El Partido Comunista Colombia, integrante del Frente Social y Político, saluda la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible el acto legislativo que estableció la base del Estatuto Antiterrorista y con él la ley estatutaria que reglamentaba el conjunto de medidas represivas y restrictivas de las libertades públicas fundamentales. El estatuto, pieza clave de […]
El Partido Comunista Colombia, integrante del Frente Social y Político, saluda la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible el acto legislativo que estableció la base del Estatuto Antiterrorista y con él la ley estatutaria que reglamentaba el conjunto de medidas represivas y restrictivas de las libertades públicas fundamentales.
El estatuto, pieza clave de la política de la seguridad democrática de Uribe, era un mecanismo de represión y criminalización de la protesta social y la oposición política. A la vez, un medio para la impunidad que otorgaba funciones de policía judicial a las fuerzas armadas. La mayoría parlamentaria uribista-bipartidista había impuesto un estado de excepción de hecho, por cuatro años, mediante una modificación de la Constitución que vulneraba el núcleo central de las libertades individuales. La Corte declaró la inexequibilidad por vicios de forma y se abstuvo de decidir sobre el fondo de la maniobra liberticida.
En todo caso es un éxito de la lucha democrática y popular. Movilizaciones de masas, foros, debates, encuentros de víctimas de la represión y la violencia; la protesta de las organizaciones obreras; los pronunciamientos de las Naciones Unidas, de organismos humanitarios, de los movimientos de derechos humanos, de las organizaciones en lucha por la paz, en Colombia y el exterior; las denuncias y las demandas de los congresistas del Frente Social y Político; las posiciones del PDI, AD y la izquierda liberal; fueron clara expresión de resistencia y rechazo contra el estatuto liberticida. Hay que hacer un reconocimiento de la Corte en el enfrentamiento con la política de seguridad democrática que ha incrementado la militarización del país, la violación en masa de los derechos de miles de personas allanadas, detenida! s y atropelladas injustamente, bajo el señalamiento de informantes y cooperantes de los servicios de inteligencia. El gobierno prepara nuevas medidas, incluidas las que buscan restarle competencia a la Corte Constitución y al derecho de tutela.
Es un rechazo al Estado policíaco que pretende imponer Uribe. Por eso, la lucha no culmina con la caída del estatuto. Deben cesar los arrestos masivos, la elaboración de listas de dirigentes obreros, opositores políticos y parlamentarios de izquierda, deben desmantelarse las redes de informantes, pagados con dineros públicos, que actúan contra los ciudadanos.
El PCC llama a todos los sectores populares y democráticos a permanecer alerta, respaldar las denuncias, expresar su solidaridad y apoyo a las víctimas de los atropellos. Invita a la movilización popular contra la reelección del 16 de septiembre, en todo el país.
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
Integrante del FRENTE SOCIAL Y POLÍTICO
Bogotá, agosto 31 de 2004