La matanza de líderes sociales ascendió a 4 por semana y la de excombatientes llegó a ser 2 por semana en el pasado mes de junio, exterminio con que el régimen busca desaparecer disidentes, opositores y todo aquel que le proteste al modelo capitalista de extracción acelerada de recursos naturales y jugosas ganancias para Sarmiento […]
La matanza de líderes sociales ascendió a 4 por semana y la de excombatientes llegó a ser 2 por semana en el pasado mes de junio, exterminio con que el régimen busca desaparecer disidentes, opositores y todo aquel que le proteste al modelo capitalista de extracción acelerada de recursos naturales y jugosas ganancias para Sarmiento Angulo el banquero más rico de Colombia.
La Doctrina de Seguridad Nacional hecha en los Estados Unidos y aplicada en Colombia las últimas 7 décadas, ordena clasificar como «enemigo interno» a quienes se le opongan a su régimen, de este forma son enemigos internos los líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y del Territorio, los activistas de izquierda, personalidades progresistas, etc.
Para ejecutar el exterminio el régimen combina acciones encubiertas de sus propias tropas con el uso de sicarios suministrados por los Carteles de las drogas y las bandas mafiosas, a quienes hacen aparecer como fuerzas paraestatales.
En las épocas del peor narco paramilitarismo, estas fuerzas de extrema derecha mafiosa se tomaron la Agencia de espías estatal (DAS), a la que tuvieron que deshacer por tal motivo. Antes, también las élites debieron desarticular una Brigada militar completa, la BRIM, por la perpetración de miles de Crímenes de Lesa Humanidad contra opositores.
Asociación estatal con el paramilitarismo en auge
La Comisión de Paz del Senado tras su visita a Tierra Alta, Córdoba; aseguró que esa región es controlada por los paramilitares [1]; afirmación que fue negada por el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien en entrevista con Blu Radio, dijo: «no es que existan paramilitares, sino personas malas que matan a gente buena» [2].
El 30 de junio, la prensa informó que Miguel Bastidas, jefe narco paramilitar de la banda ‘La Constru’, era transportado en un carro oficial del Ejército por el sur de Bogotá, propiedad del coronel Elkin Argote, jefe del Estado Mayor de las Reservas del Ejército [3].
Otro camión oficial del Ejército fue pillado en Carepa, Antioquia, con 200 morrales de campaña con parrilla y etiquetas de identificación de la Policía Nacional y 2.000 camisetas color verde con etiqueta del Ejército, destinadas a las bandas y escuadrones narco paramilitares que operan en Urabá, en límites con Panamá, según aclaró el conductor del vehículo [4].
Incremento del desplazamiento forzoso
A lo largo de la última década, la población global de desplazados forzosos creció sustancialmente de 43,3 millones en 2009 a 70,8 millones en 2018 y alcanzó una cifra récord.
Según el informe «Tendencias globales del desplazamiento forzoso en el 2018», realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), por cuarto año consecutivo Colombia es catalogado como el país con más desplazamiento forzoso interno, con 7’816.500 víctimas [5].
Los perseguidores no dan tregua
La persecución política del régimen crece por medio de amenazas, atentados y judicializaciones en las que hacen aparecer a líderes sociales como «auxiliadores de la subversión».
Merly Xiomara Peluffo , exconcejal y víctima del conflicto en tres oportunidades; el pasado 2 de julio esta líder social del Carmen de Bolívar fue amenazada por sujetos que llegaron hasta su casa y violentamente le advirtieron que debía irse del pueblo.
El capitán del Cabildo indígena de Sampues, Ferney Hernández, el pasado 5 de junio denunció que a través de panfletos habían amenazado de muerte a los líderes de la etnia Zenú.
Yirley Velasco , lidera la Asociación «Mujer y Vida» en el corregimiento del Salado, Carmen de Bolívar, en la que defiende sobrevivientes de la violencia sexual y promociona los derechos de la mujer; fue amenazada de muerte por medio de llamadas y cartas.
Carlos Fernández , defensor de derechos humanos del Putumayo y miembro de la Comisión Intereclesial Justica y Paz; el 26 de junio fue amenazado de muerte a través de llamada telefónica.
Danelly Estupiñán , promotora del paro cívico de Buenaventura que se desarrolló en esa ciudad en el 2017, denunció que además de ser víctima de seguimientos por parte de personas extrañas, ahora la están intimidando judicialmente por sus denuncias sobre corrupción y genocidio en este Puerto del Pacífico.
Francisco Ríos , víctima de desplazamiento y padre del líder social y ex concejal Andrés Felipe Possú; había denunciado amenazas y el pasado 2 de julio fue asesinado en el casco urbano de Villa Rica, Cauca.
Tatiana Posso Espitía de 36 años, líder social del Copey, Cesar y precandidata al Concejo municipal; el 3 de julio fue asesinada en su vivienda frente a su madre y su hija de 12 años, por sicarios que le propiciaron múltiples impactos de bala.
Notas:
[5] Desplazamiento forzado en 2018. https://www.acnur.org/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.