Las comunidades afrodescendientes, mestizas y pueblos indígenas del Pacífico colombiano resisten los golpes del conflicto interno armado refugiadas en su propio territorio.
En este corredor, que se extiende desde Panamá hasta Ecuador y que es objeto de disputas e intereses vinculados al extractivismo, narcotráfico y reconfiguraciones geoestratégicas internacionales, la población es la principal víctima de la violencia y exige garantías, como las planteadas en el ¡Acuerdo Humanitario Ya!, para permanecer en sus comunidades y no desplazarse de un territorio que pretenden despojarles tanto grupos armados como empresas multinacionales.
El conflicto interno colombiano lejos de resolverse con el acuerdo de paz de 2016, entre las FARC-EP, y la actual política de Paz Total del presidente Gustavo Petro se reconfigura y presenta nuevas expresiones y actores a lo largo y ancho de país. Una de las regiones más afectadas por la guerra es la del Pacífico colombiano. Desde Panamá hasta Ecuador, los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño constituyen un corredor estratégico que sufre la violencia desatada por los enfrentamientos entre grupos armados legales e ilegales. Un territorio interétnico en el que poblaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas son las principales perjudicadas por las disputas por el control económico de las rentas de las economías ilícitas (principalmente la cocaína) y de la extracción del oro a gran escala.
La población civil es la que sufre las consecuencias de un conflicto que se entrecruza con sus proyectos de vida. La violencia se expresa en forma de asesinatos, desapariciones forzadas, confinamiento y reclutamiento forzado, entre otras, lo que en muchas ocasiones hace que las comunidades se tengan que desplazar a otras poblaciones próximas o grandes ciudades como Buenaventura o Cali. El Informe de Tendencias e Impacto Humanitario en Colombia 2023 de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), publicado el pasado mes de febrero, señala que las dinámicas de desplazamiento forzado continuaron con un mayor impacto en los departamentos del Pacífico; Nariño continúa siendo el departamento más afectado por tercer año consecutivo, concentrando el 49% de las personas desplazadas en eventos masivos. Además, la afectación sobre las comunidades étnicas sigue siendo desproporcionada, así de las personas víctimas de desplazamiento masivo, el 56% pertenece a comunidades indígenas (20.659 personas) y afrocolombianas (14.293 personas).
El origen de la presencia de estas comunidades afrodescendientes en el Pacífico colombiano se encuentra en el refugio que en esta región buscó la población negra, incluso antes de la abolición de la esclavitud, huyendo del mundo colonial y poscolonial que los había reducido a la esclavitud, tal y como lo recuerda la geógrafa Odile Hoffmann en su investigación “Comunidades negras en el pacífico colombiano. Innovaciones y dinámicas étnicas”. Desde entonces se organizaron en procesos de resistencia que han venido conservando sus prácticas ancestrales de vida en las cuencas de sus ríos. Durante las últimas décadas al abandono estatal, racismo institucional y pobreza se añadió las consecuencias de transformarse estos territorios en escenario de enfrentamientos entre las guerrillas y el Ejército colombiano y, después de los acuerdos de paz, de los combates entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC, Segunda Marquetalia y los paramilitares del Clan del Golfo mantienen entre sí o con el ejército y la armada nacional, pero con una complejidad mayor resultante de la confusión al no existir en muchas ocasiones claridad respecto a la identidad de los actores. En este contexto, las comunidades que viven en medio de la guerra se ven privadas de sus formas de vida al tener que confinarse para no caer en el fuego cruzado de los enfrentamientos, lo que afecta a las movilidad de los pobladores, que no pueden desplazarse con normalidad, impidiendo la pesca o la agricultura, que constituyen su forma de sustento, o sufrir restricciones de los grupos armados al ingreso de víveres y medicamentos al territorio, atentando contra la soberanía alimentaria y la permanencia en el territorio.
Para salir de esta dinámica organizaciones como el PCN vienen planteando desde hace años propuestas como la del ¡Acuerdo Humanitario Ya! Junto a otras organizaciones y comunidades que se han articulado en la Comisión Étnica para la Paz exigen el cumplimiento del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz para lograr compromisos de los diferentes grupos armados frente a las comunidades y conseguir garantías para la vida en los territorios, el respeto del Derecho Internacional Humanitario y de las formas de la autoridad territorial de los Consejos Comunitarios que se ven alteradas por el actuar de los grupos armados en los territorios.
Debe señalarse que en los últimos 30 años las comunidades negras han venido ganando reconocimiento desde la institucionalidad: la Constitución de 1991 reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de Colombia y la ley 70 de 1993 sentó las bases para la titulación colectiva de tierras que ha ido dando lugar al reconocimiento de diferentes consejos comunitarios.
Después, durante el proceso de negociación entre el Estado y las FARC-EP, los pueblos indígenas y grupos afrodescendientes constituyeron una comisión étnica que dio lugar al «Capítulo étnico» dentro del Acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Sin embargo, la inequidad y desigualdad social que se vive en Colombia hace que periódicamente surjan expresiones de inconformidad y protestas que en el Pacífico colombiano tuvieron especificidades propias como el Paro Cívico de Buenaventura de 2017 o el paro nacional del 2021. El primero acabó con la firma del acuerdo del Paro Cívico de Buenaventura para vivir con dignidad y en paz en el territorio, entre el Gobierno Nacional y voceros del Comité Ejecutivo del Paro Cívico de Buenaventura, que fue seguido del Decreto 1402 de 2017 para hacer seguimiento del mismo y que los representantes de las comunidades negras denuncian que no se está cumpliendo. De los 80 asesinados durante el estallido del paro nacional en 2021 por la represión del Estado, la mayoría fueron en el Valle del Cauca (Cali y Yumbo). Defensores de derechos humanos señalan que estas protestas no son ajenas a la pobreza que se viven en estas ciudades del Valle del Cauca, donde el desarraigo y la falta de recursos priva a las personas desplazadas provenientes de áreas afectadas por el conflicto armado de garantías mínimas para una vida digna. En este sentido, Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la Oficina de Pares Pacífico, en una publicación de la Fundación Pares, afirmaba que para aproximarse a las movilizaciones de Buenaventura y en Cali era necesario señalar que “las migraciones del Pacífico son Cali. Es decir, después de Buenaventura la otra capital para la gente del Pacífico es Cali. No van a Popayán, ni el Pacífico Nariñense va a Pasto. No, la gente desde Tumaco, toda la Costa Nariñense, Costa Caucana y en Buenaventura; tienen como sitio de llega a Cali. En Cali hay más de 800 mil afrodescendientes”.
En la ciudad de Buenaventura se encuentra uno de los principales puertos del Pacífico y el más grande de Colombia donde el contraste entre la riqueza que transita en forma de contenedores choca con la marginalidad y pobreza en la que vive la mayoría de la población de esta ciudad. La historia de cómo en los años 60 del SXX se inició una bonanza asociada al puerto es narrada en el informe “Hay Futuro si hay verdad” de la Comisión de la Verdad en el que se cuenta cómo fueron despojadas las familias para la instalación del puerto y después, con su privatización en 1993, la ciudad y el puerto mismo fueron copadas por las mafias y el sicariato hasta el momento actual. En estos momentos, la ciudad se encuentra inmersa en un conflicto entre las bandas de los Chotas y los Espartanos quienes se dividen los barrios mediante fronteras invisibles y restricciones a la movilidad en horarios nocturnos; estas bandas también están inmersas en un proceso de negociación dentro de la Paz Total.
De este modo, la violencia asociada al narcotráfico, a la explotación de los recursos naturales como la madera y la extracción del oro a gran escala en el Pacífico colombiano ha ido extendiéndose y permeando durante los últimos años incluso el país vecino de Ecuador. En 2023 el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio marcó un hito en la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador. Desde algunos medios de comunicación la respuesta fue que “Estados Unidos debe volver al Pacífico” recuperando su presencia en la base de Manta, en Ecuador, y las de Juanchaco y Bahía Solano, en Colombia, que se unirían a la que EEUU está financiando en la isla colombiana de Gorgona para la Armada colombiana y con la finalidad de control de esta área del Pacífico.
En las proximidades de Buenaventura, el pasado mes de enero, los habitantes de Bahía Málaga, una zona privilegiada en biodiversidad, situada a unos 20 kilómetros al norte de Buenaventura, que dispone de una base de la Marina, turismo y hasta un proyecto de bonos de carbono, que fue impulsado por la USAID, y que hasta ese momento permanecía ajena a los rigores del conflicto, alertaron de que llegaron los paramilitares de AGC.
La defensora de derechos humanos Berenice Celeita, de NOMADESC, Asociación para la Investigación y Acción Social, afirmaba en un encuentro celebrado en Buenaventura hace unas semanas que “la situación de derechos humanos y violencia se ha escalado en el último año y medio y que el conflicto que vive el Pacífico, desde Panamá hasta el Ecuador, tiene unas mismas causas estructurales que están centradas en que estamos en el lugar más biodiverso por centímetro cuadrado de la tierra, los conflictos no solo son un grupo de locos que salieron a dispararse entre si, y que cada año se cambian de nombre, hay una estructura histórica que comparte unidad de mando, unidad de acción y unos intereses importantes”. Toda esta conflictividad no impide que en este corredor se emplacen todo tipo de proyectos extractivos desde centenares de concesiones a empresas mineras, bonos de carbono, hasta la propia ampliación del puerto de Buenaventura que está generando nuevos procesos de despojo. Celeita señalaba que “tenemos 14 megaproyectos que están en operación, curiosamente en los mismos lugares de donde la gente ha sido sacada de los territorios, en este momento hay una violación abierta a los derechos individuales y colectivos”.
La abundancia de recursos naturales, diversidad medioambiental y la situación geoestratégica determina que este sea un territorio en constante disputa por su control en detrimento de la poblaciones como las comunidades afrodescendientes quienes han visto cómo a su histórica situación de desigualdad y exclusión socio-económica, ven añadida la emergencia humanitaria del conflicto armado.
A dos horas de Buenaventura, entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024, Cali será sede oficial de la COP16 Cumbre de Biodiversidad de Naciones Unidas en la que los gobiernos revisarán el estado de la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad Global Kunming-Montreal, adoptado en la COP15, en diciembre de 2022, en el cual se propone detener y revertir la pérdida de la naturaleza en todo el mundo. Comunidades, pueblos y sectores sociales advierten que se encuentran a la espera de conocer los mecanismos y metodología para su participación en dicho encuentro y, en consecuencia, si las negociaciones y acuerdos que puedan resultar de la misma respeten o desconozcan los derechos que las comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas tienen reconocidos, tanto internacionalmente como en la legislación colombiana. En este sentido, en el marco de las acciones preparatorias de la COP 16 sobre Biodiversidad, los días 23 y 24 de febrero de 2024, tuvo lugar un encuentro en Bogotá de la Coalición por los derechos Territoriales y Ambientales de los Pueblos Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, con la participación de delegados de organizaciones de los pueblos afrodescendientes de Ecuador, Brasil, Perú, República Dominicana, Honduras y Colombia, con la coordinación del PCN, para visibilizar los derechos territoriales y ambientales de los pueblos afrodescendientes de América Latina y el Caribe, que representan cerca de 134 millones de habitantes según la CEPAL.
La forma en que finalmente puedan intervenir los movimientos sociales en la COP 16 que tendrá lugar en Cali y la respuesta en forma de acciones concretas que se de a sus peticiones determinará si este encuentro se convierte en un nuevo ejercicio de greenwashing de los gobiernos o una oportunidad para enfrentar los problemas que afectan a las comunidades del Pacífico colombiano.
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