El otoño llegó más gris que nunca a los fríos patios de La Moneda. Los rictus nerviosos y el rostro adusto de la presidenta Michelle Bachelet revelan que la preocupación ha ensombrecido su carácter fresco y afable. «Hay que hacer lo que hay que hacer», una frase suya casi incomprensible, ha sido reiterada por los […]
El otoño llegó más gris que nunca a los fríos patios de La Moneda. Los rictus nerviosos y el rostro adusto de la presidenta Michelle Bachelet revelan que la preocupación ha ensombrecido su carácter fresco y afable.
«Hay que hacer lo que hay que hacer», una frase suya casi incomprensible, ha sido reiterada por los colaboradores de la mandataria en los últimos días, sin que nadie sepa claramente lo que eso significa.
Los sueños de refundar la Concertación, de renovar las caras y de equiparar los géneros tuvieron un abrupto despertar. Los exultantes -que a la hora del triunfo abundaban y se definieron como legionarios del «bacheletismo»-, hoy reculan ante la marea de descontento y la caída del gobierno en las encuestas. También permanecen en las penumbras los diseñadores del «gobierno ciudadano», los que convencieron a Bachelet de que era posible conducir al país tomando distancia de los partidos y enfatizando diferencias con los gobiernos que la antecedieron. Hubo, sin duda, una mixtura: mal de altura, improvisación, inexperiencia, ambición desmedida y talento escaso.
Los primeros síntomas se apreciaron con «la revolución de los pingüinos», pero se hizo creer a la mandataria que las descoordinaciones de entonces eran propias del ajuste que todo nuevo gobierno requiere para calentar motores.
En octubre pasado, en un discur-so en la Fundación Chile XXI, la pre-si-den-ta intentó poner en la agen-da informativa lo que consideraba era prioridad de su gobierno: reencauzar al país a lo que fue su matriz histórica de construcción del Estado, de crecimiento con igualdad, de principios solidarios en salud, educación y seguridad social. La respuesta reaccionaria fue inmediata. «Sorprende la tibieza de la reacción de los empresarios ante tal discurso», editorializó El Mercurio , agregando que «la presidenta mantiene un discurso dispar en muchos aspectos». Los empresarios ironizaron manifestando que no importaban tanto las palabras de Bachelet como «lo que hace el Ministerio de Hacienda».
Los partidos de la Alianza por Chile también entregaron casi de inmediato una lista de los supuestos errores come-tidos por el gobierno al cumplir sus pri-meros 200 días.
Todo esto mientras se descubrían irregularidades en la asignación de fondos de Chiledeportes y en las rendiciones de cuentas por gastos de la última campaña electoral.
Los partidos de la Concertación, en-tonces, en vez de respaldar la columna ver-tebral del programa de la presidenta Bachelet y cerrar filas en torno a ella, se sumieron en disputas internas a las que fueron arrastrados por la prensa opositora. El PPD, como siempre, tomó el pandero de la estridencia mediática. El escándalo de Chiledeportes puso de nuevo en la agenda la corrupción en la política.
La presidenta trataba simultáneamente de sortear el problema del gas con Argentina, asimilar la llegada de Evo Morales al poder en Bolivia y escabullir las presiones de la Casa Blanca destinadas a frenar el liderazgo regional de Hugo Chávez, aci-cateada sin disimulo por el Partido Demócrata Cristiano.
En todas estas luchas, los asesores di-rectos de la mandataria «no dieron el ancho». La batalla comunicacional fue ganada por la derecha, ayudada incluso por continuas filtraciones emanadas del círculo cercano a la gobernante, como lo han señalado reiteradamente algunos analistas políticos de la prensa dominical.
LA GOTA DEL DESBORDE
A comienzos de este año, una vez más, Michelle Bachelet fue inducida a tomar una decisión equivocada. La improvisada partida del Transantiago se transformó en la gota que desbordó el vaso, abriendo además un peligroso foco de conflicto: el enfrentamiento con el ex presidente Ricardo Lagos y sus equipos técnicos por las responsabilidades del anterior gobierno en el fracaso del nuevo sistema de transporte público de la capital.
Desde el 10 de febrero ha sido imposible para La Moneda entregar mensajes claros y coherentes que mitiguen la frus-tración e indignación de los santiaguinos. No parece aceptable que para llevar ade-lante la reforma del transporte urbano se haya invertido tanto dinero y que al final, todo parezca hecho por aficionados e ignorantes.
A comienzos del gobierno de Ricardo Lagos, y casi en paralelo con el Plan Transantiago, se creó el grupo de Concesiones en el Ministerio de Obras Públicas. Más de cien ingenieros bien pagados, con un presupuesto de dos mil millones de dólares para construir las autopistas urbanas que favorecerían a los automovilistas, incluyendo la Costanera Norte que significó 500 millones de dólares de los cuales 120 fueron subsidios del Estado.
Se supuso entonces que si se invertía de esa manera para favorecer a los automovilistas, el presupuesto para modernizar el transporte público sería mucho más cuantioso.
Se partió con un crédito del Banco Mundial -destinado a los aspectos técnicos- de cien millones de dólares, que manejó el Ministerio de Hacienda, y unos 13 millones de dólares que controló Transantiago, provenientes de una donación de siete millones de la Global Environmental Foundation (GEF) del Banco Mundial, más una asignación de seis millones de dólares para estudios. En total, cerca de 115 millones de dólares, ¡¡sólo para empezar!!
¿Cómo se gastó ese dinero? ¿Cuáles fue-ron las empresas que se beneficiaron con el inicio del negocio? ¿Quiénes se hicieron cargo de la difusión y las comunicaciones de tamaña iniciativa? Muchas interrogantes y sospechas aún no tienen respuesta, y Michelle Bachelet está pagando gran parte de las consecuencias que crean las suspicacias.
En el actual escenario resulta importante preguntarse quién sugirió a la presidenta Bachelet el nombre de Sergio Espejo para ocupar la cartera de Transportes y asumir la conducción del emblemático proyecto del Transantiago. ¿Consultó la presidenta a otros especialistas antes de decidir el inicio del plan que cambiaba totalmente el transporte de la capital?
El ex presidente Patricio Aylwin te–nía tres o cuatro anillos de expertos en múltiples áreas a los cuales recurría en consulta. Lo mismo Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos. Técnicos de reconocida experiencia y capacidad. ¿Cuenta la presidenta Bachelet con una estructura similar? ¿Quiénes la integran? Nadie sabe.
VERDADES A MEDIAS
El diario La Tercera informó que la go-bernante pidió al diputado socialista Carlos Montes que asumiera como ministro secretario general de la Presidencia; éste rechazó la oferta y sugirió el nombre de José Antonio Viera-Gallo. Esa versión, hasta ahora no desmentida, revela la orfandad política de la mandataria y los estrechos márgenes en que se mueve para encontrar colaboradores.
Todos los análisis e interpretaciones que siguieron al reciente cambio de gabinete pierden consistencia si resulta cierto que La Moneda carece de equipos profesionales y técnicos propios necesarios para sacar adelante un gobierno, y que a la mandataria sólo la rodean antiguas amigas y orejeros.
Como pocas veces antes, en los gobiernos de la Concertación cunden los rumores y las verdades a medias. Lo que se dice y se informa no es lo que verdaderamente ocurre, y eso la ciudadanía lo percibe. No existe una agenda de gobierno definida y se superponen decisiones sin que nadie sepa quién las toma.
El ex senador socialista Viera-Gallo parece ministro del Interior, pero no lo es. Belisario Velasco parece subsecretario del Interior, pero es el ministro. Ricardo Lagos Weber parece comentarista de matinal de la televisión, pero es el ministro secretario general de Gobierno. Juan Carvajal, parece ministro de Comunicaciones, pero es el jefe de la secretaría del ramo. El nuevo «hombre fuerte» será René Cortázar, ministro de Transportes, pero en realidad lo es el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y así sucesivamente.
El desorden en el gobierno se replica en la Concertación, donde tendencias, fracciones, grupos o lotes siguen disputándose hegemonías partidarias y to-mando posiciones para decidir cuotas de poder en las próximas elecciones municipales y parlamentarias. La democracia al interior de los partidos ha sido reemplazada por normas de sociedad feudal, con reyes, princesas, condes, duques y barones en permanente beligerancia, haciendo alianzas y pactos para imponerse sobre rivales de su misma sangre. Todo ello lo facilita una oposición que también está empantanada en sus propios conflictos, que sigue cayendo en las encuestas y no consigue construir un entramado atractivo de ideas.
Y más allá de ambas coaliciones, en el estado llano, en las comunas pobres y de clase media, en las provincias descuidadas, los súbditos siguen juntando rabia y frustración.
NUEVA BASE DE APOYO
José Antonio Viera-Gallo llega a La Moneda como un príncipe florentino que debe unificar criterios y conciliar opiniones para imprimir al gobierno un ritmo de iniciativa que hasta ahora no ha tenido. Culto, inteligente y sagaz, el ex senador socialista goza de credibilidad y vínculos políticos y familiares para negociar con la derecha una agenda legislativa, así como también para superar algunos escollos que han resultado insalvables, como el nombramiento del nuevo Contralor y el maquillaje al sistema electoral binominal para que el Partido Comunista pueda sentarse en la Cámara de Diputados.
Viera-Gallo, ex subsecretario de Justicia del presidente Salvador Allende, ex dirigente del Mapu, y ex presidente de la Cámara de Diputados en el primer gobierno de la Concertación, es hombre cercano a José Miguel Insulza, también ex Mapu. Durante el gobierno de la Unidad Popular, Viera-Gallo elaboró un proyecto sobre tribunales vecinales que la derecha bautizó como «tribunales populares». Esa iniciativa le costó a Viera-Gallo el odio de la extrema derecha y una paciente labor para recomponer sus vínculos con la «derecha democrática». Recientemente fundó ProyectAmérica, nuevo centro del laguismo que incorpora también a militantes del PDC.
En ProyectAmérica se agrupan profesionales como Jorge Navarrete Poblete, José de Gregorio, Carlos Vergara, Alejandro Joignant, Clemente Pérez, Guillermo Campero, Javier Luis Egaña, Fernando Bustamante, Mariana Aylwin, Ernesto Ottone y Paulo Slachevsky, entre otros, en siete áreas de trabajo: Comunicaciones, Nuevo Pacto Social, Modernización Institucional, Mundo y América Latina, Crecimiento Económico, Región y Territorio, y Cultura. Muchos de ellos fueron piezas importantes en los tres gobiernos de la Concertación y pueden constituir un significativo aporte para la administración Bachelet, tan carente de experiencia y destreza en las tareas estatales.
El nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia también trabajó en el diseño de una política de seguridad pública, que incluía un Ministerio del ramo. La propuesta fue desechada por Belisario Velasco cuando asumió en Interior.
Viera-Gallo está casado con María Teresa Chadwick, permanente directora del Consejo Nacional para el Consumo de Estupefacientes (Conace) desde el año 2000. Ese organismo depende del Ministerio del Interior y ha adquirido creciente dimensión. A través de su esposa, Viera-Gallo se vincula con las familias Chadwick y Piñera, de relevante importancia en la UDI y Renovación Nacional y en los claustros de la Iglesia.
Abogado de la Universidad Católica, el nuevo titular de la Segpres ha sido mencionado como pieza clave del denominado «eje Mapu-Martínez», una supuesta mancomunidad política en que confluirían los seguidores de Gutenberg Martínez, esposo de la senadora Soledad Alvear, presidenta del PDC, y los ex mapucistas renovados que fueron parte importante de los tres primeros gobiernos de la Concertación.
De ser así, puede que Michelle Bachelet haya optado por buscar otro so-porte en que apoyarse, superando su actual entorno, cuya principal figura era el presidente del PS, el senador Camilo Escalona. En los próximos días, veremos si esa es la ruta elegida.