Duro dictamen de la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo para investigar el uso de Pegasus y otros programas de spyware equivalentes. El reporte de la diputada neerlandesa Sophie in ‘t Veld, del Grupo Renew Europe, el mismo de Ciudadanos, detalla durante 15 páginas las evidencias y las consecuencias del escándalo Pegasus en España, no sin antes advertir de las consecuencias sobre la democracia del los sistemas de vigilancia desarrollados por el grupo NSO y del hecho de que “el abuso de los programas espía no sólo viola el derecho a la intimidad de las personas. Socava la democracia y las instituciones democráticas de forma sigilosa“.
El informe alerta de la ramificación europea del uso de estos programas, entre los que Pegasus es el más conocido y Candiru el más “invisible”, que se definen en el informe de 159 páginas como “spyware mercenario”. Así, el dictamen que debe estudiar el Parlamento Europeo a partir de su entrega el 8 de noviembre denuncia que:
“Los gobiernos de los Estados miembros de la UE han estado utilizando programas espía contra sus ciudadanos con fines políticos y para encubrir la corrupción y la actividad criminal. Algunos han ido más allá y han incluido programas espía en un sistema diseñado deliberadamente para un gobierno autoritario. Otros gobiernos de los Estados miembros pueden no haber abusado de los programas espía, pero han facilitado el oscuro comercio de programas espía”.
España aparece en las primeras categorías, junto con Polonia, Hungría, Grecia y Chipre, los países en los que mejor está documentado el uso de estos programas de infección de terminales móviles proporcionados por la contratista israelí NSO Group.
Además, recoge que el Gobierno español está explorando la idea de comprar el software espía Predator, creado por Cytrox y distribuido por la plataforma Intellexa Alliance. La Eurocámara se hace eco de unos documentos filtrados en agosto que contendrían la oferta de Intellexa a España, posiblemente a los servicios secretos españoles, con detalles sobre qué modelos de móvil son susceptibles a este espionaje y hasta dónde “puede llegar el espionaje retroactivo”. No obstante, el propio reporte especifica que no hay confirmación de que los servicios secretos o el Gobierno se hayan hecho con Predator. La UE vs Predator El informe que debe discutir el Parlamento Europeo detalla la crisis que ha tenido lugar en Grecia y Chipre por el uso masivo de Predator. En el caso griego, en julio de 2022, el diputado Nikos Androulakis (S&D) hizo público que había presentado una demanda ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por el intento de hackeo de su teléfono con Predator en 2021. El 8 de agosto de 2022, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis emitió un mensaje de vídeo “en el que afirmaba ambiguamente que la vigilancia de Androulakis era ‘legal’ pero ‘políticamente inaceptable”», refiere el informe, que cita que ni el gobierno ni los servicios secretos griegos (YPD) han puesto demasiado empeño en buscar la fuente de la que partió el espionaje a este eurodiputado.
La herramienta de espionaje Predator, explica el portal SecNews “ha llamado la atención de los expertos en seguridad de todo el mundo por su actividad ilegal contra personalidades destacadas, como el reciente hackeo de los dispositivos de Ayman Nour, un político de la oposición egipcia que vive exiliado en Turquía”.
Doble espionaje
El informe recuerda que las primeras informaciones sobre el uso de Pegasus, publicadas por Amnistía Internacional en 2021 apuntaron al espionaje de Pedro Sánchez y los ministros de Interior y Defensa por parte de un tercer Estado, presumiblemente Marruecos. Pero, por su masividad, el informe de la ponente Sophie in ‘t Veld aborda el llamado Catalangate con más detalle.
“En total se ha confirmado que 65 catalanes fueron objeto de programas espías mercenarios, 63 con Pegasus, cuatro con Candiru y al menos dos personas fueron infectadas con éxito”, refleja el informe, que más tarde refleja que es “imposible saber el número de infecciones de Candiru que han pasado desapercibidas”.
Cornelia Ernst, eurodiputada alemana
de The Left en el Parlamento Europeo estuvo en España investigando el
caso y declaró a El Salto que las 65 víctimas conocidas “son sólo la
punta del iceberg. Hay muchas más personas afectadas, y el espionaje se
produce incluso en el extranjero”.
La visita de Ernst formó parte del envío de una delegación del grupo The Left que se produjo entre el 24 y el 28 de octubre, en la que los dos partidos mayoritarios del Parlamento Europeo (S&D, en el que se encuadra el PSOE y Partido Popular Europeo) rehusaron participar. Esa delegación informó de que fueron rechazadas las invitaciones enviadas a Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior español, a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España, y a María Gámez Gámez, directora General de la Guardia Civil.
“Es una vergüenza cómo partes del gobierno español, y algunos partidos importantes del parlamento, obstruyen cualquier esfuerzo de transparencia y responsabilidad”, denunció entonces la eurodiputada Cornelia Ernst (The Left), “cualquier control del uso de programas de espionaje mercenarios, ya sea parlamentario o judicial, resulta imposible de esta manera”.
El informe que debe examinar el Parlamento Europeo denuncia igualmente la “poca información” dada hasta el momento sobre su papel en la selección de personas que fueron objeto de vigilancia. El 5 de mayo, la entonces directora del Centro Nacional de Inteligencia reconoció en la comisión de fondos reservados del Congreso lo que ya se había filtrado y que es todo lo que ha reconocido el Ejecutivo hasta la fecha: que 18 personas fueron espiadas con autorización judicial.
Se trata de un reconocimiento limitado, que no aclara qué pasa con las 47 personas que completan el total de 65 infectados con spyware que destapó la investigación independiente de Citizen Lab el pasado 18 de abril. Pero, como advierte el informe, ni siquiera en el caso de los individuos a los que se ha reconocido espiar —entre otros el actual president de la Generalitat, Pere Aragonés— se ha podido establecer por parte del Estado español por qué son “una amenaza para la seguridad nacional o la integridad del Estado”, dado que no se conocen los contenidos de las órdenes judiciales en las que se ha amparado el Gobierno.
Las revelaciones sugieren que el Gobierno español comenzó a ser cliente de NSO Group en 2015 y que fue en el otoño de 2017 cuando se intensificaron los seguimientos a políticos y activistas independentistas en el marco del Procés. “La mayoría de los ataques del Catalangate coinciden y se relacionan con momentos de relevancia política como los procesos judiciales contra los separatistas catalanes, concentraciones públicas y comunicación con separatistas catalanes que viven fuera de España”, reseña el informe.
Críticas múltiples
La legislación española ha podido servir para justificar la excepción que el espionaje ejerce sobre el artículo 18 de la Constitución, que garantiza el derecho a la intimidad personal, razona el informe. Sin embargo, las disposiciones en las que se ha amparado el Gobierno “entraron en vigor en una época en la que la tecnología de la vigilancia estaba muy avanzada (…) por tanto, las salvaguardias legales corren el riesgo de quedar obsoletas y no proporcionan a los ciudadanos una protección suficiente”.
La ponente también incluye críticas al desarrollo “lento” de los procesos judiciales que atañen a las víctimas catalanas del espionaje, y reconoce que es probable que todas las denuncias en marcha terminen en la Audiencia Nacional. Cornelia Ernst fue más allá tras su misión en España y refirió que ha recibido “importantes datos que nos hacen dudar de la independencia del poder judicial en España”.
El informe de la diputada de Renew cuestiona además la no revisión de la Ley de Secretos Oficiales, la falta de transparencia del CNI y la barrera que los servicios secretos han levantado con respecto a la investigación que el Defensor del Pueblo debe hacer sobre el espionaje a las 18 personas de interés seguidas por el Gobierno. Denuncia también el cuestionamiento que se ha hecho por parte de “algunos políticos españoles” del informe de Citizen Lab. Un periódico con sede en Madrid se permitió asegurar que “la maquinaria propagandística ‘indepe’ queda al descubierto” cuestionando los resultados de una investigación que Sophie in ‘t Veld considera veraz en todo momento.
La UE vs Predator
El informe que debe discutir el Parlamento Europeo detalla la crisis que ha tenido lugar en Grecia y Chipre por el uso masivo de Predator. En el caso griego, en julio de 2022, el diputado Nikos Androulakis (S&D) hizo público que había presentado una demanda ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por el intento de hackeo de su teléfono con Predator en 2021. El 8 de agosto de 2022, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis emitió un mensaje de vídeo “en el que afirmaba ambiguamente que la vigilancia de Androulakis era ‘legal’ pero ‘políticamente inaceptable”», refiere el informe, que cita que ni el gobierno ni los servicios secretos griegos (YPD) han puesto demasiado empeño en buscar la fuente de la que partió el espionaje a este eurodiputado.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/espionaje/pegasus-parlamento-europeo