El jefe de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) confesó que ordenó el asesinato selectivo de 336 personas, múltiples masacres en las que murieron centenares de civiles y secuestros. También reveló que el grupo paramilitar presionó con «fusil en mano» a electores para que votaran en las elecciones de 1998 a favor de Horacio […]
El jefe de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) confesó que ordenó el asesinato selectivo de 336 personas, múltiples masacres en las que murieron centenares de civiles y secuestros. También reveló que el grupo paramilitar presionó con «fusil en mano» a electores para que votaran en las elecciones de 1998 a favor de Horacio Serpa, en primera vuelta, y del entonces ganador Andrés Pastrana, en segunda instancia.
El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso confesó a la justicia colombiana que durante los últimos años ordenó el asesinato selectivo de 336 personas, múltiples masacres de civiles, y su participación en secuestros y operativos de intimidación o »sugerencia» a la sociedad colombiana para que votaran por Horacio Serpa, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.
Las informaciones de las actividades del desmovilizado líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) empezaron a surgir desde el lunes, cuando rindió su tercer testimonio libre, pero este martes ha sido cuando se comenzaron a conocer detalles que mantienen conmocionada a la sociedad colombiana.
Mancuso admitió sus crímenes en cumplimiento de lo ordenado por la Ley de Justicia y Paz, vigente en Colombia desde 2005 y que ofrece garantías de rebaja de condena y otros beneficios procesales a los miembros de grupos armados que se desmovilicen y confiesen delitos de lesa humanidad.
La versión de Mancuso, un millonario ganadero de descendencia italiana que llegó a convertirse en uno de los jefes máximos de las AUC, fue presentada de manera escrita ante un fiscal, quien también escuchó por varias horas el relato.
Aunque las confesiones están incluidas en una veintena de páginas, en Colombia hay sectores que estiman que esto ha sido sólo el comienzo y que probablemente en los próximos días podrían ser revelados nuevos hechos.
El ex paramilitar dijo que ordenó el asesinato de 336 personas con sus nombres y apellidos, entre los que destacan el alcalde de Tierralta, Héctor Acosta Pacheco, y su esposa, Leticia Moreno, quien se encontraba embarazada.
También reveló que ordenó atentados contra sindicalistas, militantes de grupos progresistas, profesores universitarios, fiscales y miembros de organizaciones de derechos humanos, por el sólo hecho de considerarles infiltrados de los grupos insurgentes.
Mancuso aceptó que ordenó y participó en no menos de quince masacres, que dejaron centenares de fallecidos.
También mencionó los atentados contra varios políticos regionales y locales, entre ellos el ex sacerdote y alcalde de Cúcuta Pauselino Camargo; Carlos Quiroz, alcalde de San Jacinto y Henry Tafur Barrios, alcalde de San Martín de Loba.
Asimismo admitió ser uno de los responsables de atentados contra Bernabé Sánchez, concejal de La Gabarra y Oscar Enrique Niño, concejal de Gramalote, en el Norte de Santander; Hugo Iguarán, candidato a la rectoría de la Universidad de Córdoba y Tirso Vélez, candidato a la gobernación de Norte de Santander, según reseña este martes la prensa colombiana.
Confesó haber ordenado el asesinato de líderes indígenas y de algunos miembros de las propias AUC.
Otras de las víctimas de las actividades de Mancuso fueron fiscales del Ministerio Público que supuestamente tenían contacto con los grupos guerrilleros.
Los nombres de los fiscales, de acuerdo con las versiones publicadas en la prensa colombiana, presuntamente eran suministrados a Mancuso por la ex directora seccional de fiscalías en el Norte de Santander en 2003, la fiscal Ana María Flórez, quien hoy se encuentra prófuga de la justicia colombiana.
Múltiples colaboradores
Para cometer los múltiples crímenes, Mancuso y los miembros de la AUC contaron con la colaboración de diversas personas infiltrados en la Policía, el Ejército, la Fiscalía, el DAS (policía secreta) y otros organismos estatales de donde obtuvieron información sobre personas acusadas de ser cercanas a las guerrillas para que luego se ordenara su asesinato.
La fiscal Flórez, de acuerdo con la prensa, habría sido una de las aliadas de las AUC, a las que también supuestamente les suministraba información sobre diligencias de capturas, allanamientos y vigilancia que las autoridades realizaban o planeaban adelantar contra paramilitares.
Otro de los supuestos colaboradores de las AUC habría sido el fallecido general Alfonso Manosalva, cuando fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.
El militar supuestamente habría entregado información clave y permitido que los paramilitares organizaran en 1997 la masacre de El Aro, en Antioquia, donde se desarrollaron combates de gran magnitud que les obligó a transportar municiones en un helicóptero.
Mancuso, según revela este martes la prensa, también declaró que contó con la colaboración de la Fuerza Aérea Colombiana, que facilitó dos aviones, para la masacre de Mapiripán (Meta), ocurrida en 1997 y donde murieron alrededor de medio centenar de personas.
Confirmó que en 2001 sostuvieron una reunión con más de 40 parlamentarios y dirigentes políticos colombianos, a los que les presentaron una propuesta para que fuese respaldada.
El »acuerdo político» suscrito entre los paramilitares y los parlamentarios supuestamente tenía el objetivo de »explorar caminos para las negociaciones de paz».
Interferencia en la política
El ex jefe paramilitar también confesó que las AUC tuvieron incidencia en la política del norte del país, y que intervinieron »fusil en mano» en las elecciones presidenciales de 1998, en las que en primera vuelta respaldaron a Horacio Serpa, y en segunda instancia al ganador de los comicios, Andrés Pastrana.
En esa época obligaron a colombianos en su zona de influencia a votar por estos candidatos.
Señaló, de acuerdo con la prensa local, que las autodefensas invirtieron »mucho dinero» en vehículos para llevar a la gente a votar.
Sin embargo, atribuyó la orden de presión electoral al fallecido Carlos Castaño, con quien él compartió en algún momento el mando central de las AUC.
En el caso de las elecciones en las que resultó elegido el actual presidente, Álvaro Uribe, dijo que lo único que hicieron fue »recomendarle» a la gente que votara por él.
Durante el gobierno de Uribe, quien fue reelegido el año pasado, las AUC consiguieron la Ley de Justicia y Paz, con la que más de 25 mil hombres de ese grupo armado han conseguido su reinserción a la sociedad y unos seis mil lograron un marco que les garantiza procesos judiciales con rebajas de condenas por sus crímenes a un máximo de ocho años de prisión.
Las AUC culminaron en abril pasado un proceso de paz iniciada en 2003 con el gobierno Uribe, mientras que las versiones libres de los jefes paramilitares desmovilizados, que incluye a casi 60 personas, se reanudaron el pasado tres de enero.
Desde que se iniciaron las confesiones, ya hay más de cien mil procesos en contra de los paramilitares, promovidos por denuncias de unas 25 mil víctimas.
Mancuso se encuentra detenido en la cárcel de alta seguridad de Itagüí junto a otros 59 cabecillas del grupo ilegal.
El ganadero dirigió los bloques paramilitares de la región selvática y petrolera del Catatumbo, en el noreste de Colombia, donde fueron asesinadas entre 1999 y 2004 más de tres mil personas, según cifras de organizaciones no gubernamentales.
Estados Unidos, además, ha solicitado su extradición por cargos en su contra de narcotráfico, pero esta causa fue suspendida por la justicia colombiana por sumarse al proceso de pacificación y someterse a la Ley de Justicia y Paz.
Ese instrumento jurídico ha sido criticado por grupos de derechos humanos y la Organización de Naciones Unidas (ONU), que advierten que es demasiado generoso al ofrecer penas de entre cinco y ocho años por delitos graves.