El sistema se inunda de casos de corrupción que despedazan la política, la evasión de capitales se convierte en práctica habitual de saqueo de lo público y las mafias organizadas para delinquir encuentran autopistas de entrada y salida para sus actividades. En medio de este caótico escenario , quienes se encargan de dirigir el Estado […]
El sistema se inunda de casos de corrupción que despedazan la política, la evasión de capitales se convierte en práctica habitual de saqueo de lo público y las mafias organizadas para delinquir encuentran autopistas de entrada y salida para sus actividades. En medio de este caótico escenario , quienes se encargan de dirigir el Estado identifican que uno de los colectivos a los que hay que hacer una mayor vigilancia policial es, atención: las personas consumidoras de cannabis.
Todo esto ocurre a pesar de que en octubre pasado, de forma democrática, la oposición aprobó una ley del Parlamento de Navarra que respaldó a estas personas. La Ley Foral 24/2014, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra, no legalizó el cannabis, no nos confundamos. Esta ley se limitó a regular los locales de las Asociaciones, los llamados Clubes Sociales de Cannabis, a quienes se requirió que cumplieran una serie de condiciones, y que se incribieran en el registro de asociaciones.
En la capital de este curioso Estado, que cada día se parece más a una película de Berlanga, no gusta nada que una Comunidad Autónoma legisle por libre. O se pide permiso primero a jefatura, o la democracia no nos sirve. Y esto es lo que hizo el gobierno de Mariano y Soraya, que recurrieron inmediatamente la ley ante el Tribunal Constitucional. Ocho meses después, la Policía Nacional ha sido enviada a multar a quienes acuden a los Clubes Cannábicos de la capital Navarra. Estas personas multadas, todas asociadas y registradas con sus datos en los clubes (nadie que no se haya inscrito previamente puede acceder a los locales), son asaltadas cuando entran en sus vehículos rumbo a sus respectivas casas. Con cualquier excusa, ponen la sirena en el techo y las hacen parar en el arcén para multarlas por posesión de cannabis en vía pública.
La persecución en la calle es su única arma, pues desde judicatura no han autorizado ningún registro policial a ninguno de los clubes de consumo de cannabis; pues no se interpreta que se esté cometiendo delito. Así, el poder judicial se sitúa en la misma línea que el poder legislativo de Navarra. No debemos olvidar que los partidos que votaron a favor de la ley 24/2014 son quienes hoy gobiernan o apoyan el Gobierno de Navarra. Ambos poderes, legislativo y judicial, defienden a quienes quieren disponer para el autoconsumo de esta sustancia de forma regulada, sea con uso recreativo o terapéutico. Es únicamente el poder ejecutivo de Madrid, con su peculiar forma de discriminar los delitos, quien envía a su policía para convertir en delincuentes a personas inocentes.
No es serio un Estado donde ladrones de guante blanco que desvían fondos a paraísos fiscales se convierten en ministros, o donde dejar a miles de familias sin vivienda es recompensado con una recepción Real. No es serio que en ese mismo Estado, las personas que de forma transparente, registrada, documentada, llevan a su casa una pequeña cantidad de cannabis para su autoconsumo sean tratadas como bandidas.
Cometer delitos es otra cosa. Aunque quizás, por tener a los piratas tan cerca, resulte difícil ni siquiera verlos.
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