Las autoridades peruanas estiman que el ex presidente Alberto Fujimori (1990- 2000) aprovechará los dos meses de estadía en Chile, que demorará el proceso de extradición iniciado en su contra por crímenes de lesa humanidad y corrupción, para organizar una campaña destinada a forzar su candidatura a la Presidencia. El 9 de enero concluirá el […]
Las autoridades peruanas estiman que el ex presidente Alberto Fujimori (1990- 2000) aprovechará los dos meses de estadía en Chile, que demorará el proceso de extradición iniciado en su contra por crímenes de lesa humanidad y corrupción, para organizar una campaña destinada a forzar su candidatura a la Presidencia. El 9 de enero concluirá el plazo para la inscripción de postulantes a las elecciones presidenciales de junio de 2006.
El Congreso legislativo y el Tribunal Constitucional suspendieron los derechos de Fujimori hasta 2010, lo que le impide competir en cualquier proceso electoral. Pero, al parecer, el ex mandatario estima que su presencia reactivará las simpatías a su favor como para generar una presión popular que obligue al Jurado Nacional de Elecciones a aceptar su candidatura.
Fujimori eligió Chile por varias razones. La justicia chilena rechazó en tres ocasiones pedidos peruanos de extradición contra ex estrechos colaboradores suyos y de su ex asesor Vladimiro Montesinos, que se refugiaron en ese país.
El ex presidente, que estuvo casi cinco años prófugo en Japón, cuenta en Chile con el argentino Daniel Borobio, encargado de sus campañas electorales entre 1990 y 2000. Borobio trabajaba estrechamente con Fujimori y Montesinos, como consta en decenas de vídeos que grababa en secreto el ex asesor.
También está en Santiago Eduardo Calmell del Solar, quien fue propietario del periódico Expreso y de Cable Canal de Noticias (CCN), medios de comunicación que estuvieron al servicio de Fujimori gracias a un soborno de dos millones de dólares pagados por Montesinos al empresario, y que constan en los documentos de la transacción.
El tercer hombre con que Fujimori contará en Chile es el ex dueño de Andina de Televisión, Julio Vera Abad, a quien Montesinos filmó mientras le pagaba 350.000 dólares para que levantara un programa periodístico crítico del régimen.
Pero hay un antecedente quizás más importante. En enero de este año, otros dos colaboradores de Fujimori y Montesinos, los ex propietarios de América Televisión, José Enrique y José Francisco Crousillat, quienes estaban sometidos a proceso de extradición en Argentina, intentaron escapar a Chile y fueron detenidos en la frontera.
El presidente de Perú, Alejandro Toledo, llamó por teléfono a su par chileno Ricardo Lagos y le pidió que expulsara a Perú a los Crousillat, también filmados por Montesinos cuando les entregaba 10 millones de dólares para que hicieran campaña por la reelección de Fujimori. Lagos desestimó la solicitud de Toledo, y los hermanos Crousillat fueron devueltos a Argentina.
Fuentes de la Procuraduría del caso Fujimori-Montesinos y un equipo especializado de abogados del Estado, dijeron a IPS que habían previsto que el prófugo elegiría Chile para intentar su retorno a Lima, precisamente porque la justicia de ese país había desestimado pedidos de extradición de sus antiguos colaboradores.
En todo caso, Fujimori confía en que las autoridades judiciales chilenas se tomarán un buen tiempo antes de resolver el requerimiento de extradición del tribunal anticorrupción peruano, suficiente como para reinstalar su imagen en el electorado de su país.
«No es lo mismo dirigir una campaña desde Tokio que desde Santiago de Chile», dijeron las fuentes de la Procuraduría. «Ahora tiene más a la mano a sus colaboradores en Perú, listos para allanarle el terreno para su retorno», añadieron.
En la noche del domingo, enterado de que las autoridades de Chile no habían detenido a Fujimori y le habían permitido ocupar una habitación en el hotel Marriot reservada con un mes de anticipación, el gobierno de Perú se apuró a solicitar su detención con fines de extradición.
IPS obtuvo una copia de la carta que remitió Lima a Santiago, en la que consta el pedido de arresto de las autoridades anticorrupción para que el requerido responda por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada de personas, y por los de asociación ilícita para delinquir, peculado y falsedad de documentos públicos.
Sólo después de que dicho documento llegó a Santiago, el juez de la Corte Suprema, Orlando Álvarez, dictó la detención preventiva de Fujimori, en espera de que la justicia peruana remitiera el cuaderno de extradición que sustente las acusaciones.
En los casi cinco años que Fujimori se refugió en Japón, las autoridades peruanas pudieron organizar dos pedidos de extradición y se encuentran en proceso de traducir otros siete al japonés. En total, el ex mandatario afronta 21 procesos.
Además, en la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso hay otros nueve casos contra Fujimori pendientes de aprobación, cinco de ellos por violaciones de los derechos humanos cometidas durante su régimen.
El desafío de la justicia de Perú es organizar las pruebas del caso más importante: el consentimiento y aprobación presidencial a las acciones criminales del grupo clandestino Colina, de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército que operaron bajo la conducción de Montesinos y cometieron numerosos asesinatos.
Tres ex miembros del Colina revelaron ante los tribunales que Fujimori y Montesinos estaban perfectamente informados de los crímenes que planificaron y consumaron.
La confirmación de la presencia de Fujimori en Chile sorprendió al gobierno de Toledo, quien de inmediato convocó al primer ministro Pedro Pablo Kuczynski, a los ministros Alejandro Tudela, de Justicia, y Rómulo Pizarro, del Interior, y al jefe de la Procuraduría del caso Fujimori-Montesinos, Antonio Maldonado.
Fuentes gubernamentales dijeron a IPS que Toledo y sus consejeros, luego de constantes comunicaciones telefónicas con Chile, acordaron enviar de inmediato el pedido de extradición, y hacer público que el caso era estrictamente policial y no un problema político entre las dos naciones.
Seguidamente, Toledo llamó al mandatario de México, Vicente Fox, para preguntarle por qué Fujimori no había sido detenido en Tijuana cuando el avión privado en que viajaba hizo escala en esa ciudad mexicana rumbo a Santiago. Según las fuentes, Fox garantizó a Toledo que investigaría el asunto.
Conforme se conocían los detalles del viaje, se hizo notorio que la operación estaba perfectamente organizada.
Por ejemplo, Luis Silva Santisteban se presentó ante los medios de comunicación chilenos como portavoz de Fujimori en Chile. Silva Santisteban fue colaborador de Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional, el aparato de represión fujimorista, y dirigió la expulsión de 117 diplomáticos algunas semanas después de que Fujimori disolvió el parlamento, el 5 de abril de 1992. Después, fue premiado con una embajada en Alemania.
Mientras estuvo en Japón, Fujimori intentó por todos los medios posibles desvincularse de las actividades ilegales de Montesinos, ahora encarcelado y bajo proceso. Pero la presencia de Silva Santisteban en Chile hace evidente que el ex presidente compartía los mismos colaboradores con su asesor.
Otro de los organizadores del viaje de Fujimori a Chile es el ex alcalde de Miraflores (municipio cercano a Lima) Germán Kruger. Empresario adinerado, era el segundo del burgomaestre Luis Bedoya de Vivanco cuando éste fue sorprendido recibiendo sobornos de Montesinos.
Todos los involucrados en el viaje de Fujimori a Chile tienen antecedentes delictivos o un pasado polémico.