En más de 10 años de continua ocupación militar y de guerra en el sur de Colombia, utilizan como instrumento contra la población las bandas narco-paramilitares para recolonizar mediante la sistemática eliminación física y política del movimiento popular[1]; destruyendo los asentamientos comunales para entregar los territorios multinacionales que desarrollan megaproyectos de diverso tipo. El plan […]
En más de 10 años de continua ocupación militar y de guerra en el sur de Colombia, utilizan como instrumento contra la población las bandas narco-paramilitares para recolonizar mediante la sistemática eliminación física y política del movimiento popular[1]; destruyendo los asentamientos comunales para entregar los territorios multinacionales que desarrollan megaproyectos de diverso tipo.
El plan operacional Espada de Honor, desarrollado por el Comando Sur de los EEUU y fuerzas militares (FFMM) colombianas, continua en su tercera fase, «estabilización y consolidación», contando en el suroccidente con 4 Comandos de Tarea conjunta, Apolo en Valle y Cauca, Pegaso en Nariño, Hércules en Tumaco y Poseidón en el Pacífico, estas desarrollan operaciones ofensivas y psicológicas hacia la población para desactivar la resistencia popular, bajo el pretexto de la lucha contra el narcoterrorismo [2].
La minería y la resistencia como causa común
Para enero de 2014, en el departamento del Cauca habían 271 títulos mineros vigentes, de estos 106 contaban con licencia ambiental, bajo esas licencias han explotado 6 mil 400 hectáreas; posteriormente fueron tramitadas 652 solicitudes de títulos, un millón 116 mil hectáreas, el departamento tiene 3 millones 89 mil hectáreas, de hacerse efectivas todas las solicitudes, la mitad del territorio sería sometido a la minería.
A junio de 2014 en el Cauca la AngloGold tenía 39 títulos mineros en 61 mil hectáreas, ubicados en los municipios de El Tambo, La Sierra, La Vega y San Pablo; además le solicitó a la Agencia Nacional de Minas otros 43 títulos por 100 mil hectáreas en los municipios de Almaguer, Bolívar, Buenos Aries, Popayán, Santander de Quilichao, morales y Suárez. Para este mismo año la brasilera Votorantim Metais tenía 11 títulos mineros.
Timbiquí es otro municipio caucano asediado por la minería, según el mapa de catastro hay 33.350 hectáreas concesionadas, de las cuales 15.449 pertenecen a la empresa Cerro Matoso S.A., 13.847 a la Votorantim Metais Colombia S.A. y 7.054 a «particulares»; además hay 44 solicitudes por 39.330 hectáreas, principalmente para las multinacionales Angloamerican y Anglo Colombia Mines SAS [3].
La mayor concesionaria minera es la Universidad del Cauca con115 mil hectáreas que datan del siglo XIX, seguida por la AngloGold y la Anglo American [4]; los títulos más pequeños están dispersos por Puerto Tejada, Villa Rica, Guachené, Padilla y Caloto.
Corazón de la biodiversidad amenazado de muerte
De los 64 municipios de Nariño en 52 hay otorgadas 992 concesiones mineras, una de ellas es San Lorenzo, donde a través de una consulta popular la comunidad de opuso a la minería[5];
El municipio de Arboleda sufre los efectos de la minera a cielo abierto por Mazamorras Gold, titulada desde 1998 y con 21 plataformas de perforación en las veredas La Monja y El Volador, de Arboleda y Bolívar de San Lorenzo; además tiene permisos ambientales para la perforación del agua de uso público y la explotación de cobre y oro en Los Andes del norte de Nariño.
En los Municipios Cumbitara, Barbacoas, Ricaurte, La Llanada, Arboleda, Linares y Guaitarilla, hay cerca de 300 entables mineros y en su mayoría los paramilitares tienen posesión de estos [6].
Barbacoas es rico en oro, plata y coltán, razón por la que desde el 2010 Barbacoas, Magüí payan y Roberto payán se han convertido en el enclave económico de los carteles narco paramilitares; en Barbacoas hay 16.048 hectáreas en proceso de titulación y licencia para explotación aurífera, que ocasionará daños culturales y medioambientales en los territorios de 12 consejos comunitarios afrodescendientes [7].
Los mega proyectos viales, agro industriales, mineros y la coca, causan despojo de la tierra y son formas de recolonización neoliberal; El pacífico y el sur occidente colombiano viven sometidos permanentemente a la militarización, la violencia y la persecución estatal contra las comunidades bajo el pretexto de combatir la minería ilegal y el narcotráfico.
El Gobernador de Nariño, afirma «Aquí hay que entender que se requiere una salida estructural ante un problema social y no exclusivamente criminal» [8]; producto de la política estatal se avizora el agravamiento de la violencia en el pacífico colombiano, donde Duque ha reforzado su plan de Guerra.
Tumaco un teatro de guerra que empobrece a sus gentes
Tumaco es el mayor teatro de operaciones coordinado y focalizado geográficamente con la fuerza de estabilización y consolidación «HERCULES» al mando del Brigadier General Jorge Isaacs Hoyos Rojas [8]. Esto apuntala la represión contra las comunidades que tratan de sobrevivir sin alternativas económicas, al tiempo que afrontan la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, lo cual desencadena el despojo y el colapso de la agricultura alternativa y familiar [9].
Según, Camilo Romero, Gobernador de Nariño «Tumaco, Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Santa Bárbara, Francisco Pizarro, tienen el 80 por ciento de necesidades básicas insatisfechas; su diario vivir es miseria, hambre, orfandad, abandono, inseguridad, condiciones de vida que conducen sus gentes a la siembra de coca» [10].
Notas
[1] http://www.indepaz.org.co/wp-
[3] http://elnuevoliberal.com/
[4] https://verdadabierta.com/
[5]https://www.rcnradio.com/
[6] https://cauca.extra.com.co/
[8] https://revistametro.co/2018/
[9] www.cgfm.mil.co/…/fuerza-
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.