El pulso entre el Parlamento y el Gobierno de UPN sube de nivel. La decisión del Ejecutivo de desmantelar el Servicio de Urgencias Rurales (SUR) saltándose la tramitación en la Cámara puede costarle cara. UPN legisló por decreto y, ahora, la mayoría parlamentaria se ha puesto de acuerdo para tumbar ese decreto votando una ley […]
El pulso entre el Parlamento y el Gobierno de UPN sube de nivel. La decisión del Ejecutivo de desmantelar el Servicio de Urgencias Rurales (SUR) saltándose la tramitación en la Cámara puede costarle cara. UPN legisló por decreto y, ahora, la mayoría parlamentaria se ha puesto de acuerdo para tumbar ese decreto votando una ley la semana próxima cuyo contenido presentaron ayer. Lo que está en juego en esta nueva pelea es el puesto de trabajo de 32 médicos y 25 enfermeras, así como el nivel de atención sanitaria que perciben los ciudadanos navarros en las zonas peor comunicadas como, por ejemplo, las comarcas pirenaicas.
Los sindicatos LAB, CCOO, ELA, Afapna, Satse, SMN y UGT vienen denunciando que el decreto gubernamental para reducir la atención sanitaria en los pueblos resultaba una «desatención temeraria». Al fin, esta reivindicación ha tenido su respuesta en el Parlamento, que, por primera vez, tumbará un decreto del Gobierno a través de una nueva ley.
A excepción de los cuatro parlamentarios del PP, toda la oposición (PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai) consensuó un manifiesto difundido ayer en el que explican que el decreto sobre atención sanitaria continuada y urgente hará que «desaparezcan» puntos de atención rural y supone retomar las «guardias localizadas», una fase que se superó en el año 2008.
Lo que se presentó ayer es una proposición de ley, que tendrá que debatirse la semana próxima, mediante la cual se derogará el polémico decreto. Asimismo, darán un plazo de un año al Gobierno para que se replantee un modelo de atención rural que sea capaz de garantizar una atención sanitaria digna a quienes viven lejos de los grandes centros hospitalarios.
Aumenta el desgobierno
Es la primera vez que la mayoría parlamentaria logra un acuerdo para derogar un decreto. Esto supone un salto cualitativo importante y deja a Yolanda Barcina en evidencia. Aunque es cierto que el Parlamento ha aprobado leyes que el Gobierno no ha ejecutado (como el complemento sustitutivo de la paga extra o el mantenimiento de los precios de los fármacos frente al «medicamentazo»), en esta ocasión tiene muy complicado no acatar lo que dicte la Cámara.
En esas otras leyes, UPN se ha agarrado a que existe un conflicto de competencias con el Estado y ha argumentado que sus servicios jurídicos le han recomendado no ejecutar las leyes porque el Tribunal Constitucional las iba a anular. Pero en esta ocasión es diferente: la competencia de organizar el servicio de urgencias es propia de Nafarroa y no hay ningún tercer implicado ni se abre ningún conflicto legal. En principio, Barcina tendrá que ejecutar la ley.
El escenario que se abre ahora es complejo. La partida sanitaria es la más importante para cualquier gobierno porque es la que más recursos consume. Con esta iniciativa, el Parlamento dejará claro que UPN no es capaz de gestionar el área más importante y que la consejera de Salud, Marta Vera, no cuenta con fuerza suficiente como para aplicar su plan para «reorganizar» la asistencia sanitaria.
Es pronto para saber cómo encajará Barcina este contratiempo ya que, en principio, el presupuesto de gasto sanitario ya está consignado en las cuentas prorrogadas de 2013, aunque aún no se ha visto el detalle del gasto partida por partida. En principio, habrá que esperar al debate de la semana próxima para ver cómo reacciona UPN y si opta por una postura conciliadora o por el enfrentamiento. Lo que queda claro es que, si Barcina no puede controlar el principal área del Gobierno, su posición será más débil que nunca.
Indignación en la cocina del hospital y miedo en San Juan de Dios
Bajo el manto de los recortes generalizados que se han esbozado para este año en el departamento, los conflictos laborales dentro del Sistema Navarro de Salud se agravan. Las cocinas del Complejo Hospitalario de Nafarroa fueron privatizadas el pasado año y la nueva empresa adjudicataria está faltando a su compromiso con el Gobierno de recolocar a 89 de los antiguos trabajadores.
Ayer, la plantilla de las cocinas afirmó que Mediterránea de Cátering solo ha entrevistado a unos pocos trabajadores y que el proceso de selección no ha sido publicado, tal y como se había comprometido a realizar. Además, las únicas ofertas de trabajo que ha ofrecido han sido contratos de seis meses, pero para poder acceder a ellos exigía a los trabajadores el «cese inmediato y voluntario del contrato vigente», según denunció ayer el personal. Los afectados explicaron que renunciar al contrato supone renunciar al derecho al paro, para luego no tener ninguna garantía de continuidad en Mediterránea de Cátering, empresa que ha sido vinculada al PP valenciano.
Por otro lado, los trabajadores del Hospital San Juan de Dios, que tendrá un 25% menos de pacientes en quirófano este año, continúan con sus protestas. Después de encerrarse en la iglesia de San Lorenzo, han convocado una manifestación para el sábado, a las 18.00, que partirá del hospital y terminará frente al Parlamento. El comité de empresa denuncia que todos los que no sean intervenidos en San Juan de Dios acabarán en las listas de espera, puesto que Osasunbidea no tiene, a día de hoy, capacidad para operarlos en otro centro.