El reciente envío al Parlamento por parte del gobierno del Proyecto de Reforma a la actual Ley Electoral Binominal y la propuesta de elección por votación popular de los futuros Consejeros Regionales que éste contiene, ha generado reacciones, opiniones y propuestas al interior del Movimiento Mapuche. Si a lo anterior sumamos los anuncios de una […]
El reciente envío al Parlamento por parte del gobierno del Proyecto de Reforma a la actual Ley Electoral Binominal y la propuesta de elección por votación popular de los futuros Consejeros Regionales que éste contiene, ha generado reacciones, opiniones y propuestas al interior del Movimiento Mapuche. Si a lo anterior sumamos los anuncios de una próxima respuesta oficial de Bachelet a las Propuestas de las organizaciones indígenas en general, y mapuche en particular, que durante el año pasado participaron del denominado «debate indígena», nos hallamos ante una coyuntura especialmente sensible, en el cual el movimiento mapuche autonomista debe jugar sus cartas asegurando, ante todo, resguardar los avances en materias de unidad que se ha logrado construir sobre la base del reconocimiento de una diversidad interna y; sobre la definición que se ha hecho de principios políticos estratégicos que tienen en la Libre determinación el marco de acción política para sí y frente al estado.
Parlamento Nacional Mapuche con base Territorial v/s Parlamento o Consejo Nacional Indígena
La figura de una institucionalidad estatal indígena con un carácter nacional, ya sea con el nombre de Consejo e incluso de Parlamento Nacional Indígena, parece hoy por hoy una salida política cada vez más probable para los administradores del poder (concertación). Esto debido, por un lado, a la crisis ya terminal que vive la actual institucionalidad indigenista, CONADI, la que en los últimos meses se ha visto estancada en su funcionamiento como consecuencia del rechazo que ha concitado la nominación del nuevo Director Nacional en los Consejeros Indígenas, y por otro, la supresión de este organismo -única instancia del estado que en la actualidad concentra un cierto grado de participación indígena a través de la figura de los Consejeros-, no podría ser menor desde el punto de vista de la «participación». El escenario indígena interno y los grados de avance del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el nivel internacional (espacio en el que ya el estado chileno ha sido interpelado críticamente en materia del resguardo, protección y promoción de los derechos colectivos), harían impresentable una instancia aun más restrictiva. De ahí que la posibilidad de un Consejo Nacional Indígena que incluso tome el nombre de Parlamento, se pueda barajar como posible carta del indigenismo estatal, pues, -y aquí le entramos a nuestro parecer al tema de fondo- una estructura con esas características, es decir, «nacional», refuerza -o por lo menos les garantiza- el control de uno de los sentidos fundamentales del aparato Estado-Nación; el de la «unidad» y seguramente el de la centralidad en la toma de decisiones. O sea, sería la reproducción de la misma institucionalidad que por décadas ha negado nuestro derecho a decidir sobre nuestras vidas y nuestro territorio. Seria una clonación del estado aunque con figura indígena. Hemos aprendido que el indigenismo mete a todos los pueblos bajo la misma categoría colonial: la de indios. Si un pueblo cree, tiene o aspira a derechos particulares respecto a su historia y su particular relación con el Estado, entonces no cuaja, porque la política dirigida a este bloque, «los indígenas», es estandarizada. La «media» aquí la ha puesto siempre el dueño del boliche. Si los mapuche tenemos una perspectiva territorial y nacional, no les importa, pues debemos recibir igual y no más que los otros que están metidos en el mismo saco. Sabemos que la suerte de nuestros pueblos se juega en sus propios espacios territoriales, pues eso es lo que estamos viendo a diario con políticas neoliberales como la expansión forestal que -valga recordar- con los nuevos tratados comerciales firmados por Chile, se cuadruplicará la superficie plantada principalmente en las regiones XIII, IX y X, tan sólo en Gulumapu; la instalación de celulosas con las ya conocidas graves consecuencias en el Ixofill Mogen (caso Celco y Mewin); el emplazamiento de centrales hidroeléctricas ahora en la zona mapuche-williche de Panguipulli; la instalación de empresas de pisciculturas y salmoniculturas, actividad económica en acelerado crecimiento en el país; los proyectos de prospección y explotación minera como el que se pretende hacer en la zona de Lleu Lleu; la instalación de megaproyectos turísticos; el explosivo crecimiento de las ciudades sobre las tierras de comunidades mapuche; el conocido proyecto de construcción del aeropuerto regional en la zona de Kepe; la instalación de vertederos y plantas de tratamientos de agua servidas; la siempre vigente idea de construir una amplia red vial de carreteras y puertos; todo ello y quizás cuantos otros planes de intervención económica de empresas nacionales y transnacionales en complicidad con el Estado, hacen que el movimiento mapuche autonomista deba centrar sus esfuerzos en territorializar el ejercicio del poder.
Esto en definitiva es que quienes deben enfrentar estas intervenciones, puedan ejercer su legítimo y tan elemental derecho a informarse, deliberar, decidir y negociar. Siendo realistas; territorializar el ejercicio del poder es, sino la única manera de ejercer soberanía, mantener grados necesarios de control sobre si mismo y su futuro como pueblo. Es saludable que importantes sectores del Movimiento así lo entiendan como queda demostrado en la Propuesta de las Organizaciones Territoriales Mapuche al Estado de Chile, entregada al gobierno de Bachelet en enero último. En ella, la Coordinación de Organizaciones Mapuche COM, instancia resultante del proceso de discusión de la mencionada Propuesta, en uno de sus puntos en el ámbito político de su relación con el estado, plantea el » Reconocimiento de un Parlamento Nacional Mapuche de carácter autónomo y re-fundacional, sustentado en principios y valores mapuche, con base territorial, con decisiones vinculantes en torno a los temas que afecten directa o indirectamente a nuestro territorio» Las diversas instancias mapuche autonomistas que adhieren a esta propuesta se han planteado el desafío. Es el momento entonces de centrar nuestros esfuerzos en hacer nacer esta instancia como espacio propio de discusión, deliberación y decisión sobre los temas que nos afectan y nos competen. ¡Ojo!, no estamos hablando de sustraernos a propuestas como la obtención o concesión (depende de donde se mire) de cupos o cuotas en instancias de representación propias del estado nacional, llámese Parlamento, Consejos Regionales o municipios, es simplemente que a la par de ello apostemos por dar vida a un instrumento sobre el cual podamos ejercer control y soberanía en nuestros territorios. Sin embargo, en un momento especialmente sensible de la dinámica política chilena, el punto de discusión y preocupación es cómo las instancias territoriales y sociales mapuche, y sus líderes, que han confluido en un planteamiento común, no terminan desbandados y envueltos en una ingeniería política indigenista de los partidos concertacionistas, que pudiera darle oxigeno o legitimidad a sus nuevos anuncios (más ahora que se viene la rendición del 21 de mayo y no tienen más conejos que sacar del sobrero), y lo que es peor, hipotecar por unos cuantos años más el fortalecimiento y la posibilidad de ver la luz a propuestas políticas autonomistas como la ya descrita. Experiencias en este sentido ha habido y recientes, sino, recordemos lo que pasó hacia los inicios del año 2000 en momentos en que los grados de articulación social y política del movimiento mapuche en Gulumapu se tornaban cada vez más interesante en su discusión y potente en su expresión política.
Los anuncios -y negociaciones de por medio- del gobierno de turno en base a la creación de una Comisión de Verdad y Nuevo Trato, echó por tierra, o por lo menos «desinfló» el proceso, produciéndose el desbande de organizaciones y líderes muchos de los cuales terminaron como funcionarios o investigadores de centros de estudios o consultoras. La experiencia está ahí. Muchos de los líderes de la COM incluso vieron particularmente de cerca tal proceso. Entonces, hay que tener el especial cuidado de no entramparse en ese «wachi» nuevamente.
¿Otra vez la misma cueca?
La consistencia y logros en materia de unidad que, por momentos, pareciera adquirir el Movimiento Mapuche, ha forzado al Estado y a los administradores del poder a definir nuevas estrategias, recrear las habituales e intentar crear las condiciones dentro del mismo movimiento para que bajo la lógica del gato pardo, pensemos que «todo cambia» cuando todo sigue igual. En esta dinámica ¿Cuál es el tipo de estrategia que elabora el Estado para garantizar la «gobernabilidad sistémica», su «legitimidad institucional» y el compromiso con los grupos empresariales y el capital transnacional?. Al recordar críticamente la historia de nuestra relación con el Estado durante algo más de un siglo y medio, encontramos al menos dos procesos que, con diferente intensidad en determinados periodos, ilustran el contexto en el cual muchas veces nos hemos situado: el garrote y la zanahoria, o en un lenguaje más técnico, la represión y los intentos por cooptar al movimiento mapuche y los principales dirigentes que se presentan como potenciales actores de una supuesta «inestabilidad social» (en la lógica del poder económico y político dominante). La represión durante los gobiernos de la Concertación, se ha expresado a través de la aplicación de la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del Estado, como consecuencia de las demandas territoriales realizadas y la consiguiente judicialización del mal llamado «conflicto mapuche». Como también, a través de la difusión en medios de prensa regional y nacional, de atentados y actitudes terroristas desarrolladas presumiblemente por los mapuche. Últimamente esta estrategia se ha expresado en el reconocimiento público hecho por funcionarios estatales y altos oficiales de carabineros, sobre la militarización de algunas zonas de Gulumapu y el fortalecimiento de la coordinación de las jefaturas policiales de Arauco y Malleco. En cuanto a la cooptación, la estrategia consiste en pavimentar el camino social y político que permita favorecer el accionar del Estado dentro del concierto neoliberal. Entre sus expresiones más concretas se encuentra la creación de instancias «intermediarias» entre el Estado y el Pueblo Mapuche, así como la incorporación de potenciales líderes y dirigentes mapuche a su maquinaria burocrática. A modo de ejemplo, se encuentra la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el Programa Orígenes, y porqué no pensarlo el «Debate Indígena» en el que participaron algunas organizaciones durante el año pasado… En dudar no hay engaño… A través de estas instancias y estrategias, el Estado ha buscado mantener el control centralizado de nuestro Pueblo, haciéndolo funcional a la «gobernabilidad democrática» concebida como «gobernabilidad sistémica». Es decir, aquella que garantiza la continuidad del modelo neoliberal y el equilibrio institucional a través del ejercicio de un «régimen político débilmente democrático y con escasos niveles de participación». Hemos de entender, que el acercamiento que el Estado ha manifestado en el último tiempo hacia los Pueblos Indígenas en general y hacia el Pueblo Mapuche en particular, se enmarca en una democracia atada al modelo económico neoliberal, así como en un régimen político unitario y una «imagen de nación» compartida por toda su clase política… A fin de cuentas… ¡¡todos bailan la misma cueca!!!…
Para reproducir la dominación y el colonialismo en el cual forzadamente nos amarraron, el Estado debe configurar un conjunto de representaciones e instancias compartidas entre su clase política y los mismos mapuche. Representaciones que en un lenguaje diplomático se amparan en el discurso del «consenso». Y esas representaciones y consensos las construye a partir de «supuestas señales» que definen la agenda, los tiempos y los ritmos por los cuales transitar para resolver definitivamente la «deuda histórica». En este juego de intereses debemos ser capaces de estar un paso adelante (sino dos) y hacer lectura crítica a las estrategias y piezas del tablero que mueve el Estado y sus agentes, así como también considerar cuanto de lo que estamos haciendo garantizará futuro, porvenir y Libre Determinación para el Wallmapu. Es decir, pensar cuanto de lo que estamos haciendo y las estrategias y ritmos que estamos siguiendo permiten transformar estructuralmente nuestra condición de Pueblo sometido. En efecto, ¿es estratégicamente apropiado que con menos de tres meses de diferencia, dos referentes del Movimiento Mapuche (la Coordinación de Organizaciones Mapuche y el Consejo de Todas Las Tierras), hayan presentado por separado propuestas de participación política al Estado?, ¿Estaremos transitando en la agenda y los ritmos del indigenismo estatal?. De esta manera, antes de entramparse en el «wachi» de las cuotas, aprobar y embarcarnos en la creación de un Consejo o Parlamento Nacional Indígena, o sacar precozmente de la manga propuestas de participación política en el marco de la relación con el Estado, es preciso abocarnos a garantizar la cohesión social a nivel interno, de manera de enfrentar en mejores condiciones los procesos y objetivos que como Pueblo podamos construir. En esta perspectiva, es conveniente que no se pierdan en el horizonte los caminos necesarios para reconstruir la autonomía, por lo que resulta clave respetar nuestros tiempos, ritmos y por sobre todo, reconstruir aquellas prácticas sociopolíticas (como los Parlamentos o Koyagtun) que en una etapa de nuestra historia (periodo de independencia política mapuche) garantizaron el Küme felen (bienestar) al Wallmapu.
Nuevas o viejas Estrategias.
Entre las reflexiones en que ha incurrido el movimiento a través de sus diferentes expresiones, podemos sacar de la bodega del desuso u olvido algunas ideas que bien hoy podrían ponerse en acción, para ordenar el partido que se está jugando (sea palin , ajedrez o futbol) con el Estado. Entre las aspiraciones de soberanía que se mencionan en el documento que entregó la COM al gobierno, aparece el de los referéndum. Al respecto se dice: Realización de Referéndum vinculante para resolver controversias de interés regional y/o nacional que afecten los intereses de nuestros territorios. Sin embargo, la mención de esa idea en su momento se hizo con pretensiones un poco más «ambiciosas»..
Contamos con el mismo derecho al que otros pueblos del mundo han echado mano, para autoconvocarnos pacíficamente y aclarar a través del sufragio universal secreto e informado qué es lo que verdaderamente queremos. Este acto puede llevar a despejar dos actores en el camino: al estado y a los seudo líderes. Ambos no pueden definir una agenda a nombre de los pueblos indígenas, sin que nosotros no hallamos sido informados ni menos convocados a decidir. Tampoco sin que se les halla entregado ese mandato. Se podrá decir que un referéndum no tiene que ver con procesos propios (tradicionales) de participación y de congregación política, pero mientras se divaga en esto nuestra gente igual va a las urnas a reproducir con su voto el sistema dominante. Este sistema cerrado, excluyente, BINOMINAL, podría tener un talón de Aquiles (o coserse en su propia salsa). La apropiación de la democracia en una de sus esencias, como lo sería un referéndum, podría ayudarnos a ciertos propósitos: por ejemplo, establecer una agenda nacional mapuche. Quizás el paso básico a través de este acto sea sepultar -por voluntad soberana- el marco ideológico jurídico (indigenismo paternalista y asistencialista) que sustenta nuestra relación con el Estado. Adoptando el derecho humano de la autodeterminación como marco regulatorio de la nueva relación. Esto solo sería ponerse a la altura de los tiempos. Para cuando les hablemos de desarrollo no nos arrojen migajas; para cuando les mencionemos modernidad no nos impongan megaproyectos; para cuando exijamos derechos no nos motejen de fundamentalistas; para cuando digamos recuperación no nos lleven a sus tribunales; para cuando construyamos institucionalidad propia y autogobierno no se nos acuse de divisionistas. En fin. Un acto de este tipo (referéndum) también debiera permitirnos elegir/confirmar un liderazgo propio que nutra a un parlamento nacional mapuche, vinculante y con base territorial, como bien ha expuesto la COM y que no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con un consejo de pueblos indígenas de Chile y una política de cuotas. ¿Es imaginable autoconvocarnos para un referéndum en plenos festejos bicentenarios?, ¿Sería realista y legítimo reafirmar nuestra condición de pueblo-nación, por medio de un acto pacífico, democrático y reconocido por la comunidad internacional, mas cuando el gobierno va a reforzar su condición de estado-nación?, ¿Es imposible que en una coyuntura electoral presidencial y parlamentaria (2010) -sin sustraernos a ella si es necesario- estemos votando por representantes para un parlamento nacional mapuche? Por ser una acto que congrega tan sólo a los mapuche y al no existir jurídicamente como pueblo, este hecho político se volvería ilegal desde la óptica del Estado; sin embargo, nuestros aprendizajes nos han hecho diferenciar entre lo legal y lo legítimo.
En un momento político donde no se avanza, si no es por la mediación de entes externos (relator de las naciones unidas; el tribunal de la corte interamericana) quizás este sería la posibilidad de romper el cerco existente al menor costo. Un referéndum no alcanza la cúspide ni se agota en la consumación del acto mismo. Requiere de un despliegue organizado y sistemático -que llevaría unos años- de todos los recursos humanos para hacer creíble este acto y ejecutarlo de la manera más informada, seria, unitaria y nacional posible. Se trataría de hacerlo creíble entre nuestro pueblo y en la comunidad internacional, también en la población chilena, antes que los medios y el gobierno los hinchen de nacionalismo xenofóbico.
Los empoderamientos
Sin embargo, la experiencia nos pisa los talones y nos sacude para señalarnos que no debemos ni podemos apostar a un solo caballo. Si nos quedamos con una estrategia fundamental pero de largo plazo, podemos darle tiempo a las burocracias indígenas para que consigan su anhelo: recibir el reconocimiento desde el poder estado para hacer nuestra representación e interlocución. Es la idea de la figura de «consejero presidencial» que hoy se discute en las convenciones urbanas. Un proceso de centralización de un poder al interior del movimiento indígena que mas que parecerse a nosotros imita, y muy bien, al poder winka. Hablar de un proceso de reconstitución interna no es salirse de la coyuntura, sólo se trata de entender donde está lo fundamental para mantenernos en el largo plazo. Es muy cierto que las condiciones jurídicas pueden jugar a nuestro favor si es que hacemos respetar una agenda política en base al derecho, pero así como el interlocutor Estado no da puntada sin hilo, nosotros debemos preparar el camino para activar todos los escenarios que nos permitan ir desenvolviéndonos en espacios con muchas más ventajas para alcanzar el Küme Felen en una condición de Kizungenewtuwun. Si creemos en la honestidad de nuestros dirigentes, especialmente en aquellos que piensan en un camino de inclusión dentro de las estructuras estado-nacionales a través de una política de cuotas parlamentarias (también en el gobierno regional y local), de «consejería presidencial», y parlamento «indígena» (no territorial ni mapuche); entonces podríamos seguir los abatares que suceden en esas estructuras con una actitud militante, pues nuestros representantes debieran rodearse de un movimiento social que los legitime y controle a la vez.. Pero el camino institucional no es tan sólo esto, desde hace unas elecciones municipales atrás, se viene analizando nuestro comportamiento político en las urnas. Las escasas experiencias de empoderamiento del municipio (como Tirúa) permiten ver este espacio como significativo para una estrategia política de corte electoral. El próximo año (2008) se acerca una nueva coyuntura eleccionaria y se comienza el juego de proyecciones que la mayor parte de las veces son de tipo individual, localista y sectarias. La valoración de esta otra forma de participación hoy se ve incentivada por la creación de un partido ( wallmapuwen ), este y el movimiento deben ser lo suficientemente maduros como para no estorbarse desviando el agua hacia molinos ajenos.
La complementación y la colaboración desde la logística hasta la construcción del programa deben permitirnos acceder a los espacios donde se define y planifica territorialmente; y se decide en donde se invierte. Fey. Felepe may. Separata del Diario La Nación «Debate Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile». marzo de 2007. Es público que la intendencia de la IX región coordina reuniones periódicas con el alto mando de carabineros y otros servicios de inteligencia para atender el denominado conflicto indígena. Es decir, y no puede haber otra demostración más gráfica de lo colonial con que se opera, que existe una institucionalidad funcionando, que dispone de tiempo, medios, logística y encargados que velan nuestros sueños para mantener el orden Separata del Diario La Nación, op.cit Nos referimos a las deliberaciones que hizo la Coordinación de Identidades Territoriales y Organizaciones Mapuche en la serie de Trawün llevados a cabo entre los años 2003 y 2004. A finales de los ochenta surgió el consejo nacional de pueblos indígenas -CNPI- que fue capaz de reunir a distintas organizaciones componentes del movimiento indígena del país, en el periodo en que se estaba negociando los programas con el candidato de la Concertación. Su extinción corrió a la par con el desarrollo de la institucionalidad indigenista (la Cepi). Muchos de sus dirigentes pasaron a conformar la militancia indígena de los partidos políticos chilenos que volvían a la legalidad o fueron cooptados por el nuevo poder.
Como vemos, ejemplos sobran. Esto no es nuevo y el Estado lo sabe muy bien, que muchos lonko en el último periodo de nuestra independencia fueron tentados con galones, charreteras, sables, bastones, actos marciales y sueldos periódicos. La máxima es muy elemental: divide y vencerás. Aún con la poca aproximación que tenemos al tema, nos parece importante destacar aquí la experiencia que se viene realizando en municipios de Santiago, con las llamadas Oficinas de Asuntos Indígenas. Estas demuestran la capacidad y posibilidad que tienen ciertas organizaciones por copar espacios que permiten servir a su gente y potenciar identidad y organización. Si bien algunas de estas están empezando y no se pueden evaluar aún.