El plan de acabar con el hacinamiento en las cárceles colombianas va andando, y no les es necesario pasar por ese engorroso trámite legislativo, ni discusiones constitucionales o de tratados internacionales de derechos humanos, ni nada de eso.
Es ahora un hecho la pena de muerte en Colombia.
No era suficiente violar sistemáticamente los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad a lo largo del tiempo, ni negar el acceso a los mínimos vitales de la misma manera que se niega el acceso a la justicia, no es suficiente convertir las cárceles en estas terribles bodegas de almacenamiento de pobres y “despreciables”: la meta del Gobierno es aniquilarnos.
La solución que encontraron fue sencilla, aprovechar una pandemia letal, incrustarla en una prisión y desde allí propagarla a nivel nacional, y con el alto e inhumano nivel de hacinamiento, desencadenar una ola incontrolable de contagios. Al mismo tiempo hacer mucha propaganda en los medios, y todo el teatro para elaborar un decreto que pretende sacar gente de las cárceles exceptuando a los privados de la libertad.
El alcance de este decreto es un chiste pues en 20 días han salido menos de 300 personas. Y mientras tanto se siguen negando los beneficios de ley para que nadie salga de prisión.
La estocada final es el tratamiento que se le da a los contagiados: aislarlos en celdas de castigo y quien se atreva a pedir la más mínima atención médica le llueven palos por todo su cuerpo, y para los que protesten por esta nefasta situación siempre están disponibles las balas, porque un pobre desarmado siempre será un blanco legítimo y fácil.
Las opciones que desde el gobierno se proponen son: morimos lenta y calladamente a causa del virus, o fulminantemente mediante masacres, es de esta manera que se entiende la injustificada demora del Ministerio de Justicia y de Derecho y de la Presidencia para cumplir con sus obligaciones y hacer lo necesario para proteger la vida y la integridad de la población carcelaria. Con la demora buscan alimentar el pánico y el desespero de las y los presos. Parece que el Gobierno alentará múltiples motines a lo largo y ancho de las cárceles para justificar el asesinar presos.
De ahí que la emergencia carcelaria sólo haya servido para militarizar (y de paso aprovechar para hacer un contrato millonario de carpas medicalizadas que hasta la fecha no se han visto, nada raro, otro caso de corrupción en medio de esta pandemia) y por la vía militar dar solución al problema estructural de las cárceles del país.
Ante este panorama las personas privadas de la libertad, nuestras familias, allegados y quienes tienen una perspectiva humanista decidimos defender los principios constitucionales, los derechos fundamentales y nuestras vidas mediante actos de desobediencia y protestas pacíficas, puesto que el Estado criminal e inconstitucionalmente no cumple con sus mínimas obligaciones y no solo no garantiza nuestros derechos sino que los violan cotidianamente.
Para superar esta crisis el camino que se tiene que recorrer es el de la Excarcelación Humanitaria, el de rebajas de pena generalizadas, sustitución de medidas de aseguramiento para sindicados (quienes legalmente son inocentes) y el uso de todos los recursos ordinarios de ley que sirvan a este propósito. Esta es la única vía para poder evitar un genocidio al interior de las prisiones.
Urge continuar la Mesa de Concertación con el Ministerio de Justicia, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el INPEC y los PPL.