que prometen renovación y transparencia. El país no sabe de sus registros y procedimientos electorales, salvo cuando trascienden las prácticas del acarreo de votantes, la desaparición de sufragios y el arreglo final mediante pactos celebrados entre cuatro paredes. De esta forma es que la burocracia sindical de la CUT vuelve a urdir sus comicios internos de agosto próximo, donde lo más seguro es que aquellos que todavía creen posible corregir «desde dentro» a las instituciones descompuestas vuelvan a sufrir una nueva y dramática decepción.
Después de tantos años en lo mismo, es preciso dejar morir a las instituciones arcaicas y proponerse nuevos referentes y propósitos. Que busquen, por cierto, una afiliación sindical masiva y un nuevo pacto laboral destinado a consolidar movilización social, negociación colectiva, salarios dignos, previsión segura, así como la recuperación para Chile de nuestros recursos naturales y empresas productivas y estratégicas. Que ponga a los trabajadores a la vanguardia de aquellas organizaciones sociales que le han dicho BASTA al régimen político y económico que nos rige, y suman esfuerzo por hermanar a Chile con aquellos procesos destinados a recuperar soberanía nacional, impedir la concentración de la riqueza e imponer equidad social.