El senador Iván Cepeda y las organizaciones Temblores, Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes, Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, entregaron este fin de semana un segundo informe sobre la situación de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Colombia en medio de las manifestaciones que se han desarrollado desde el 28 de abril.
El informe complementario da cuenta de al menos 3.825 violaciones a los derechos humanos, entre el 28 de abril y el 2 de junio. Informa sobre nuevos 229 hechos violentos del 11 de mayo a la fecha, que hacen referencia a 1271 nuevas víctimas, de las cuales se aporta la identidad de 554. Detalla cifras recientes y nuevos casos de: asesinatos; violación y violencia sexual; tortura y otros actos inhumanos; encarcelación u otra privación grave de la libertad física; hechos de paramilitarismo urbano como nuevo modus operandi contra la protesta social, entre otros.
Este último informe, señalan sus autores, se le entregó a la CPI, con la voluntad de ampliar y profundizar la denuncia presentada el 12 de mayo pasado. Explican que los nuevos hechos documentados reafirman la existencia de 22 patrones de conducta, acciones u omisiones, con relación a crímenes de lesa humanidad cometidos por integrantes de la Policía y el Ejército Nacional, y grupos de civiles armados, como reacción a la movilizaciones pacíficas que se han presentado a lo largo del país.
Además de los 22 patrones identificados en la comunicación anterior, en esta oportunidad, el informe alerta con preocupación el paramilitarismo urbano que se ha presentado de manera continua desde comienzos de mayo. También entrega evidencias acerca de ataques armados liderados por civiles en presencia de agentes de Policía y del Ejército Nacional, en las ciudades de Cali, Popayán, Pereira, Tuluá, Yumbo y Bucaramanga.
Frente a estos hechos, los denunciantes advierten que, el silencio y la ausencia de condena pública por parte del presidente Iván Duque y de superiores jerárquicos del gobierno colombiano, ha generado un clima de favorecimiento y protección que ha permitido que esas acciones se repliquen en distintas ciudades del país, sin ningún tipo de control ni limitación. De igual forma, mencionan porqué el ministro de Defensa, Diego Molano, fue citado a debate de control político y, porqué ante las evidencias abundantemente probadas y documentadas, guardó silencio.
En ese sentido, piden a la Fiscalía de la CPI que estudie en materia de complementariedad, la inactividad del Estado y la falta de eficacia e independencia de los organismos judiciales, de control y de garantía de los derechos humanos. Específicamente se refirieron a “las actuaciones parcializadas de la Procuraduría General de la Nación; la actuación de impunidad del fiscal, Francisco Barbosa y las actuaciones omisivas del Defensor del Pueblo”. Así como, la falta de disposición por parte del Estado colombiano para llevar a los máximos responsables a la justicia.
“Los procedimientos se están llevando solamente contra autores marginales y existe la intención de sustraerlos de la responsabilidad penal por crímenes de competencia de la CPI, al tratar los asesinatos, las torturas y otros crímenes de lesa humanidad, como “actos de servicio” que son juzgados por tribunales militares. La Justicia Penal Militar no es un órgano independiente, imparcial y competente para juzgar crímenes de lesa humanidad” dice el informe.
Agrega que tanto la Fiscalía como la Procuraduría, durante el Paro Nacional, han sido órganos absolutamente ineficaces que además han legitimado con sus declaraciones las actuaciones arbitrarias de la Fuerza Pública y, en algunos casos, viola la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
“La actitud parcializada y la conducta arbitraria de la Procuradora Margarita Cabello en contra de quienes participan en movilizaciones del paro nacional, se evidencia en su decisión de abrir investigaciones disciplinarias en contra de gobernadores y alcaldes que no pertenecen a partidos de la coalición de Gobierno. Es evidente que la procuradora Cabello busca limitar sus derechos políticos y viola la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos”. Situación similar señalan frente a las declaraciones y actuaciones del Defensor del Pueblo.
De igual forma, frente a las medidas propuestas por el presidente Duque en el decreto 575 de 2021, advierten que es una estrategia para usar la militarización y el autoritarismo como base legal de la comisión de crímenes. “El decreto 575 en el que se declara un estado de excepción de facto, burlando el control jurisdiccional de la Corte Constitucional y del Congreso de la República. Encarna la continuidad al resquebrajamiento del Estado Social de Derecho”, aseguran.
El informe a la CPI concluye, insistiendo, en la petición a la fiscal Fatou Bensouda para que visite a Colombia y solicite a la Fiscalía General de la Nación, a la Jurisdicción Penal Militar y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes información sobre el estado de las investigaciones y el accionar frente a los presuntos máximos responsables.
En relación con los superiores jerárquicos, señalan al presidente de la República, Iván Duque; al ministro de la Defensa, Diego Molano; al director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas; y al comandante general del Ejército Nacional, Eduardo Zapateiro, como responsables de los crímenes cometidos. En relación con la responsabilidad penal individual, la comunicación reitera que Álvaro Uribe Vélez es responsable por “proponer o inducir” la comisión de crímenes de lesa humanidad, al incitar a la fuerza pública al uso de la violencia letal.
Iván Cepeda Castro, senador, Investigador en ciencias humanas y defensor de derechos humanos.