El pacto oligárquico: Sobre dictadura, continuidades y 1925

Si algo ha estado en juego en las últimas dos administraciones ha sido la pregunta acerca de cómo renovar el pacto oligárquico frente a su crisis de legitimidad. Y la receta que han probado las dos coaliciones ha sido la misma, pero con diversa intensidad: neoliberalismo 2.0, uno de tipo «progresista», otro de tipo «conservador», uno que apuntaba a la «ciudadanía» y otro a la «gente», dos formas precisas de despolitización.

Una de las distinciones más pregnantes que el pormenorizado y no menos polémico estudio de Carl Schmitt publicado bajo el título La dictadura (1921) fue diferenciar entre la dictadura comisarial y la dictadura soberana. «Comisarial» dirá Schmitt definirá a una dictadura erigida para resguardar una Constitución que se ve bajo amenaza, pero que no funda una nueva. «Soberana», en cambio, define aquella dictadura que, junto con suspender el ordenamiento jurídico en su totalidad, instaura uno enteramente nuevo. Será en la noción moderna donde Schmitt se apropiará de un término técnico, propio de la tradición democrática, como es el de «poder constituyente» para identificar en él la agencia que instaura y conserva el nuevo orden jurídico-político. Pero más aún: que la dictadura pinochetista haya sido soberana significa que la fuerza de su misterio residía en el misterio de su fuerza: la decisión. Y ¿qué es la decisión? Nada más que un acto performativo por el que se es capaz de declarar el estado de excepción. En otros términos, un acto capaz de ejercer el más incondicional poder de muerte sobre la población.

Como ha mostrado Renato Cristi, cuando desde 1973 tiene lugar la dictadura encabezada por Pinochet, fue Jaime Guzmán quien hizo uso de este singular término para, en un gesto que reedita la operación schmittiana, darle legitimidad civil a la dictadura consumándola en la redacción del nuevo texto constitucional de 1980 que terminará rigiéndonos hasta la fecha. El gesto de Guzmán consistió en salvar a la dictadura ofreciéndole una salida política al identificar al otrora «poder constituyente» con la Junta Militar. Con ello, Guzmán garantizaba el que no había sido Pinochet y sus secuaces sino Allende y sus demócratas quienes habían terminado por destruir la Constitución de 1925. Frente a tamaña (y supuesta) destrucción, Guzmán propone a la dictadura como instancia de Restauración de aquella «larga tradición democrática» que habría sucumbido en manos del socialismo. El relato impuesto hace de la izquierda la culpable de la debacle político-institucional, de Allende el catalizador del hundimiento de la República. Los militares y la derecha, en particular, habrían venido sólo a Restaurar a una República que, en su perspectiva, jamás debería haber sido violada.

Justamente de eso se trata. De la instauración y renovación del pacto oligárquico de Chile. La Constitución de 1925 fue la institucionalización de dicho pacto posterior a varias crisis políticas para la época desarrollista del capitalismo. La Constitución de 1980 (y las reformas constitucionales que le siguieron a principios de los 90 hasta la sustitución de la firma de Pinochet por la de Lagos en el año 2005) fue su renovación para la época neoliberal. El pacto oligárquico desde 1990 se llamó «transición» y su crisis -aunque una crisis desatada sólo a nivel social en el 2011, pero no necesariamente a nivel cupular- da lugar a la posibilidad de su extensión con los gobiernos de Bachelet II y Piñera II.

Cada uno propuso dos fórmulas diferentes para el período post-transicional: la primera intentó solucionar la crisis de pacto recurriendo a la relación directa con la «ciudadanía» en la que se jugó una suerte de neoliberalismo «social» (suponiendo que la «desconexion» entre oligarquía y ciudadanía se arreglaba acercando al poder a la «gente»); la segunda, intenta solucionarlo radicalizando el ideologema neoliberal bajo lo que Piñera llamó «segunda transición», donde la «ciudadanía» termina definitivamente atomizada bajo la figura del «bien de consumo». En ambos se trata de un neoliberalismo 2.0 que ya no necesita de su impronta ideológica norteamericana, sino que su racionalidad asume su carencia de contenido pudiéndose adaptar a diferentes contextos «culturales» sin problemas.

En efecto, si algo ha estado en juego en las últimas dos administraciones ha sido la pregunta acerca de cómo renovar el pacto oligárquico frente a su crisis de legitimidad. Y la receta que han probado las dos coaliciones ha sido la misma, pero con diversa intensidad: neoliberalismo 2.0, uno de tipo «progresista», otro de tipo «conservador», uno que apuntaba a la «ciudadanía» y otro a la «gente», dos formas precisas de despolitización.

En ambos casos se trata del mismo juego para el que el término schmittiano «neutralización» queda corto. Pues si bien bajo el paradigma de la transición ha habido neutralización política de los opuestos (que han terminado por converger en un solo Partido Neoliberal) ésta última ha sido la condición negativa del impulso positivo orientado a la «economización» de la política. Tal proceso significa que la política ha sufrido una recodificación bajo el prisma de la nueva gobernanza global característica del capitalismo corporativo-financiero que transforma, vía dictadura, al otrora Estado desarrollista del pacto oligárquico clásico en un nuevo Estado subsidiario del renovado pacto oligárquico neoliberal.

Pero, ¿qué implicancia tiene el Estado subsidiario? Ante todo, el que el poder político y el poder económico coinciden entre sí. El punto de cruce entre ambos es la decisión soberana de esta singular forma de dictadura fue empujada por el imperialismo de los EEUU, gestada por militares chilenos y capitalizada por los grandes empresarios: según la última encuesta CASEN del 2017 el 10% más rico tiene 39 veces más que el 10% mas pobre, configurando así, lo que el economista Hugo Fazio no ha dejado en llamar el «mapa de la extrema riqueza».

Es evidente que la acumulación de tal riqueza no se ha debido ni al emprendimiento, el ingenio ni menos a las aptitudes naturales de quienes ganan más, sino lisa y llanamente, al saqueo sistemático y organizado, con asesinatos en masa mediante, impulsado desde el Golpe de Estado de 1973, legitimado por la Constitución de 1980 y consolidado por la transición política desde 1990. Poder político y poder económico han articulado el actual orden de las cosas. Pero su nudo no es ninguna sustancia, sino una operación política que debe actualizarse todos los días si no pretende sucumbir frente a una posible asonada popular que exija la democratización del país.

Justamente, lo que llamamos «pacto oligárquico» no es más que dicha operación. Ni una «sustancia», ni una «esencia» propia de Chile, sino lisa y llanamente un conjunto de estrategias capaces de conectar al poder político con el poder económico. No hay un «detrás» al que recurrir, ni un «más allá» al que apelar, sino tan sólo un cúmulo de operaciones que funcionan en la superficie de la vida social dividiéndola en mil pedazos. Fragmentos atomizados, administrados por diversos discursos del saber-poder, que impiden la apuesta por una vida común. Interrumpir tal funcionamiento significa abrir la posibilidad de desmantelar el pacto que, bajo el actual gobierno de Piñera no pretende otra cosa que consumar en su figura la confluencia última y primaria de los dos poderes que, al potenciarse mutuamente, se han mantenido en la impunidad.

La reciente propuesta de Renato Cristi y Hugo Herrera desarrollada en su columna 1925: la República que vendrá 1/ sostiene que sería necesario prescindir de una Asamblea Constituyente para la redacción una nueva Constitución que, sin embargo, tome la matriz de la Constitución de 1925 en la medida que ésta marcaría: «(…) un momento axial de nuestra historia republicana, conectando nuestro devenir constitucional con casi toda la historia política del país.» muestra exactamente la solución de continuidad para con el pacto oligárquico de Chile (justamente cuando señalan que «conecta» con la «historia republicana del país»). Incluso cuando los autores llegan a afirmar que el «pueblo» y ya no la «nación» (que se habría formado durante el siglo XIX) se consolida como poder gracias a dicha carta fundamental. Para Herrera y Cristi se trata de que exista «pueblo», sin el cual una república resulta imposible. Pero un «pueblo» estatal-nacional que funcione como un marco que no impugna el carácter oligárquico de la posible carta de 1925 reloaded. Aunque el término «republicano» viene a contrarrestar al economicismo neoliberal (ambos autores son anti-neoliberales a su modo), se trata de la apuesta por un «pueblo» oligárquico para una «república» igualmente oligárquica que, precisamente por eso, los autores pueden decir que conecta «nuestro devenir constitucional con casi toda la historia política del país».