El doctor Eduardo Carreño es integrante del Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo», una de las organizaciones que conforman el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. En entrevista con la Agencia Prensa Rural, habla sobre la «parapolitica» y las iniciativas en búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral. Agencia Prensa […]
El doctor Eduardo Carreño es integrante del Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo», una de las organizaciones que conforman el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. En entrevista con la Agencia Prensa Rural, habla sobre la «parapolitica» y las iniciativas en búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral.
Agencia Prensa Rural: ¿Qué percepción tiene el Movimiento de Víctimas con respecto a los escándalos de la parapolítica?
Eduardo Carreño: Yo quisiera señalar dos elementos que me parecen supremamente preocupantes: uno en el caso particular del ex jefe del DAS, el señor doctor Noguera, en donde en primer lugar, reconocemos que las declaraciones del señor Presidente en defensa de este personaje es siniestro, son desafortunadas, porque en el proceso está plenamente demostrado, que el sí trabajaba para el paramilitarismo. Eso lo dicen sus agentes, tanto el señor García como el señor Bermúdez; está demostrado en el proceso que él trabajaba para la mafia del Valle en particular y para los paramilitares de la costa norte, para el señor Giraldo y el señor «Jorge Cuarenta», que hay ex paramilitares confesos que reconocen específicamente que trabajaban con Noguera y que Noguera pasaba y presentaba la información al señor Giraldo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y está demostrado en el proceso que el señor Fierro Don Antonio, un ex capitán del Ejército, trabajó con «Jorge Cuarenta». Cuando lo capturan, tenía el computador de «Jorge Cuarenta», y al descifrar el computador, se demuestra que los informes de inteligencia que realizara el DAS sobre dirigentes sindicales, ex profesores universitarios, estudiantes, lideres campesinos y populares, eran entregados al paramilitarismo, y después los ejecutaba el paramilitarismo, solos o en compañía del DAS, y después aparecía el reporte de a quienes habían eliminado como positivos; y esto nos parece absolutamente preocupante. Igual que los agentes del DAS reconozcan, que a través del mecanismo de protección especial a dirigentes amenazados, defensores de derechos humanos, que lo que hacían era inteligencia donde asistían a reuniones, con quién hablaban, dónde estaban ubicados los familiares, cuál era su rutina, etc. Nos parece de una gravedad inusitada.
Si eso pasa con la principal agencia de seguridad del Estado, pues en manos de quién estamos, y que no se vaya a decir ahora, (y esperamos las explicaciones) de que el señor presidente no tenía nada que ver con eso, que el señor presidente no sabía absolutamente nada y que era una actuación independiente aislada del jefe de la inteligencia del Estado colombiano; eso nos parece que es uno de los engaños.
El paramilitarismo es una política de Estado
En segundo lugar, en relación con lo que aquí se ha denominado como «parapolítica», que nosotros creemos que no se trata de eso, pues es un término que no presenta la realidad de los procesos, nosotros hablamos del terrorismo de Estado, hablamos del paramilitarismo como política de Estado, y lo que se ha venido demostrando en diferentes procesos, es la vinculación de los políticos con el paramilitarismo; está demostrado en procesos desde hace mucho tiempo y recordemos las declaraciones de Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias «Vladimir», cuando él en sus confesiones narra y explica que aquí en esta región se coordinaba con Cesar Pérez García, de aquí de la región, de Segovia, que se coordinaba con Tiberio Villareal y que él fue el que ordenó y planificó muchos de estos crímenes; o el caso de Norberto Morales Ballesteros, ellos estaban vinculados con el paramilitarismo y ahí están las declaraciones de ellos y estamos hablando del año 1986 y 1987. El hecho de que se reconozca públicamente, que el señor Mancuso lo confesó diciendo que el 35% del congreso era de ellos, y después lo ratifica en las audiencias de Ralito el señor Vicente Castaño, diciendo que ese 35% del congreso del 2002 ¡era nuestro! Y después aparecen las declaraciones del señor representante De La Espriella, hablando de la reunión de Ralito, donde se firmó un documento público del paramilitarismo con los políticos de la región, en donde cuarenta altos funcionarios del Estado, congresistas, alcaldes, gobernadores, diputados, entre otros, reconocen ese documento público; y nos encontramos con explicaciones de carácter absolutamente inverosímil, que el documento es intrascendente, que ellos no sabían, que fueron coaccionados, que ellos firmaron un documento en blanco; cuando lo que se genera es un concierto para delinquir, y cuando eso tiene consecuencias y desarrollos posteriores a la realización de crímenes de lesa humanidad en las regiones, que han implicado ejecuciones, secuestros, desapariciones, amenazas, torturas, desplazamientos, etc. Es decir, no es simplemente colaborar con el paramilitarismo. El hecho de que aparezcan estas pruebas que demuestran en principio, que lo que se ha venido denunciando por las víctimas y las organizaciones históricamente es cierto, lo que pasa, es que ahora comienza a destaparse y a presentarse públicamente este fenómeno como algo aislado, como un hecho casual; y el colmo del cinismo es que nos vengan a decir que eso es producto de la Ley de justicia y paz o de impunidad, es decir, eso no es cierto, esto se conocía, la Fiscalía tenia información en particular, en el caso del fiscal anterior Camilo Osorio, lo que hicieron fue ocultar esto.
Cómo explicamos lo del señor García y su participación en los crímenes en el departamento de Córdoba y cómo explicamos que el señor gobernador Arana y el comandante de la Policía, después de que la Fiscalia tenía información y testimonios de que ellos habían participado en estos crímenes, los nombren en el servicio consular, igual en el caso del ex jefe del DAS que lo mandan como cónsul a Milán, en Italia, es inaudito, no se puede aceptar este tipo de explicaciones, y ahora que nos vuelvan a decir que hasta que no haya un fallo de carácter ejecutoriado, ellos siguen siendo funcionarios del Estado, eso no se puede aceptar en ningún país del mundo.
El paramilitarismo es un problema del sistema
Entonces, cuando uno va sumando este cúmulo de evidencias probatorias, llega uno a demostrar que lo que está demostrado es que el sistema como tal, no sólo el Estado, está comprometido con las políticas paramilitares, o ¿cómo explicamos la firma de un documento de 10.000 ganaderos del Bajo Cauca que dicen que nosotros sí somos paramilitares, sí financiamos, sí toleramos y sí aceptamos el paramilitarismo?
Entonces ahí hay que llamar al señor fiscal a que haga esas investigaciones, que nombre una unidad especial para que las realice y para que los vincule por los crímenes que se cometieron en toda esa zona y que pida los procesos y lo unifique en un solo proceso, en una sola investigación; porque y si no salen con el cuento, y eso es un planteamiento histórico, que por cada acción y por cada hecho es una investigación de carácter penal, pero nunca va a aparecer la sumatoria de los procesos, la sumatoria de las amenazas y la sumatoria de los crímenes, y en esos casos nunca aparece ni el etnocidio, ni el genocidio de los campesinos o de los dirigentes sindicales o políticos, es que ese es un sofisma que se ha inventado para no trabajar y para no presentar las cosas, entonces me parece que es muy importante en la coyuntura que se siga exigiendo, por lo menos lo que es ineludible, los 2.695 paramilitares que están en la lista oficial presentada por el gobierno, que los tenía capturados, o mejor, ubicados en la zona de concentración, que les recibieron versiones a la Fiscalía, que tenían compromisos con crímenes de lesa humanidad y los soltaron y los dejaron en libertad y que después de una presión internacional, hoy solo pueden presentarse 58 paramilitares detenidos por graves crímenes.
Hay que seguir en la lucha por la verdad
Para nosotros es inaudito, inexplicable y no renunciamos a que ellos nos transmitan en directo las versiones de estos criminales, porque queremos conocer la verdad sobre lo que pasó, así sea muy dolorosa, con todas las implicaciones, es preferible saber que estos señores cometieron estos crímenes, así afecten a las familias; lo que hay que pedir es protección especial para la familia y asistencia psicológica y humanitaria especial para las víctimas, y no que nos vayan a decir que eso es un problema de moralidad pública, y que ahora nos digan entonces que la Fiscalía va a retransmitir los programas lo que ellos quieran entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, esas son las explicaciones que uno no puede aceptar, es decir, que nosotros trabajamos globalmente (en el mundo) declaraciones universales, convenios universales de derechos humanos, para que se diga que el derecho a la verdad histórica es innegociable por la humanidad y por las organizaciones y por la víctimas en concreto. Para que así después nos digan estos señores, que nosotros solamente tenemos derecho a conocer lo que ellos quieran presentarnos, eso es inaudito, eso es lo que no se puede aceptar y precisamente por eso planteamos en concreto el acompañamiento de personas a nivel mundial en la Comisión Ética, como garantía, para que las organizaciones sigan existiendo, para que, lo poquito que pueden presentar sea un paso en ese proceso de búsqueda de la verdad, en ese proceso de lucha contra la impunidad, y para que realmente se haga justicia en Colombia sobre estos casos, y para que la reparación sea totalmente integral, para la totalidad de las víctimas en las dimensiones que realmente se perdieron y sobre todo garantías para que no se vuelvan a repetir los crímenes. Creo que ese es el camino que hay que seguir, y ahí en eso nos encontramos con todas las víctimas, independientemente de quiénes sean, independientemente de su estrato, de su condición religiosa, social, política o racial.