Al cierre de esta edición se reunía en Toronto la «banda de los doce» para adoptar nuevas medidas contra Venezuela y su revolución bolivariana. Lo realizado hasta ahora por esos forajidos de la política internacional, anticipa un nuevo parto de los montes. La «banda de los doce» (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, […]
Al cierre de esta edición se reunía en Toronto la «banda de los doce» para adoptar nuevas medidas contra Venezuela y su revolución bolivariana. Lo realizado hasta ahora por esos forajidos de la política internacional, anticipa un nuevo parto de los montes. La «banda de los doce» (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú), es la representación moderna de Caín, el asesino de su hermano. En su siniestra tarea -que los doce gobiernos cumplen siguiendo orientaciones del Departamento de Estado norteamericano- destaca el desempeño perruno de la Cancillería chilena.
Su vergonzosa conducta, traicionando la hermandad latinoamericana y principios inviolables del derecho internacional, se estrella sin embargo contra el muro de la realidad. Venezuela amanece cada día con nuevas credenciales democráticas mientras sus acusadores -los narco-Estados de Colombia y México, y los gobiernos corruptos de Brasil, Argentina y Paraguay, entre otros-, se van sumiendo en la miseria moral.
Chocar con la realidad es muy peligroso sobre todo en política internacional. Actuar a espaldas de lo evidente, y por imposiciones del imperio, significa precipitarse en el ridículo. Es lo que sucede con la OEA, por ejemplo. La última astracanada del secretario Almagro fue instalar en Washington un espantapájaros denominado «Tribunal Supremo de Justicia» venezolano en el exilio, que hizo retroceder hasta a los más enconados enemigos de Venezuela. No obstante, la Cancillería chilena actúa en esa línea acogiendo y financiando a un grupo de abogados que dicen representar al fantasmagórico «TSJ» itinerante. Incluso montó una telenovela en la embajada de Chile en Caracas para simular una salida «clandestina» de esos abogados hacia Bogotá (y luego a Washington, que es su verdadero destino), en medio de la indiferencia de las autoridades venezolanas.
La Cancillería chilena se ha convertido en el heraldo latinoamericano de la agresión contra Venezuela. Compite con Trump, el Departamento de Estado, el Pentágono, la OEA y la Unión Europea en una confabulación para estrangular a la revolución bolivariana y recuperar para el imperio las enormes reservas de petróleo y gas de Venezuela. Para EE.UU. y su pandilla es importante la participación de Chile en esta maniobra. Significa poner de su lado a un país que sufrió en los años 70 la misma operación que Washington dirige ahora contra Venezuela. Este es el aspecto más siniestro -traicionar su propia historia- en la política antivenezolana de la Cancillería chilena.
Washington, la Unión Europea y la «banda de los doce» son culpables de una intromisión escandalosa en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. Exigen una «auditoría internacional» de las elecciones de 23 gobernadores. Pero cuatro de los cinco gobernantes opositores ya se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente, reconociendo a ese poder supremo. Desde hace catorce años Venezuela cuenta con un sistema electoral automatizado que expertos internacionales -como el Centro Carter- califican de «blindado» contra el fraude. Así, el Consejo Nacional Electoral proclamó en 2015 la victoria de la oposición en la Asamblea Nacional con más de 7 millones 700 mil votos y ahora en 5 de las 23 gobernaciones, con 4 millones 800 mil votos. La participación popular alcanzó a poco más del 61%, récord en este tipo de elecciones. La oposición perdió así casi 3 millones de votos en relación al 2015. Y el gobierno, aunque ganó 18 gobernaciones, se mantuvo en los 5 millones y medio de votos de 2015, perdiendo más de 3 millones de votos en relación a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.
Antes, durante y después de las elecciones del 15 de octubre se hicieron catorce auditorías al sistema de votación, cuyas actas firmaron representantes de los partidos de oposición. El chavismo perdió gobernaciones estratégicas en los Estados Zulia, Táchira y Mérida, fronterizos con Colombia, la llamada «Media Luna» donde se alientan intenciones separatistas. A su vez la oposición perdió las tres gobernaciones que tenía, entre ellas la de Miranda, enclave de los caciques de la extrema derecha. Es importante observar que el partido Acción Democrática, socialdemócrata, obtuvo cuatro de las cinco gobernaciones opositoras, lo cual le da ventajas en la disputa por la candidatura presidencial del próximo año.
Desde que Hugo Chávez ganó el gobierno en 1998, en Venezuela se han realizado cinco elecciones presidenciales, cinco de gobernadores, siete municipales, seis referéndums, dos de Asamblea Constituyente y una consulta nacional. La oposición ha participado en casi todas. Ahora mismo, gobierno y oposición se preparan para las elecciones municipales del próximo mes de diciembre. Y en 2018 serán las presidenciales.
Venezuela, como se puede ver, es el caso más notable de una «dictadura» -como la califica Trump- que efectúa elecciones y plebiscitos a un promedio de casi dos al año, con partidos, sindicatos y prensa opositores, con una Iglesia Católica y un empresariado que apoyan a la oposición, etc. Esta realidad es lo que hace aún más notable el papelón de la Cancillería chilena, en su lucha contra molinos de viento.
Editorial de «Punto Final», edición Nº 886, 27 de octubre 2017. www.puntofinal.cl