El Presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, entregó su opinión sobre la puesta en marcha de la ley 20.417, que genera una nueva institucionalidad medioambiental, creando el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. El parlamentario integrante de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara […]
El Presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, entregó su opinión sobre la puesta en marcha de la ley 20.417, que genera una nueva institucionalidad medioambiental, creando el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente.
El parlamentario integrante de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara señaló: «es un avance, se crea un ministerio, hay toda una reforma a las normas que existían y se avanza hacia un mayor control de los proyectos que se presentan, incluso está pendiente todavía la creación de un tribunal medio ambiental y se siguen discutiendo una serie de normas como, por ejemplo, las que se van a aplicar a las termoeléctricas que son normas que no van a estar hasta comienzos del próximo año.»
«Todo esto, siendo importante no soluciona o no va a solucionar el problema de fondo que es evitar que se siga contaminando y que sigamos afectando la atmósfera y el conjunto del medio ambiente, que sigamos contribuyendo al calentamiento global, porque la matriz energética hoy está basada en el desarrollo hacia adelante, fundamentalmente, en la instalación de centrales termoeléctricas que indudablemente contaminan por más rigurosas que sean las normas que se planteen», sentenció el parlamentario.
Teillier, agregó que «debiera legislarse para que Chile se orientara mucho más decididamente al uso de energía renovable que eso es lo que creo debería estar en las bases de cualquier nueva institucionalidad ambiental. El otro aspecto que es muy débil es la consulta a la ciudadanía, que si bien es cierto está planteada en el proyecto y fue aprobada, no es vinculante, es decir, sólo va a tener el valor en la medida que las respuestas que den las organizaciones sociales tengan la fuerza de una comunidad y nada más, porque la verdad es que el gobierno no está obligado a escuchar a la ciudadanía».
Precisó que «se podrá hacer la consulta de acuerdo a las normas, se podrá escuchar, pero después van a terminar seguramente los entes estatales, técnicos y políticos de acuerdo con las empresas. Donde debiera haber más rigurosidad todavía en cuanto a la consulta es en relación con los pueblos originarios, porque por sobre cualquier otra ley está la ley indígena y la aplicación del artículo 169 y creo que respecto de eso, todavía falta normar más estrictamente esa parte de todo el sistema, porque no se está llevando a cabo con la rigurosidad que debiese hacerse», concluyó el diputado Teillier.