El paramilitarismo no se define por el tipo de estructura armada empleada para desarticular y asesinar a la oposición política y organizaciones sociales. Al paramilitarismo lo define la intencionalidad política , los autores intelectuales que utilizan cualquier expresión armada para cumplir los fines políticos de perpetuarse en el poder.
El asesinato del humorista Jaime Garzón, ejecutado por la banda criminal La Terraza, cuya responsabilidad intelectual recae en la Fuerza Pública, los organismos de seguridad del Estado y el excomandante paramilitar Carlos Castaño Gil, es claro ejemplo de cómo cualquier estructura criminal es utilizada para perpetuar un modelo económico y político que derrama la sangre de la oposición y el pensamiento crítico.
Sin embargo, el Estado implantó en el imaginario de la sociedad un referente que asocia paramilitarismo con estructuras armadas y mandos definidos, valiéndose para esto de su experiencia con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estrategia paramilitar que se caracterizó por contar con estructuras armadas identificables y mandos visibles.
Los orígenes del paramilitarismo indican que no es la estructura lo que lo define, sino la política que lo mantiene. Las estructuras se desmontan, descentralizan o mutan, pero la política paramilitar nunca desaparece. Es de recordar que su nacimiento involucra a integrantes de la Escuela Especial de Guerra de los Estados Unidos , quienes en 1962 visitaron el país recomendando la conformación de grupos paramilitares.
Lo anterior se constata, como
lo relata el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en el informe del General Yarborough, director de investigaciones de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg, quien en un suplemento de carácter secreto recomendó, en caso de ser necesario, «impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra conocidos partidarios del comunismo».
Ya sea contra el comunismo, el anarquismo, la izquierda, el petrismo, contra quienes «no quieren el progreso», o cualquier otro calificativo que se les ocurra, el fin de la estrategia paramilitar, principalmente, es asesinar y desarticular procesos sociales y comunidades que representa un obstáculo para el actual régimen corrupto neoliberal.
Bandas criminales (Bacrim), Grupos Armados Organizados (GAO), narcotraficantes y delincuencia organizada, son algunos de los nombres y formas criminales que encubren la política paramilitar, estructuras armadas que asesinan a líderes y lideresas sociales, y bajo las cuales se escuda el Estado para negar la existencia del paramilitarismo.
El paramilitarismo que no existe en Pradera
El 29 de junio, Islenio Muñoz, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Valle del Cauca (Astracava) y gerente de la iniciativa campesina Productos Soberano, fue amenazado por hombres vestidos de negro, encapuchados y armados que llegaron hasta su vivienda ubicada en el corregimiento Bolo Blanco, zona rural del municipio de Pradera (Valle del Cauca).
Las amenazas provocaron el desplazamiento del dirigente agrario y su familia, y estuvo acompañado de un trabajo de inteligencia que incluyó preguntas sobre otras personas de la zona, así como el robo de información depositada en documentos y material audiovisual, según denunció la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes (REDDHFIC).
Frente a estos hechos, el Gobierno municipal ha respondido no con preocupación por la presencia paramilitar en la zona, sino con preocupación porque esto ponga en riesgo el proyecto turístico «La vuelta al cielo», proyecto inconsulto y cuestionado por algunas comunidades campesinas de Pradera que plantean otras necesidades y prioridades en la política pública.
Silenciar esta problemática para beneficio de la «buena imagen» del municipio, mientras el riesgo es inminente para las comunidades de la zona, es la constante que organizaciones como Astracava han sentido por parte del Gobierno municipal, tal como lo expresa Kennedy Campo, dirigente de esta organización campesina:
«La administración municipal lo que quiere es callar esta situación, y como organización campesina rechazamos esa posición del Gobierno territorial porque nosotros estamos en peligro latente, es una situación muy crítica».
El caso de Pradera sirve para ilustrar la estrategia del Estado de negar la política paramilitar. Al no existir estructuras claramente identificables, como lo fueron en su momento las AUC, o dándoles calificativos de «bandas criminales» o Grupos Armados Organizados (GAO), niega la sistematicidad de los asesinatos de líderes y lideresas sociales y permite que los crímenes del paramilitarismo prosigan.
La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes viene acompañando a las comunidades y denunciando esta situación. Darnelly Rodríguez, coordinadora de la red, manifiesta que previo a las amenazas contra Islenio Muñoz ya había presencia de este grupo paramilitar en Pradera.
La defensora también agrega que la situación es preocupante porque «estos casos la institucionalidad ha querido desligarlos de la gravedad que representan, simplemente porque no se tiene concretamente identificado el grupo armado que hace presencia en la zona, porque no se tiene un nombre de ellos».
Lo que sucede en Padrera es ejemplo de la forma y estrategia generalizada para permitir la expansión del paramilitarismo en el país. Negar su existencia bajo análisis y excusas que solo se refieren a este plan criminal como una estructura armada, es la infamia que invita a desconocer que el paramilitarismo nunca fue desmontado en Colombia, en tanto que como política siempre ha estado vigente para asesinar a la oposición política y el pensamiento crítico.
