Si bien la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de legislar sobre la despenalización del aborto, a propósito del proyecto de ley presentado por los diputados Marco Enríquez-Ominami (PS) y René Alinco (PPD), el tema sigue y seguirá latente. El 18 enero, la Cámara acogió otro proyecto de ley para reponer el aborto terapéutico -presentado […]
Si bien la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de legislar sobre la despenalización del aborto, a propósito del proyecto de ley presentado por los diputados Marco Enríquez-Ominami (PS) y René Alinco (PPD), el tema sigue y seguirá latente. El 18 enero, la Cámara acogió otro proyecto de ley para reponer el aborto terapéutico -presentado por los mismos parlamentarios, junto a otros cuatro del PS, PPD y PRSD-. Chile tiene una de las estimaciones de abortos más altas de América Latina y es uno de los pocos países del mundo donde éste no sólo es prohibido en cualquier circunstancia, sino también castigado con penas de cárcel tanto para quien lo ejecuta como para las mujeres que se someten al procedimiento abortivo.
El escándalo que este tema provoca en el mundo político, donde sectores de la Concertación se unen al rechazo visceral que siempre ha generado en la derecha -mientras la Iglesia Católica anuncia las penas del infierno-, no guarda relación con el sentimiento mayoritario de la población. En una encuesta reciente, «Mujer y Política 2006», realizada por Corporación Humanas y el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, el 75 por ciento de los consultados está de acuerdo con el aborto si se trata de salvar la vida de la madre, el 71 por ciento si hubo violación y el 68 por ciento lo aprueba cuando el feto tiene una malformación grave. Además, el 74 por ciento considera que la mujer es la que debe decidir cuándo y cuántos hijos tener. El derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo es la base de la argumentación a favor de la legalización del aborto, como también la necesidad de garantizar condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas a las aproximadamente 160 mil chilenas que cada año se someten a abortos clandestinos. Esta estimación corresponde a un estudio que se hizo en 1994 con mujeres que llegan a los hospitales por complicaciones derivadas de abortos efectuados en forma clandestina. Por lo tanto, la cifra real debe ser mucho mayor. Lo que sí se sabe con certeza es que cerca de un tercio de las muertes maternas ocurren por esta causa.
Es sorprendente que esas muertes no tengan ningún valor para la Conferencia Episcopal de Chile, cuando enarbolando el derecho a la vida, califica de inconstitucionales las normas sobre regulación de la fertilidad por autorizar la entrega en los servicios de salud de la «píldora del día después», e insiste en que es abortiva a pesar que ya se demostró lo contrario. Ese, y otros métodos anticonceptivos, contribuyen a prevenir embarazos no deseados que muchas veces terminan en abortos provocados, con graves consecuencias para la vida y la salud física y mental de mujeres de todas las edades. Nuevamente, con su habitual autoritarismo patriarcal, la jerarquía eclesiástica niega a las mujeres y jóvenes de este país el derecho a decidir.
DERECHOS HUMANOS
Al cuestionar la decisión de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de despenalización del aborto, la Corporación Humanas, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, el Colegio de Matronas de Chile y el Foro Salud por los Derechos Sexuales y Reproductivos declararon que «los legisladores no pueden anteponer sus creencias personales por sobre el resto de las personas, más aún cuando se trata de un tema que tiene relación con la salud pública, la justicia social y los derechos humanos de las mujeres».
En esa oportunidad, la abogada Patsilí Toledo recordó que diversos tratados internacionales de derechos humanos admiten que los Estados regulen el aborto en sus legislaciones internas, no sólo como una disposición relativa a la persona que está por nacer, sino más bien para garantizar el derecho a la vida y la integridad física y síquica de las mujeres que recurren a abortos clandestinos. Agregó que desde 1999 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha manifestado su preocupación porque en Chile se siga penalizando toda forma de aborto. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también ratificó hace dos años la recomendación de que en nuestro país se debía legislar sobre el aborto terapéutico en caso de violación. Además, en agosto del año pasado, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reiteró al Estado chileno que revise la prohibición total del aborto que se encuentra vigente a partir de 1989. Uno de los decretos leyes «de última hora» de Pinochet derogó el aborto terapéutico que existía en Chile desde 1939.
Para Adriana Gómez, de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, y directora de la revista Mujer Salud, «el proyecto para despenalizar el aborto de los llamados ‘diputados díscolos’ es muy progresista desde el punto de vista de lo que nosotras defendemos, porque reconoce el derecho y la absoluta soberanía de las mujeres a decidir en las 12 primeras semanas de la gestación si continúa o no con el embarazo, sin ninguna causa específica. Y después de las 12 primeras semanas, por causales relativas a riesgos de vida y salud de la madre, a malformaciones del feto incompatibles con la vida y en caso de violación». ¿Qué quiere decir «ninguna causa específica»? «En las mujeres que abortan se encuentran miles de razones. Y todas son profundamente humanas. Van desde los casos extremos ya mencionados, la niña que es forzada por su pololo a tener sexo mediante alguna forma de chantaje, la mujer que es violada en el ámbito conyugal, la falla del método anticonceptivo que está usando, la ignorancia o la falta de acceso a métodos anticonceptivos -en algunas zonas rurales, por ejemplo- hasta un sinnúmero de otras razones personales perfectamente legítimas».
En este tema parece decisiva la oposición de la Iglesia Católica.
«No es sólo la Iglesia Católica. Otras confesiones religiosas también tienen una postura contraria. Y están todos los aliados naturales de las iglesias. Los grupos fundamentalistas ‘pro vida’ acogen a mujeres embarazadas y las convencen para que no aborten, hacen todo lo posible para que tengan a sus hijos o los den en adopción. No digo que eso sea malo, lo que rechazo es que se ponga en duda la decisión de una mujer que opta por abortar. Si lo decide con conciencia y autonomía, y con la dignidad que le da el hecho de ser sujeto, no debe ser sometida a un lavado de cerebro para que cambie de opinión, que es lo que hacen esas instituciones. Corresponde proporcionarle consejería, apoyo sicológico y de asistencia social, como se hace en los países donde el aborto es legal: se le presentan todas las opciones, pero respetando su autonomía para decidir. Pero además de estos grupos está la parte política. En Chile hay una gran cantidad de partidos confesionales». De hecho, la DC amenazó con salirse de la Concertación, y parlamentarios radicales y del PPD votaron por no legislar. «Creo que los ‘diputados díscolos’ son rebeldes con causa. Están tratando de abrir el debate en un Congreso anquilosado. Que el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal (PPD), se haya puesto a hablar de que el proyecto era inconstitucional… ¡no es así! Lo más probable es que el proyecto hubiera sido rechazado, pero al menos debería haberse debatido. Y eso fue lo que se prohibió». ¿Le llama la atención que haya más parlamentarios hombres que mujeres detrás de proyectos sobre el aborto? «De las pocas mujeres presentes en el Parlamento, son menos aún las que han tomado iniciativas de este tipo. Nosotras estamos particularmente molestas con María Antonieta Saa. Recuerdo que en un seminario internacional que se hizo hace unos meses sobre la relación entre mujeres y política, la diputada Saa nos dijo que nosotras, como movimiento de mujeres, no habíamos tenido la fuerza necesaria para acompañar a las parlamentarias en este tema. Sin embargo, cuando se votó la admisibilidad del proyecto de ley para despenalizar el aborto, ella ni siquiera entró a la sala». Un grupo de senadores de derecha -y un democratacristiano- aprobó un acuerdo que emplaza a la presidenta Michelle Bachelet a pronunciarse contra el aborto. «La presidenta ha dicho claramente que el aborto no está dentro del programa de su gobierno. Creo que hay varias personas que tienen una actitud abierta en el gobierno, pero en el plano personal. ¡Es que en términos políticos este tema tiene un costo enorme! Para el gobierno es más importante que se legisle sobre previsión social, creación de guarderías infantiles para que más mujeres puedan trabajar, o la ley de cuotas, o mayor acceso de la mujer a la educación superior. Sin embargo, si consideran que todo eso se traduce en acceso de las mujeres al mundo de la modernidad y al desarrollo, no estoy de acuerdo. Si una mujer tiene todas esas cosas solucionadas, pero no puede solucionar sus problemas en su ámbito corporal, es lo mismo que nada. Y no se trata de promover el aborto. Ninguna mujer quiere pasar por eso. No conozco a ninguna -y conozco a varias de diversas edades y condición social- que celebre haber abortado, independientemente de que muchas no se cuestionan ni han quedado con sentimientos de culpa. Es evidente que lo que se requiere, en primer lugar, es la prevención. Y ahí también hay grandes falencias».
ABORTO TERAPEUTICO
En vísperas de la pasada Navidad fue el senador Nelson Avila quien volvió a la carga. El 21 de diciembre presentó una moción para legislar sobre aborto terapéutico. El proyecto plantea despenalizar el aborto en los casos en que exista peligro para la salud y la vida de la madre, cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida y si el embarazo proviene de una violación. Pero lo más inesperado ocurrió el pasado 18 de enero cuando la Cámara de Diputados declaró admisible un proyecto similar con el que volvieron a la carga los diputados «díscolos». Claro que tuvieron que eliminar la causal de violación -lo cual no es un detalle menor- para lograr ese primer paso que, sin ser pesimistas, puede ser también el último. El PDC no ocultó su indignación y los parlamentarios de la derecha anunciaron poner nuevamente en tela de juicio este nuevo proyecto con el argumento de que sería «inconstitucional». Por su parte, Adriana Gómez señala que tanto o más importantes que estas iniciativas de destino incierto es darle un reimpulso al proyecto de ley marco sobre derechos sexuales y reproductivos, en cuya gestación participaron organizaciones ciudadanas especializadas en estas materias. Sin embargo, ese proyecto está estancado en el Congreso desde el año 2000. «No se refiere específicamente al aborto, pero instala temas que tarde o temprano van a hacer pensar en esa posibilidad. Son temas de fondo que constituyen un reconocimiento del derecho de las mujeres y hombres a decidir», dice. Uno de los objetivos de ese proyecto de ley marco es establecer las bases normativas para que el Estado asuma su responsabilidad en el compromiso -adquirido por Chile en acuerdos internacionales e incorporados a la legislación nacional- de respetar, garantizar y promover los derechos sexuales y reproductivos, entendiendo que son parte de los derechos humanos. Entre otros, se reconocen los derechos a ejercer la sexualidad con independencia de la reproducción, y la libertad para elegir con quién compartir la vida sexual; la autonomía y control corporal y el derecho a no ser sometido a abuso, tortura, mutilación o violencia sexual. Y también, a tomar decisiones en forma libre, informada y responsable si se desea o no tener hijos, el número de ellos y su espaciamiento.
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Testimonio: «Me sentía culpable»
Ella dice que nunca lo ha superado, a pesar que ya era una mujer cuando pasó por la experiencia de un aborto. Fue en el año 2000. Mariela tenía 32 años, era soltera, trabajaba y vivía sola en una ciudad cercana a Santiago. Salía con un antiguo amigo y se fue desarrollando una relación afectiva sin compromiso explícito. Lo que menos pensaba era tener un hijo. Cuando supo que estaba embarazada, fue un remezón inesperado. «Sentí que se me venía el mundo encima. Esa misma noche se lo fui a decir. Y me dijo ‘si hubiéramos tenido una relación de verdad, yo habría aperrado’. En ningún momento me dijo ‘házte esto’, pero yo lo vi como única solución. Me dejó sola.
Anduve como una semana desesperada, angustiada. Ahora, con el tiempo, pienso que no era ningún problema haber tenido ese hijo, pero en ese momento no lo veía así. Se me venía a la mente lo que iba a pensar la gente y era tan ignorante que ni siquiera sabía que existía el fuero maternal. Pensé que me echarían del trabajo». También le preocupaba la reacción de sus padres, de su familia. De hecho, no les contó. Estaba sola.
«Una amiga me dio el nombre de una paramédico de un hospital que trabajaba con un doctor. Tiempo después cayeron presos, pero entiendo que ya no están detenidos. Yo la contacté y fijamos una cita en Santiago. Me acuerdo que nos juntamos en avenida Quilín con Grecia. Me dijo que el aborto costaba 500 mil pesos y me fijó un día. Tenía que estar a las cinco de la madrugada en cierto lugar, donde me iba a estar esperando otra persona, que me describió. Debía ir sola. Yo tenía algunos ahorros para postular a una vivienda. De ahí saqué la plata. Fui al lugar, me encontré con la persona indicada, que era una enfermera, tomamos una micro y no habíamos recorrido más de diez cuadras cuando nos bajamos. Entramos en una villa muy linda y anduvimos por unos pasajes hasta que llegamos a una casa bastante elegante. Adentro había un señor leyendo el diario, era el doctor. Pero no lo vi más de cinco minutos, porque entró a un baño a cambiarse ropa. Yo pagué y me llevaron a una pieza que estaba ambientada como sala de operaciones pero con lo mínimo. Me preguntaron si era alérgica a algún medicamento y me pusieron un suero. Me dormí y después desperté en la misma pieza, pero la habían transformado en una habitación común. Eso fue. Me recetaron hartos antibióticos y analgésicos, y que me fuera y no lo comentara con nadie».
Dos o tres días después le comenzó una hemorragia, sentía dolor y estaba muy decaída. Llamó por teléfono al único contacto que tenía, y le dijeron que era normal. Entonces, fue a ver a un médico por su Isapre. «Me examinó, y no sé si se hizo el tonto o no se dio cuenta, pero me dijo que había tenido una pérdida y que era necesario hacer una limpieza urgente, porque tenía una infección y me podía morir. Me citó para las 5 de la tarde de ese mismo día en la Clínica Vitacura. Lamentablemente él trabajaba ahí, donde es muy caro. Llamé a mi ‘amigo’ pero no podía ir. Nunca se hizo responsable y me dejó sola. Era actor y en esa época actuaba en el programa ‘Cachureos’. Me parecía paradójico que trabajara en un programa con niños y para niños, donde se habla de valores, y en un canal católico. El no tuvo la menor preocupación, no supe más de él».
Mariela se recuperó físicamente. Pero la atormentaban los sentimientos de culpa. Poco después cayó en una profunda depresión que le significó ser internada en un hospital. Había gastado todos sus ahorros para la vivienda y nunca pudo volver a juntar esa cantidad de dinero. «Yo soy creyente y sentía que Dios me estaba castigando, porque de ahí para adelante muchas cosas me empezaron a salir mal. Me sentía culpable, mala persona. Mi familia lo supo cuando estuve en la clínica, y me lo reprocharon. Parece que en otros países es distinto, pero aquí es pecado. En ese momento no estaba preparada para tener un hijo, pero si una lo cuenta es mal mirada, como si fuera una afrenta o una mujer de mala vida. Y se considera que la responsabilidad es sólo de la mujer». En esa época ella no usaba método anticonceptivo. «No tenía una relación de pareja estable y no soy de esas personas que van a fiestas y se terminan acostando. Así que no lo sentía necesario. Y lo que pasó fue sin planificación, inesperado. No nos cuidamos, ninguno de los dos».
Tiempo después encontró una pareja y luego de un largo tratamiento logró quedar embarazada. Actualmente su hija tiene 4 años. «Siento que ella fue el perdón de Dios», dice. Y reflexiona: «Pienso que se debería dictar una ley sobre aborto. Mientras no lastime a los demás, una es dueña de hacer su vida lo mejor posible, y es dueña de su cuerpo. Pero no encuentro lógico que las personas que hacen las leyes sean hombres. En este país la que lleva el peso de los hijos, casada o no, es la mujer. Una siempre tiene más que perder, y no lo encuentro justo. Al final, una asume culpas que no debiera, el hombre dice ‘por qué no te cuidaste, este no era el momento’. Se condena a la mujer que aborta. Nunca se ha definido cuándo empieza la vida. En eso hay mucho que hilar, y muy fino, y ni los científicos pueden hacerlo. Por eso no se ponen de acuerdo»