La crisis económica y financiera en curso afecta al conjunto de la economía mundial. La idea del «blindaje» es errónea, ya que ningún país del mundo esta ajeno a sus alcances. Es conocido que su origen estuvo en la desenfrenada especulación de bancos y operadores que contaminaron todo el sistema, introduciendo derivados fraudulentos en todas […]
La crisis económica y financiera en curso afecta al conjunto de la economía mundial. La idea del «blindaje» es errónea, ya que ningún país del mundo esta ajeno a sus alcances. Es conocido que su origen estuvo en la desenfrenada especulación de bancos y operadores que contaminaron todo el sistema, introduciendo derivados fraudulentos en todas las bolsas del mundo.
Es fundamental tener presente que la crisis esta en pleno desarrollo y que sus efectos no son aún dimensionables: es imposible prever la magnitud que adoptará la recesión o si se llegará a una depresión de mayor envergadura. De hecho el panorama económico mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya redujo su estimación de crecimiento global en el 2009 a un 3%. Dichas proyecciones contemplan un crecimiento casi nulo de los países centrales (EEUU y Unión Europea) y supone un crecimiento de poco más del 3% para América Latina y de 5,5% de los países emergentes. Paul Krugman, reciente Premio Nobel, ha dicho hace 10 días que «todo apunta a un receso económico que será desagradable, brutal y largo».
Está en curso una importante caída en los precios de las materias primas, y en el caso de nuestro país, es alarmante el descenso de los precios de principales productos primarios de exportación, en especial, el cobre. A esto se agrega severas restricciones de acceso al crédito tanto a nivel internacional como nacional, y se debe tener presente que Chile junto a Brasil, son los dos países de América Latina más dependientes del crédito externo.
El gobierno plantea que Chile posee fortalezas para resistir los efectos de la crisis y que sus alcances en nuestro país estarían acotados. El Ministerio de Hacienda hace insistente mención a aspectos como la baja deuda pública (que ignora la inmensa deuda privada), los altos activos del país en el exterior (bonos soberanos y recursos AFP), la existencia de un tipo de cambio real, el manejo fiscal responsable y otros. Es efectivo que la situación nacional es menos riesgosa que la existente en otros países latinoamericanos. No obstante, lo esencial es como serán empleados estas ventajas y, en particular, los recursos a los cuales se hace mención.
Las medidas que se adopten deben poner en el centro los intereses de las grandes mayorías, en especial, los trabajadores y los sectores medios. Hasta ahora las iniciativas del gobierno se orientan a garantizar la situación de los bancos privados y a establecer nuevas ventajas para eventuales inversionistas extranjeros, a los que se exime de pagar impuestos por las ganancias de capital. Se actúa en base al denominado «manejo responsable» de las finanzas publicas, que de hecho significa la elaboración de un presupuesto contra-activo, formulado antes del desencadenamiento de la crisis, y que por ello no se corresponde a las necesidades que demanda la nueva situación.
Para enfrentar esta situación de crisis proponemos:
1.- Mantener el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y desarrollar políticas que incrementen la participación de sueldos y salarios en el PIB.
El gran empresariado pretende descargar todo el peso de la crisis sobre los trabajadores, anunciando una inminente caída en los salarios reales y alta tasa de despidos. En este sentido, resultará fundamental la señal que envíe el gobierno, quién debe -sin dilaciones- responder positivamente la demanda de reajuste de un 14,5%, que han formulado los trabajadores del sector público para el año 2009.
2.- El Presupuesto 2009 debe ser reformulado para contrarrestar decisivamente los efectos de la crisis.
Se requiere un presupuesto nacional expansivo, que opere efectivamente como un factor contracíclico, y que considere:
– Reducir la cesantía. Se requiere un aumento de la inversión pública en materia de obras de infraestructura (educación, salud, equipamiento comunitario, regadío), en planes especiales de viviendas sociales, entre otros.
– Doblar los recursos destinados a capital de trabajo para las PYMES (U$400 millones), y asegurar que dichos dineros sean entregados directamente por el Banco Estado. Rediseñar el rol de la CORFO para la promoción de emprendimientos productivos en el sector.
– Plan especial de soberanía alimentaria, que apoye el desarrollo de la pequeña y mediana producción agrícola. Campañas de promoción de la alimentación saludable y barata, a través de ferias libres y comercio detallista.
3.- Rebaja en la tasa de interés.
El Banco Central ha decidido mantener la tasa de interés en un 8,25%. Tales niveles se fundaron en evaluaciones erróneas de la situación mundial. Combatir la inflación es una necesidad pero hay otros recursos para contenerla. Hoy lo central es generar crecimiento en base a una política crediticia adecuada, que se hace impracticable con esas tasas de interés.
4.- Mayores regulaciones al capital financiero.
Se hace urgente entregar atribuciones inmediatas al Banco Central para cuidar las reservas, controlar el alza excesiva del dólar, impedir la fuga de capitales al exterior y evitar el ingreso de capitales golondrinas.
5.- Impulsar un Plan especial de expansión de Codelco.
Es fundamental defender a Codelco como empresa del estado e impedir su privatización. Hay que actuar para evitar la caída del precio del cobre y regular su venta de acuerdo al mercado. Proponemos implementar de inmediato el proyecto que tiene elaborado la minera estatal para la refinación de cobre que se exporta como concentrado por empresas transnacionales Mejillones que fue paralizado hace años. Existe además otro proyecto para refinar los concentrados en la provincia del Choapa.
6.- La Defensa del Patrimonio previsional de los trabajadores.
Estudiar medidas que compensen la desvalorización de los fondos previsionales, que desde el inicio de la crisis han perdido más de un 27%. La responsabilidad de las AFP y el estado deben ser asumidas.
Adoptar medidas inmediatas para asegurar el retorno ordenado de los fondos invertidos en el exterior (U$ 33.783.832), y su inversión -con intervención del estado y de representación de los cotizantes- en proyectos rentables en el país que garanticen pensiones dignas. La catástrofe ocurrida obliga a un profundo rediseño del sistema previsional chileno. Un primer paso es la instalación de una AFP estatal a la que los trabajadores puedan integrarse de modo expedito y gratuito. Debe considerarse un nuevo diseño que garantice una pensión que alcance una tasa mínima de reemplazo de 70%.
7.- Un nuevo proyecto de desarrollo nacional.
Por último, queremos señalar que esta crisis nos obliga a generar un gran debate nacional con respecto a la estrategia de desarrollo del país. Consideramos oportuno poner en marcha un proyecto de Desarrollo Nacional con un fuerte aporte del estado. Un paso inmediato es el empleo de los recursos disponibles en bonos soberanos (U$21 mil millones), para inversiones productivas lo que demanda eliminar la limitación constitucional para la existencia de empresas productivas estatales. Esos fondos podrán ser también empleados en empresas privadas o mixtas.
Dicho plan de desarrollo debe considerar, entre otros puntos, un cambio en la matriz energética, la formación de una sólida base científica y tecnológica para la incorporación de valor agregado a nuestros recursos naturales. Una inserción de Chile en los procesos de integración en curso en la región, coordinando nuestros intercambios de acuerdo a las características productivas de cada país y garantizando un desarrollo equilibrado de todos. En este sentido no debe dilatarse nuestra incorporación al Banco del Sur, y el gobierno debe promover la redefinición de la CEPAL y otros organismos que potencien el desarrollo y la integración.