El clima electoral empieza a sentirse en Colombia. A menos de un año de las elecciones generales de 2026, el país parece avanzar hacia un nuevo punto de inflexión. La disputa no es menor: consolidar el proyecto de transformación social que encarna Gustavo Petro, o volver a las manos de las viejas élites conservadoras que marcaron la historia reciente del país.
Como en otras latitudes, el conservadurismo colombiano atraviesa su propia crisis de identidad. De un lado, el bloque tradicional encabezado por figuras mediáticas como Vicky Dávila; del otro, una versión radicalizada del uribismo, representada por Abelardo de la Espriella, que combina el modus operandi de Nayib Bukele con un nacionalismo burgués de tono mesiánico. Una suerte de “uribismo 2.0”, que no ocultará su tentación por el lema Make Colombia Great Again. Pero más allá de los rostros, lo que realmente está en juego es el rumbo del Estado colombiano: su materialidad política y, sobre todo, su legitimidad simbólica.
Un Estado en transición
Para entender el momento actual conviene detenerse, aunque sea brevemente, en la teoría del Estado. No hablamos de un aparato fijo ni de un edificio jurídico monolítico, sino de una red de relaciones e instituciones en constante movimiento. El Estado, en su sentido más profundo, es una forma de equilibrio: una trama de fuerzas que busca legitimarse ante la sociedad.
Cuando ese equilibrio se resquebraja, cuando las jerarquías y las costumbres que sostenían el orden comienzan a corroerse, aparece lo que Álvaro García Linera llama un Estado en transición. En diálogo con Emir Sader, el exvicepresidente boliviano identifica tres dimensiones que nos ayudan a comprenderlo:
- El Estado como correlación de fuerzas políticas y sociales.
- El Estado como institución, es decir, su maquinaria burocrática y normativa.
- El Estado como creencia colectiva generalizada, ese intangible que da sentido y legitimidad al conjunto.
Esta última dimensión —la del Estado como creencia— es quizá la más frágil y, a la vez, la más decisiva. Sin ella, ningún cambio institucional logra sostenerse por mucho tiempo.
La crisis del modelo y el surgimiento de nuevos bloques
La inestabilidad política y social que recorrió América Latina desde los años noventa fue el reflejo de una crisis profunda del neoliberalismo. Los índices de desigualdad, la precarización laboral, la migración forzada y la dependencia económica frente a Estados Unidos pusieron en evidencia los límites del modelo. Los partidos tradicionales se agotaron y el discurso de la “modernización” perdió fuerza.
García Linera describe ese proceso como una secuencia de momentos históricos: el desvelamiento de la crisis estatal, cuando el poder simbólico se fragmenta y surge un bloque social disidente; el empate catastrófico, donde ese bloque busca disputar el poder a través de un proyecto político; la renovación de las élites, cuando nuevas fuerzas asumen el gobierno e importantes espacios de la vida pública; y finalmente, el punto de bifurcación, el instante decisivo donde se define si el sistema se renueva o se restaura.
Colombia: de la fractura social al nuevo bloque histórico
En este marco, Colombia se ha convertido en un laboratorio político de la región. Las protestas de 2019 marcaron un antes y un después. Bajo el gobierno de Iván Duque, el país mantenía una de las brechas de desigualdad más altas del continente. El malestar se acumulaba: los incumplimientos de los acuerdos de paz, el desempleo, la pobreza y la represión estatal prendieron la chispa. El estallido social congregó a estudiantes, trabajadores, campesinos e indígenas en un mismo clamor: cambiarlo todo.
Aquella fractura simbolizó el desvelamiento de la crisis del Estado colombiano. En medio del caos, Gustavo Petro —desde Colombia Humana— comprendió que era el momento de articular una alternativa amplia. Así nació el Pacto Histórico, una coalición de fuerzas progresistas, sociales, ambientales y feministas que apostó por un nuevo proyecto de país.
La victoria electoral de Petro y Francia Márquez en 2022 no fue un accidente, sino la consecuencia de ese largo proceso. Por primera vez en la historia, la izquierda llegaba a la Casa de Nariño, rompiendo el monopolio simbólico del uribismo. El nuevo gobierno inició así un esfuerzo por redefinir el imaginario nacional, por dotar de sentido una nueva creencia colectiva en torno a su lema: “Por la vida, por la paz y por la justicia social.”
En la arena internacional, Petro trasladó ese ideario a un discurso latinoamericanista y humanista: apoyo a Palestina, defensa del medio ambiente, crítica al intervencionismo y apuesta por la integración regional. El Pacto Histórico buscaba no solo transformar las instituciones, sino también los significados.
El Punto de Bifurcación: Elecciones 2026
Cuatro años después, el Estado colombiano sigue en transición. Las resistencias son poderosas: los grandes medios, los grupos económicos y las estructuras políticas del viejo régimen continúan operando como contrapesos permanentes. Las reformas del gobierno avanzan lentamente y la coalición oficialista se enfrenta a tensiones internas propias de su diversidad ideológica.
El Centro Democrático, aunque debilitado, prepara su retorno, esta vez con un discurso más radical y un aparato mediático aceitado. A ello se suman los ecos del contexto internacional: la posible influencia de una administración Trump y la reactivación de los discursos autoritarios en América Latina.
Todo esto coloca a Colombia frente a lo que podríamos llamar su punto de bifurcación. Las elecciones de 2026 no serán una contienda más, sino una encrucijada histórica. Serán el momento en que el país defina si el proyecto del Pacto Histórico logra consolidar un nuevo consenso moral, una nueva legitimidad simbólica, o si el péndulo volverá a inclinarse hacia la restauración de las viejas prácticas políticas —el militarismo, las privatizaciones, la subordinación a Washington.
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