El terror o la tirria, de las elites políticas y los gremios económicos a la protesta social es de niveles incalculables. Es sabido que cada presidente ha intentado por uno u otra forma regular, controlar y limitar el derecho a la protesta social. El presidente electo Iván Duque anunció la semana pasada que buscaría prevenir […]
El terror o la tirria, de las elites políticas y los gremios económicos a la protesta social es de niveles incalculables. Es sabido que cada presidente ha intentado por uno u otra forma regular, controlar y limitar el derecho a la protesta social.
El presidente electo Iván Duque anunció la semana pasada que buscaría prevenir «la protesta como mecanismo para hacerse escuchar». Este pronunciamiento de por si nada ingenuo, habla de lo que podría ser el talante «democrático» del nuevo gobierno.
Estas palabras se suman a lo advertido por el futuro Ministro de Defensa, y actual presidente de Fenalco Guillermo Botero, en el sentido de que la protesta social debía ser regulada con mayor rigor.
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Estas opiniones, que se traducirían en adopción de decisiones desde el ejecutivo, o desde el Congreso, guardan fidelidad a la tradición represiva del régimen político colombiano. La coexistencia sombría de una democracia formal con un accionar altamente represor, con índices mayores de violaciones a los derechos humanos que los de países con dictaduras tan bárbaras como las del Cono Sur.
El terror o la tirria, de las elites políticas y los gremios económicos a la protesta social es de niveles incalculables. Es sabido que cada presidente ha intentado por uno u otra forma regular, controlar y limitar el derecho a la protesta social. De Uribe a Santos y, ahora lo que parece ser, de Santos a Duque, el continuo de esta serie de gobiernos es la represión y la criminalización de la protesta, y por eso no se ha podido cumplir el acuerdo de paz en estos asuntos.
El ejercicio de este derecho es reconocido como la primera de las garantías que todo Estado moderno, liberal y democrático debe permitir sin restricciones. De allí que resulte aterrador, para regímenes políticos que atizan la segregación y se sostienen sobre la desigualdad, que el derecho a la protesta social prevalezca.
Ante los constantes incumplimientos, abandono y abusos por parte del Estado colombiano, la protesta social ha sido la única forma de hacerse escuchar por parte de las comunidades, pueblos y sectores de las ciudades y el campo.
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Tratar de limitar el ejercicio a la protesta social y hacer un llamado hipócrita a disque «diálogos sociales empresariales» en su reemplazo, es un embuste, que pretende desconocer la bicentenaria historia de traición que recurrentemente ha operado en el establecimiento colombiano ante las demandas y prerrogativas que desde los distintos sectores de la sociedad civil se han hecho. Recordemos el final del movimiento comunero y el cadáver descuartizado de José Antonio Galán.
Los conocidos incumplimientos a los sindicatos, maestros, indígenas, estudiantes, campesinos, etc. nos confirman que los falsos llamados al dialogo han sido utilizados muchas veces como elementos distractores para la desmovilización y retoma de la iniciativa del Estado a través del uso intensivo de la fuerza legal e ilegal y de la criminalización.
Lamentablemente el gobierno Duque parece estar deformando los principios del dialogo social, que es un procedimiento creado por la democracia para tramitar los conflictos sociales por la vía civilista y superar los medios de fuerza y violencia; pero que no excluye, sino que supone, la protesta social como un derecho complementario que permite presionar la existencia de un dialogo social eficaz.
Lo que concluimos de lo dicho por el nuevo presidente se confirman las sospechas de que este no será un gobierno de cambio y vista al futuro, sino por el contrario de continuidad y vista al pasado. Insisten en vestir al orangután con esmoquin.
Fuente: http://ail.ens.org.co/opinion/el-orangutan-con-esmoquin-el-miedo-a-la-protesta-social/