Hace poco se abrió una investigación en contra de la Fiscal Hilda Janeth Niño Farfán, por haber favorecido al narcoparamilitar Orlando Villa Zapata, para que no fuera expulsado del proceso de Justicia y Paz, favor por el que recibió una suma de 400 millones de pesos y dos camionetas, tipificando la forma cómo se subasta […]
Hace poco se abrió una investigación en contra de la Fiscal Hilda Janeth Niño Farfán, por haber favorecido al narcoparamilitar Orlando Villa Zapata, para que no fuera expulsado del proceso de Justicia y Paz, favor por el que recibió una suma de 400 millones de pesos y dos camionetas, tipificando la forma cómo se subasta la justicia colombiana.
La Fiscal se hace la desentendida y cínicamente se atreve a ripostar, con el argumento trasnochado de la persecución política, que ella «a alguien le debe estar estorbando» para que la justicia la investigue. Pero, no ha podido explicar la comunicación permanente con el abogado del antiguo comandante del Bloque Vencedores de Arauca, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el que le reclamaba por haber recibido «chichiguas», las constantes visitas de su esposo en calidad de abogado al narcoparamilitar, y las conversaciones de este último con su esposa, preocupados por el posible cambio de Fiscal, donde ésta expresaba «¿Será que se van a perder los 400 millones y las dos camionetas que le dimos?»
Nada nuevo se esconde en este caso, porque la apreciación que colombianos y colombianas tenemos frente a la administración de justicia es sumamente negativa. Está ampliamente documentada la forma como mercenarios, empresarios, jueces y políticos ligados al narcotráfico, la corrupción y el paramilitarismo han logrado salir airosos de los procesos judiciales, ya sea evadiendo la justicia o en su defecto comprando la conciencia de fiscales como a Niño Farfán, o, de jueces descarados como el que liberó al alcalde de Villavicencio John calzones, por vencimiento de términos.
Cuando se corrompe la sal
Y la cereza del pastel es el caso del jefe anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno Rivera detenido hace unos días por corrupción y donde se junta esta podredumbre de la burocracia del Estado con el paramilitarismo. Por ello no podemos esperar que el país crea en la justicia, si somos gobernados por fiscales que reciben sobornos de paramilitares. La corrupción desbordada del Estado es descarada, todos sus órganos de control; Fiscalía, abogados, jueces y policías hacen parte de una estructura criminal que roba sin sonrojarse, los recursos públicos o de cualquier procedencia con el mezquino fin de enriquecerse.
No es de extrañar que la clase popular colombiana desconfíe de la justicia y todos sus órganos de control, porque en definitiva es el pueblo el que debe pagar con más impuestos y represión, la corrupción de una clase oligárquica decidida a perpetuarse en el poder.
La administración de justicia está vetada para juzgar a quienes defienden los intereses políticos de la clase en el poder. Es de recordar el caso de Mario Uribe o Luis Carlos Restrepo quienes a pesar de estar comprobados sus nexos con el paramilitarismo, la corrupción y el despojo, siguen en la actualidad huyendo de la justicia, con el beneplácito de jueces y fiscales que se hicieron los de la vista gorda, amañando los procesos judiciales, hasta que estos funcionarios del gobierno Uribe lograron salir del país.
Se lucran con la represión ilegal e ilícita
De la misma manera ha actuado la justicia frente a los jefes paramilitares. La esencia de la ley de Justicia y Paz fue lograr impunidad para los paramilitares, con beneficios exagerados de rebaja de penas y libertades a quienes han violado los principios de cualquier reparación a las víctimas: Verdad, justicia, reparación y No repetición.
El paramilitarismo que defiende la Fiscal Niño, no ha dicho toda la verdad, base del proceso de Justicia y Paz, porque después de más de 10 años de la supuesta desmovilización paramilitar, hasta ahora se está esclareciendo el funcionamiento interno de las AUC, mientras siguen en el tintero los vínculos de la clase dirigente con este proceso, la responsabilidad del Estado y las potencias extranjeras, y el paradero de miles de desaparecidos. Apenas se ha admitido el trabajo conjunto de los paramilitares, con algunas «manzanas podridas» de las FFAA estatales.
Sólo hasta ahora, después de más de 20 años, se ratifican los vínculos de la familia Uribe con el paramilitarismo. En el fallo de segunda instancia la Fiscal del caso señaló que «Se puede dar como un hecho cierto y probado que el señor Santiago Uribe Vélez ejercía la dirección y coordinación del grupo Los Doce Apóstoles», refiriéndose a como el hermano del ex-presidente Uribe sembró el terror en Yarumal, Antioquia. Así, el vínculo de las familias de la élite colombiana con el horror paramilitar hasta ahora se inicia a conocer, pero es muy dudosa la posibilidad que logren ser penalizados por la justicia.
Eliminan a quienes se les opone
El paramilitarismo que defiende la Fiscal Niño, no ha reparado a las víctimas y sigue delinquiendo. En marzo de este año Todd Howland, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, alertó sobre el aumento de asesinatos de líderes sociales. Así mismo José Miguel Vivando, director para las Américas de Human Right Watch (HRW), en entrevista con El Espectador señaló que «Las AGC ejercen un control férreo sobre comunidades ribereñas del sur de Chocó, amenazan a pobladores, obligan a comunidades enteras a acudir a reuniones donde les dan instrucciones sobre cómo deben cooperar con ellos y reclutan a menores. Incluso, hemos recibido denuncias de que miembros habrían presionado a niñas de apenas 12 años para que sean sus parejas sexuales».
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó el asesinato de Bernardo Cuero, defensor de derechos humanos y líder afrodescendiente, asesinado por dos hombres el 7 de Junio en Malambo, Atlántico. Así mismo, continúa desaparecida la lideresa Adelaida Dávila Estupiñán, quien el 13 de Junio fue vista por última vez en Pitalito, Huila, liderando una mesa de trabajo para generar propuestas de participación en el proceso de paz.
Es evidente la permanencia del paramilitarismo en el país, así como la complacencia del sistema judicial para que éste continúe desarrollando la guerra sucia del Estado y la dificultad que representa para quienes quieren participar en la construcción de la paz. El paramilitarismo sigue enquistado en el conjunto de la clase en el poder, especialmente en el aparato de Estado que se supone debe beneficiar a las mayorías del país.
Renuncien al paramilitarismo
Un proceso de solución política al conflicto, necesariamente debe contar con la voluntad política para sacar el paramilitarismo de las políticas de Estado y extinguirlo de la sociedad colombiana.
Si el paramilitarismo sigue existiendo, es gracias a la acción estatal, ya sea a través de prebendas judiciales -como en el caso de la fiscal Niño Farfán- , a partir de la colaboración y omisión de la Fuerza Pública -como en el Chocó donde el Ejército convive con los paramilitares y amenaza a la población para que no los denuncien- o del abandono del Estado -como sucede en Tumaco, Buenaventura o Quibdó-.
La paz no se logra con la desmovilización y desarme de la guerrilla. No será posible la realización de las transformaciones que necesita Colombia, mientras que no haya un cambio de las estructuras del Estado y la sociedad, mientras no se solucionen las causas que originan el conflicto social y armado, que padecemos en Colombia, hace más de setenta años.